Hay cifras que no admiten metáfora, porque en su desnudez contienen ya todo el drama, y saber que más de 1.500 menores están hoy en riesgo de sufrir violencia vicaria en España no es un dato, sino una advertencia que interpela a la conciencia colectiva.
El último boletín del sistema VioGén sitúa en 1.512 los menores expuestos a una forma de violencia que no busca solo dañar, sino devastar, extender el castigo más allá de la mujer hasta aquello que más la sostiene, sus hijos. Tres de esos casos se consideran de riesgo extremo, 124 de riesgo alto y más de un millar permanecen en ese territorio ambiguo que se denomina riesgo medio, donde el peligro no estalla, pero tampoco desaparece.
La estadística, sin embargo, no se agota en ese número. Detrás se despliega un mapa más amplio, el de las 53.065 mujeres con menores a cargo incluidas en el sistema de seguimiento, una cifra que revela hasta qué punto la violencia de género no es un episodio aislado, sino un entramado que afecta a estructuras familiares enteras. En muchos de esos casos, los indicadores apuntan a una posible extensión del daño, a una violencia que no se conforma con un único objetivo.
Hay además otro registro inquietante, el de los casos considerados de “especial relevancia”, más de 12.400, en los que la probabilidad de una agresión grave o incluso letal se intensifica. Es en ese umbral donde el sistema trata de anticiparse, de leer señales que a menudo llegan tarde o se interpretan cuando ya han adquirido forma de tragedia.
El conjunto dibuja una realidad persistente. Más de 102.000 casos activos de violencia de género siguen abiertos en España, con distintos niveles de riesgo que van desde lo bajo a lo extremo. No es una fotografía estática, sino un flujo continuo donde entran y salen historias, denuncias, decisiones judiciales, medidas de protección que a veces funcionan y otras se revelan insuficientes.
La distribución territorial confirma que no se trata de un fenómeno localizado. Andalucía concentra el mayor número de casos, seguida por la Comunidad Valenciana y Madrid, pero la violencia se extiende, con distinta intensidad, por todo el país, sin respetar fronteras administrativas ni perfiles sociales definidos.
En ese escenario, el sistema VioGén aparece como una herramienta imprescindible, un mecanismo de vigilancia que permite ordenar la información, establecer niveles de riesgo, activar protocolos. Más de 800 ayuntamientos participan ya en esa red, lo que indica un esfuerzo institucional por ampliar la cobertura y mejorar la coordinación. Pero la existencia del sistema no neutraliza por sí sola la amenaza, apenas la ilumina.
Porque la violencia vicaria introduce una dimensión particularmente cruel. No se limita a la relación entre agresor y víctima, sino que utiliza a los hijos como instrumento, como prolongación del daño, como forma de ejercer un control que persiste incluso cuando la relación ha terminado. Es una violencia que piensa, que calcula, que busca el lugar donde el dolor es más profundo.
Quizá por eso estas cifras resultan especialmente perturbadoras. No hablan solo de riesgo, sino de una posibilidad que ya ha ocurrido demasiadas veces. Cada número contiene una historia en suspenso, una vida pendiente de una decisión, de una intervención, de una protección efectiva.
Y en ese punto, donde las estadísticas dejan paso a los nombres que no aparecen en ellas, se mide la verdadera dimensión del problema. Porque no hay sistema que sustituya a la vigilancia social, ni protocolo que funcione sin una conciencia activa de lo que está en juego.
Los menores que hoy figuran en ese registro no son un apéndice de la violencia, son su objetivo más vulnerable. Y su protección, más que una obligación institucional, es una exigencia moral que define el grado de madurez de una sociedad.