El Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto, creado por la Ley 21/2022 y puesto en marcha tras la aprobación del Real Decreto 483/2025, no está cumpliendo sus objetivos de justicia y reparación. Así lo han denunciado este miércoles en rueda de prensa los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto con Jon García, portavoz de la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA).
Los sindicatos y la federación de víctimas acusan al Gobierno de aprobar un reglamento “insuficiente y parcial”, que no respeta el espíritu de la Ley, aprobada por unanimidad en el Congreso. Aunque el fondo reconoce por fin la responsabilidad del Estado en el drama del amianto, las organizaciones consideran que llega “tarde y mal”, dejando fuera a una parte importante de las personas afectadas.
Un avance histórico… con demasiadas lagunas
Para UGT y CCOO, la creación del fondo era un hito histórico: el primer mecanismo estatal que reconoce el daño causado a quienes enfermaron tras años de exposición al amianto sin protección adecuada. El fondo debía servir para evitar la vía judicial, una lucha interminable y costosa para las víctimas y sus familias.
Sin embargo, el reglamento limita el derecho a compensación a las personas que tienen reconocida una incapacidad permanente. Quedan fuera los herederos de víctimas fallecidas antes de la entrada en vigor de la Ley, así como los afectados medioambientales y domésticos, que solo podrán reclamar si padecen mesotelioma o asbestosis, dejando fuera otros cánceres relacionados como el de pulmón o laringe.
“Nos parece incomprensible que, tras décadas de espera, el Gobierno no respete el espíritu de la Ley que proponía compensaciones para todas las víctimas, sin distinciones”, denunció Jon García.
Indemnizaciones por debajo de lo justo
Otro de los puntos críticos es la cuantía de las compensaciones. Las cantidades fijadas están “muy alejadas de las que se conceden por sentencia judicial”, alertó Unai Sordo. Esto contradice el objetivo de la Ley, que buscaba acabar con la judicialización de los casos.
Además, persisten dudas sobre la exención fiscal de estas indemnizaciones. Si finalmente tributan en el IRPF, las cantidades netas que perciban las víctimas serán aún menores. “No vale con buscar excusas de mal pagador. Aquí hay una responsabilidad de las empresas y, de forma subsidiaria, también del Estado”, afirmó Pepe Álvarez.
Obstáculos y plazos que retrasan la justicia
Los sindicatos han subrayado que el reglamento establece dos fechas de entrada en vigor: mientras que quienes tengan una incapacidad reconocida pueden solicitar ya la indemnización, el resto de afectados deberá esperar a que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan la partida correspondiente.
Dado el contexto político y la dificultad para aprobar nuevos presupuestos, esta situación podría alargarse durante años, lo que para las víctimas supone una condena silenciosa. Además, el procedimiento exige pruebas de exposición laboral en empresas que muchas veces ya no existen, o que nunca comunicaron los listados de trabajadores expuestos.
El plazo de subsanación de documentación se reduce a 10 días —cuando la Ley establece 30—, lo que añade más trabas para las familias. “Parece que se teme un aluvión de reclamaciones y que se busque limitar el acceso al fondo”, resumió Sordo.
El amianto: un asesino invisible
El amianto, también conocido como asbesto, fue prohibido en España hace más de dos décadas, aunque sus riesgos eran conocidos desde mucho antes. La exposición a sus fibras provoca enfermedades como asbestosis, mesotelioma y cáncer de pulmón, que pueden tardar décadas en manifestarse.
Por este motivo, muchas personas enferman cuando ya están jubiladas y sus empresas han desaparecido, lo que dificulta el reconocimiento del origen laboral de la dolencia. “Los procedimientos de reconocimiento han sido un auténtico vía crucis para las familias”, lamentó Sordo.
Lo que piden los sindicatos
UGT, CCOO y FEDAVICA reclaman:
- Compensaciones económicas equiparables a las que fijan los tribunales.
- Inclusión de todas las víctimas, sin distinción entre laborales, medioambientales o domésticas.
- Exención fiscal de las indemnizaciones.
- Simplificación de trámites y ampliación de plazos para presentar documentación.
- Que las compensaciones no dependan de los Presupuestos Generales del Estado.
Las organizaciones han anunciado que buscarán el apoyo de todos los grupos parlamentarios para introducir enmiendas que corrijan el reglamento. “Necesitamos un nuevo texto que cumpla el objetivo de justicia que inspiró la Ley y que garantice que las indemnizaciones lleguen a todas las víctimas y a sus familias”, concluyó García.
El Fondo de Compensación es una conquista lograda tras años de lucha sindical y de las víctimas, pero su aplicación real está muy lejos de satisfacer la demanda de justicia. Mientras no se corrijan estas deficiencias, seguirá siendo más conveniente acudir a los juzgados, perpetuando el sufrimiento de quienes ya han esperado demasiado.