El pulso por la abolición de la prostitución regresa al centro político. El Movimiento Feminista de Madrid ha reactivado la exigencia de una Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional (LOASP) y acusa al Gobierno de haber incumplido su compromiso con las mujeres más vulnerables. Mientras en el Parlamento se aplazan debates por “falta de consenso”, en las calles crece la convicción de que sin una ley que ataque la demanda y el proxenetismo, España seguirá consolidando un modelo de explotación tolerada.
De las promesas al inmovilismo
El 11 de octubre, la Plaza de Callao volvió a llenarse. Banderas moradas, pancartas que recordaban nombres de mujeres asesinadas, pero también un lema rotundo: “Putero, game over”. Detrás de la campaña del Movimiento Feminista de Madrid no hay improvisación, sino hartazgo. Han pasado casi cuatro años desde que el Gobierno prometió impulsar un modelo abolicionista “a la altura de los estándares europeos” y, en la práctica, no se ha legislado nada más allá de una ley de trata incompleta y ambigua.
La portavoz del MFM fue directa: “El Parlamento condena la prostitución, pero no mueve un dedo por las mujeres”. La frase resonó con fuerza, no solo porque apuntaba al Congreso, sino porque revelaba una contradicción incómoda: los mismos grupos que aplauden la lucha contra la explotación sexual bloquean cualquier avance hacia una norma que desactive su raíz, la demanda.
Fiscalizar la explotación
La incorporación de la “prestación y concertación de servicios sexuales” a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE‑2025) ha encendido todas las alarmas. Para las organizaciones abolicionistas, supone una legalización encubierta de la prostitución y una forma de blanquear el proxenetismo bajo el lenguaje burocrático de la economía formal.
“Un país que integra la prostitución en su riqueza nacional es un Estado proxeneta”, denuncian. No es una metáfora: España es ya uno de los principales destinos europeos de turismo sexual y tránsito de mujeres explotadas. La despenalización de la tercería locativa y del proxenetismo lucrativo —que permite lucrarse sin “coacción directa”— ha convertido la impunidad en norma.
En ese contexto, el Movimiento Feminista de Madrid reclama medidas que ataquen la base del sistema prostitucional: sanciones a los demandantes, cierre de locales de explotación, y recursos estables para quienes quieran salir. No basta con rescatar; hay que garantizar alternativas de vida reales: vivienda, renta básica, empleo, atención sanitaria y psicológica.
Las grietas del consenso progresista
El Gobierno, fragmentado entre su ala socialista y la izquierda que teme abrir una brecha con el llamado “feminismo del consentimiento”, ha optado por aplazar el debate. Las feministas lo leen como cobardía política. El abolicionismo divide menos a la sociedad que al propio Consejo de Ministros.
Mientras tanto, en los pasillos del Congreso, la LOASP —la ley que el MFM propone— no pasa de borrador. La misiva enviada a todos los grupos parlamentarios, excepto a Vox, insiste en que el Estado debe adoptar el modelo sueco: penalizar la compra de sexo, no a las mujeres. “No se trata de moralismo, sino de derechos humanos”, recuerdan.
Pero el discurso oficial sigue atrapado en el eufemismo: “regulación”, “acompañamiento”, “protección integral”. Palabras que diluyen lo esencial. Como señaló una manifestante en Callao: “Regular la prostitución es aceptar que hay mujeres nacidas para servir a los hombres. Y eso no se negocia”.
Un otoño incómodo para el poder
El Movimiento Feminista de Madrid lo llama “otoño caliente”, no por eslogan, sino por estrategia. Habrá protestas, concentraciones y campañas dirigidas a los partidos que han dejado morir la promesa abolicionista. En el Gobierno, la preocupación es real: el movimiento feminista organizado conserva una capacidad de presión que pocos colectivos mantienen tras años de desgaste.