El ‘caso Julio Iglesias’ es un affaire planetario. Dos ex empleadas de sus mansiones, de Punta Cana y Bahamas, le denunciaron ante la Audiencia española por graves ultrajes sexuales más trata datados en 2021. Los testimonios suman prácticas del cantante que relativizaron su imagen. Tras el relumbrón de la primicia, financiada por Univisión y replicada por eldiario.es consta apoyando a las víctimas una ONG feminista colombiana opaca con nombre anglo (women’s link worldwide). Su web no ubica sede física, equipo, cargos, donantes, auditorías o patronato. Una directiva y Letrada, ambas hispanoparlantes, ponen cara mediática a la ONG.
Ipso facto, el amarillismo se encarnó entre detractores del cantante. No faltaron en las réplicas a las denuncias los más conocidos huéspedes de las mansiones de Iglesias (Ana Obregón, Ramón Arcusa…). A Las tesis de las denunciantes se sumó la portavoz del Gobierno español y programas de RTVE, que condenaron a Iglesias, al igual que varias informadoras de eldiario.es, manteniéndose en un segundo plano Univisión.
La Audiencia Nacional, en fase pre procesal, en un primer auto acordó que oirá a las denunciantes como ‘testigos protegidos’. Al parecer, tras recibirles declaración vía telemática, existirían incongruencias en relatos y voces sobre audios que aireó la prensa. Iglesias, según réplica de su abogado el ex juez José Antonio Choclán, negó jurisdicción a dicho órgano judicial. Invoca que los supuestos hechos sucedieron fuera de España.
Además, Iglesias pide archivo de la causa. Difundió mensajes cariñosos cruzados entre el cantante y las denunciantes. Estarían fechados meses después de la ocurrencia de las supuestas agresiones. La defensa del cantante va en línea del consentimiento para desacreditar unas denuncias que los expertos vaticinan un corto recorrido por serias razones.
En suma, estamos ante graves delitos sin testigos directos con víctimas vulnerables, cuya publicidad ya sentenció al artista. Y aún ni se procesa judicialmente un asunto que repugna y merece pena, caso de acreditarse.
Un segundo auto de la Audiencia española, fechado el viernes 23 de enero, archiva las denuncias por ‘falta de competencia’. Señala que los supuestos hechos ocurrieron fuera de España, víctimas y actor son además extranjeros. Debe considerarse igualmente que Iglesias posee la nacionalidad dominicana.
La Audiencia, al desestimar su competencia para procesar las denuncias, marida el principio de justicia universal y soberanía territorial. Y hace énfasis en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo patrio al respecto. Es decir, endosa la investigación judicial a las autoridades dominicanas implícitamente. Un recurso al contundente Auto de archivo se cursará según anuncia la ONG que patrocina todo en nombre de las víctimas. Pero el affaire Iglesias se desinfló como un globo pinchado.
La Audiencia, al desestimar su competencia para procesar las denuncias, marida el principio de justicia universal y soberanía territorial. Y hace énfasis en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo
Este caso, llamativamente, acumula ciertas incógnitas. Se sabe que un millonario ex socio del cantante y empresario, también vecino del cantante en Punta Cana, le juró venganza. Un detective privado olfatea, en la República Dominicana, el por qué tardaron las denunciantes más de cuatro años en compartir tan graves hechos con la Justicia. También, si éstas ‘cobraron’ por recuperar la memoria tras estos supuestos abusos. No sabemos, por tanto, si habría un montaje, o frame up según los anglos.
El asunto reuniría sus ingredientes más sustantivos: denuncia creíble con apariencia de buen Derecho, diana donde posar las flechas y actos posteriores teledirigidos que beneficia a terceros y calumnian a su víctima. Los dividendos de la operación tienen un pago adelantado y escasos riesgos. En ‘caso Iglesias’ intuyendo el proceder de quien lo centra sólo acaba de empezar. Pondrá demandas para restituir su honra.
Definición y Antecedentes
El montaje, sintéticamente, es una información fabricada o manipulada que aparenta veracidad. El propósito es engañar, influir en la opinión pública o generar ganancias. En prensa se lanzan titulares sensacionalistas (clickbait), imágenes alteradas, fuentes dudosas o hasta se suplantan identidades. Pivota sobre testimoniar ante una autoridad (policía, juzgados, inspecciones oficiales…) hechos que, de ser ciertos, basan conductas penadas por la ley. Quienes se benefician del frame up están lejos, financian y jalean indirectamente a quien denuncia. Nunca ‘salen’.
Frame up como tal irrumpió, ante los ojos españoles, con consecuencias devastadoras encarnado sobre el paparazzi español Carlos Hugo Arriazu. Junto al detective privado de origen cubano Carlos Fernández, el 19 de junio de 1995 fueron detenidos por la policía neoyorquina. Les pillaron in fraganti grabando conversaciones de Gigi Howard. Previamente hubo un certero chivatazo del confidente Thomas Busciglio.
Howard por entonces era la novia secreta del hoy Rey Felipe VI. La Casa Real española que, aquellos años, lideraba férreamente el hoy Emérito Juan Carlos I logró que la prensa no se acercara más allá de lo conveniente al actual soberano. El mensaje fue claro. Llegó hasta quien traspasó líneas. La historia es imaginable. Un membrillo policial sabía algo que le dijeron.
El 13 de agosto de 1996 condenaron a Arriazu por el ‘pinchazo’ a pocos meses de cárcel que cumplió parcialmente. Logró la libertad tras pagar una fianza de 10.000 dólares más otros 30.000 que depositó tras ser detenido. El periodista, parte de una saga de prestigiosos informadores, se apartó de la tribu tras esta ‘exclusiva’. Después, todo se tapó.
Décadas después, en 2012, se derribaron tabúes sobre el penúltimo Rey español, tras saberse que cazaba elefantes en Botswana en safari pagado por comisionistas del petrodólar con una amante. Entonces supimos que perdía el sueño, irónicamente, sobre cómo solventar el insoportable paro juvenil español el hoy Rey Emérito. Del que su hijo renunció a heredarle.
¿Adolfo Suárez pederasta?
El pasado diciembre una mujer de avanzada edad, bajo identidad de ‘Ariadna’, denunció haber sido agredida sexualmente por Adolfo Suárez (1932-2014) entre 1983 y 1984 cuando ésta tenía 17 años. La ‘primicia’, con décadas de retraso, entraña unos delitos ampliamente caducados.
La responsabilidad penal se extingue al fallecimiento, pero ésta causa tiene toga, prensa y una petición llamativa: retirar los honores y el nombre del inolvidable político abulense al aeropuerto madrileño. La tardía denunciante invoca sentirse re victimizada por tanta gloria de Suárez.
Más llamativo es que a quien alienta esta iniciativa la reciba la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que concede ‘credibilidad total’ a Ariadna. Lejos de la neutralidad debida del ejecutivo ante futuribles decisiones judiciales, la sucesora de Irene Montero apoya a alguien que, inclusive, pretende modificar unanimidades de organismos tras otorgarle medallas, nominar calles y plazas por toda España y mancillar la honra de Suárez.
El ‘montaje’ tendría carta de naturaleza desde el punto y hora que la denuncia carece de testigos y documentos probatorios. Además, la única secretaria viva de Suárez conoce a la hoy denunciante y negó los hechos que dice sufrir una Ariadna, al parecer, obsesionada con dicho político. En su día a Suárez le situaron con una amante, Carmen Díez de Rivera.
Las lenguas más afiliadas inclusive añaden que el bufete que preparó y presentó la denuncia actuaría pro bono, es decir, no cobraría a cambio de la publicidad que tan triste asunto genera. Los herederos del Presidente Suárez callan. Ahí se anclan dos perfiles. Uno que esperaría noticias judiciales o bien se prepararía la réplica que merece la peor calumnia.
¿Hay más montajes o denuncias falsas?
El último libro de Juan Soto Ivars (Esto no existe, Debate 2025) levantó ampollas en el feminismo más encendido. El escritor en tal obra transcribe relatos, estadísticas y datos contrastados para basar la tesis de que existen más denuncias falsas que las admitidas oficialmente si consideramos algoritmos y sesgos con que se publicitan con respecto a la violencia de género (VdG).
A Soto le han ‘reventado’ presentaciones de su libro en casi toda España, pero alcanzó varias ediciones y lidera ventas. Sólo pretendía conmemorar alternativamente los 20 años de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 (LVDG).
Otro libro, este del periodista de investigación José Díaz Herrera (El Varón Castrado, Planeta 2006) corroboraba que la LVDG es un indiscutible avance social. Pero, de paso, alberga denuncias que afanan fines distintos a denunciar el maltrato machista. Las historias que compiló en su obra Díaz Herrera ponían los pelos de punta. Y cuatros lustros después no fueron desmentidas.
La que fuera Jueza decana barcelonesa, María Sanahuja, también líder de ‘Otro feminismo’, tras afirmar que la LVDG servía a ciertas mujeres para mejorar las condiciones de su divorcio sufrió el mantra del feminismo más ultra, el que calla ante los presuntos abusos de Salazar, Errejón, Monedero
El artículo 456 del Código Penal castiga con pena de prisión de seis meses a dos años y multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave de falsa denuncia. Esta conducta, en su máximo grado, la centra quien conociendo la falsedad o temerario desprecio hacia la verdad comparta una declaración de cargo delictivo ante una autoridad.
Es decir, una falsedad sobre un asesinato, robo con fuerza, agresión sexual, castigados con más de 6 años de cárcel tiene garantías. Quien la divulga jamás pisará la cárcel, la que alcanza para penas que sobrepasan los dos años de condena. Los partícipes o beneficiarios de los montajes saben bien que su impunidad, con el aval de la libertad, está de su parte.
El montaje o frame up tiene en gran parte carta de naturaleza porque, además, los procesos por falsa imputación apenas llegan a condena. Un mínimo de credibilidad es la idea-fuerza de los juzgadores para archivar o sobreseer estas denuncias.
El asunto de sufrir un montaje ‘a la española’ exige paciencia, aguante, esperanza a sus víctimas. Es rentable para la abogacía, internet, redes sociales y medios. Para los funcionarios que tramitan estas denuncias que integran un ‘montaje’ representan una pérdida de tiempo pues sus beneficiarios ya obtuvieron platino antes inclusive del proceso judicial. Guste o no, así son las cosas.