No se trata solo de reformar servicios, sino de modificar la manera en que una sociedad entiende la dependencia, el apoyo cotidiano y la responsabilidad compartida. El Gobierno ha fijado, al menos sobre el papel, un horizonte que desplaza el cuidado del terreno de la caridad doméstica al de los derechos sociales garantizados.
La aprobación de la declaración institucional con motivo del Día Internacional de los Cuidados no es únicamente un gesto simbólico. Señala la voluntad política de revisar un modelo que durante décadas se sostuvo sobre una doble injusticia: prestaciones mínimas para quien necesita apoyos y precariedad para quienes los brindan. El asistencialismo, aun bienintencionado, construyó dependencia tutelada, no autonomía. La novedad ahora reside en reconocer ese límite como problema estructural y asumir que el cuidado no puede seguir funcionando como un ámbito invisible.
El texto identifica aquello que muchas investigaciones y organizaciones sociales llevan años señalando: la carga del cuidado se distribuye de forma profundamente desigual. Mujeres sosteniendo hogares, renunciando a empleo estable, ajustando sus tiempos a necesidades ajenas sin compensación. No se trata de un error individual ni de una cuestión cultural abstracta: es el resultado de un sistema diseñado para que el cuidado permanezca oculto y gratuito.
Un cambio que necesita estructura, no declaraciones
El Gobierno apunta hacia una transformación que exigirá inversión sostenida, coordinación territorial y un rediseño del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. El incremento presupuestario reciente, aunque significativo, no resuelve por sí solo la falta crónica de personal, la sobrecarga de los servicios y la debilidad de los apoyos comunitarios. El reto está en la infraestructura de proximidad: equipos multidisciplinares, atención domiciliaria consistente, formación profesionalizada y tiempo suficiente para cada intervención.
El Marco Estratégico para los Cuidados de Enfermería se presenta como una referencia orientadora. No es nuevo que la enfermería haya llevado décadas compensando vacíos del sistema. Lo relevante es que ahora se la reconoce como núcleo articulador de políticas públicas de salud y cuidados, no como recurso auxiliar.
El papel de las familias y la redistribución del tiempo
La declaración habla explícitamente de redistribución. No de delegar más en el hogar ni de sustituir la responsabilidad pública por mecanismos privados, sino de que el cuidado forme parte de una planificación social que permita conciliar sin perder salud, ingresos o participación. El Plan Corresponsables es una pieza de este cambio: servicios de apoyo que buscan que la conciliación deje de ser una cuestión individual o una negociación doméstica desigual.
Sin embargo, para que la corresponsabilidad sea real, la política laboral debe avanzar en paralelo. Reducir jornadas, flexibilizar horarios y garantizar salarios dignos no son añadidos, sino condiciones para que el modelo que se defiende pueda existir fuera de los comunicados.
Del reconocimiento a la práctica
El movimiento propuesto apunta a otro modo de pensar la vida en común: no como suma de individuos autosuficientes, sino como interdependencia asumida. Reconocer el cuidado como derecho no lo convierte automáticamente en realidad; pero lo coloca en un terreno desde el que exigir, negociar y evaluar. La transformación social rara vez empieza con anuncios, pero los anuncios pueden fijar un marco desde el que ya no sea posible retroceder sin debate.