El amianto fue el material milagro del siglo XX y la pesadilla silenciosa del XXI. Durante décadas, decenas de miles de trabajadores en astilleros, fábricas y centrales eléctricas inhalaron sus fibras sin saber que estaban respirando su sentencia. Hoy, muchos de ellos, o sus familias, siguen esperando una compensación que no llega, pese a que la ley reconoce su derecho desde hace más de dos años.
En septiembre, la Federación de Asociaciones de Víctimas del Amianto (FEDAVICA) y los sindicatos UGT y CCOO advirtieron lo que ahora se ha confirmado: el fondo de compensación para las víctimas del amianto, creado por la Ley 21/2022, apenas ha recibido solicitudes, no por falta de afectados, sino por un reglamento restrictivo que convierte un avance histórico en un gesto vacío.
La mayoría queda fuera
El problema, señalan las asociaciones, está en el Real Decreto 483/2025, que limita el acceso al fondo únicamente a quienes ya tienen reconocida una incapacidad permanente por contingencias profesionales derivadas de la exposición al amianto.
Esto excluye a buena parte del colectivo: quienes sufrieron exposición laboral sin reconocimiento de contingencia profesional, las víctimas ambientales o domésticas (por ejemplo, familiares de trabajadores que lavaban ropa contaminada) y los herederos de personas fallecidas por enfermedades causadas por el mineral. Todos ellos tendrán que esperar a que se apruebe una futura Ley de Presupuestos Generales del Estado, algo poco probable a corto plazo.
“El reglamento no solo es restrictivo, es cruel”, denuncia un portavoz de FEDAVICA. “Las personas se están muriendo mientras la Administración discute formularios”.
100 millones de euros sin destino
El retraso tiene también un coste económico. Desde 2022, los Presupuestos Generales del Estado han reservado 25 millones de euros anuales para financiar el fondo. Pero las trabas burocráticas y la demora en la aprobación del reglamento han impedido su ejecución. En total, 100 millones de euros públicos han quedado congelados, mientras las víctimas esperan.
“Ese dinero estaba destinado a reparar un daño que no prescribe”, señalan desde UGT. “Cada año que pasa sin aplicarse es una doble injusticia: moral y presupuestaria”.
Reclaman una rectificación
Ante esta situación, FEDAVICA, CCOO y UGT han solicitado una reunión urgente con Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para exigir una reformulación integral del decreto.
Las organizaciones reclaman que se extienda el acceso al fondo a todos los casos reconocidos en la Ley 21/2022, que se simplifiquen los trámites administrativos y que se revisen las cuantías de las indemnizaciones, consideradas “claramente insuficientes”.
“La realidad es que el reglamento actual no compensa, excluye”, resume un dirigente sindical. “No hace justicia, la retrasa”.
Deuda moral
El amianto es responsable de enfermedades como la asbestosis, el cáncer de pulmón y el mesotelioma, un tumor letal cuya latencia puede superar los 30 años. Según estimaciones sindicales, más de 40.000 personas han muerto en España por su exposición, y miles más podrían desarrollar patologías relacionadas en los próximos años.
Muchas de ellas han fallecido sin llegar a percibir una indemnización. Otras lo harán mientras el reglamento actual siga bloqueando el acceso al fondo. La burocracia, una vez más, está ganando tiempo a la justicia.
“Cada semana perdemos a compañeros que lucharon toda su vida por este reconocimiento”, lamenta un portavoz de los afectados. “El fondo llegó tarde, y ahora ni siquiera llega”.
Una herida abierta en la memoria laboral
La historia del amianto no es solo un caso de salud pública: es un espejo de cómo España gestiona la reparación a sus víctimas laborales.
Durante décadas, las empresas usaron el material sin advertir de sus riesgos. Hoy, el Estado reconoce el daño, pero no ha sabido reparar sus consecuencias.
El fondo de compensación, nacido como una conquista social, amenaza con convertirse en un símbolo de frustración. Un fondo que existe en los papeles, pero no en la vida de quienes lo necesitan.