El Comité Europeo de Derechos Sociales ha admitido una parte sustancial de la reclamación colectiva presentada por UGT contra España por la falta de protección efectiva de las mujeres y niñas en situación de prostitución o expuestas a la trata con fines de explotación sexual. La decisión abre un procedimiento europeo sin precedentes que obligará a examinar si la legislación y las políticas públicas españolas incumplen varios derechos reconocidos en la Carta Social Europea Revisada.
UGT ha presentado los avances del procedimiento coincidiendo con el Día Mundial contra la Trata de Personas, un año después de registrar la reclamación ante el organismo del Consejo de Europa. El sindicato sostiene que la ausencia de una regulación integral mantiene la prostitución en una situación de alegalidad que deja desprotegidas a miles de mujeres, especialmente a las migrantes, las jóvenes y quienes se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.
“El cuerpo humano no es un centro de trabajo”, resumió Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT. La organización rechaza que la prostitución pueda recibir la consideración de actividad laboral porque, a su juicio, no reúne los elementos que deberían definir un empleo libre: derechos, seguridad, protección de la salud, negociación colectiva y dignidad.
La reclamación fue registrada el 31 de julio de 2025 y está firmada por el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. En ella, el sindicato acusa al Estado español de no actuar con la diligencia necesaria para proteger a las víctimas de la prostitución y de la trata sexual y reclama medidas sociales que ofrezcan alternativas reales de salida, acceso a un empleo, formación, vivienda y protección frente a la pobreza.
Una admisión importante, pero no una sentencia
La decisión adoptada el 29 de junio de 2026 no determina todavía que España haya vulnerado la Carta Social Europea. El Comité se ha limitado, por ahora, a comprobar que UGT está legitimada para presentar la reclamación y que una parte de sus argumentos está suficientemente fundamentada para ser estudiada.
El organismo declaró admisible por unanimidad la denuncia en lo relativo al derecho a ganarse la vida mediante una ocupación libremente elegida; la seguridad y la salud; la protección de la infancia y la juventud; las responsabilidades familiares; la lucha contra la pobreza y la exclusión social, y el derecho a la vivienda. También estudiará la posible discriminación relacionada con esos derechos.
Sin embargo, el Comité rechazó examinar otros apartados invocados por UGT, entre ellos los relativos a la orientación y formación profesional, la protección de la familia, determinadas garantías para las personas migrantes, la igualdad laboral por razón de sexo y la dignidad en el trabajo. Consideró que el sindicato no había explicado con suficiente precisión cómo se habrían producido esas vulneraciones concretas.
La admisión es, por tanto, parcial. Representa un avance jurídico relevante, pero no equivale a una victoria definitiva ni anticipa cuál será la resolución sobre el fondo.
El Gobierno de España, que no presentó observaciones durante la fase de admisibilidad, deberá responder a las acusaciones antes del 15 de septiembre. Posteriormente, UGT podrá contestar a los argumentos del Ejecutivo. El sindicato calcula que la decisión final podría demorarse alrededor de dos años.
Hasta 184.200 mujeres en prostitución presencial
La reclamación se apoya, entre otras fuentes, en un macroestudio promovido por el Ministerio de Igualdad y elaborado a partir del análisis de más de 200.000 anuncios publicados en internet.
El trabajo identificó al menos a 114.576 mujeres distintas anunciadas en contextos de prostitución presencial. Aplicando un método de estimación, situó la dimensión real del fenómeno entre 152.000 y 184.200 mujeres. El propio estudio reconoce limitaciones importantes, ya que no refleja completamente las nuevas formas de prostitución desarrolladas exclusivamente a través de plataformas digitales.
Según la documentación presentada por UGT, alrededor de 28.000 mujeres identificadas estarían sometidas a un riesgo moderado de explotación sexual y cerca de 10.000 presentarían un riesgo alto, al acumular tres o más factores de vulnerabilidad.
El grupo de entre 18 y 24 años registra la mayor tasa proporcional. La incidencia también es elevada entre las mujeres de 25 a 36 años, mientras que más de la mitad de las identificadas proceden de países iberoamericanos. UGT advierte, además, de que las mujeres africanas y asiáticas pueden estar infrarrepresentadas en las estadísticas disponibles.
Estos datos no significan que todas las mujeres en prostitución sean formalmente víctimas de trata. Ambos conceptos tienen una definición jurídica diferente. La posición del sindicato es que existe una conexión estructural entre el mercado de la prostitución y el riesgo de captación, explotación, violencia y pérdida de autonomía.
Abolición frente a regulación
La admisión de la reclamación vuelve a colocar sobre la mesa uno de los debates más controvertidos del feminismo, el derecho penal y las políticas sociales europeas.
En Europa conviven modelos diferentes. Algunos países han optado por penalizar la compra de servicios sexuales y ofrecer alternativas a las mujeres, mientras otros han regulado determinadas formas de prostitución. España no ha adoptado plenamente ninguno de estos sistemas.
UGT se sitúa expresamente en el campo abolicionista. Lola Navarro, responsable confederal de las políticas de igualdad, defendió que la prostitución no puede considerarse una actividad laboral porque está atravesada por la desigualdad económica, la violencia, la vulnerabilidad migratoria y la demanda mayoritariamente masculina.
“Un trabajo implica libertad, derechos, prevención de riesgos, negociación colectiva y dignidad, y nada de eso existe en la prostitución”, afirmó durante la comparecencia. El sindicato mantiene esta posición desde hace más de veinte años y la volvió a ratificar en su último Congreso Confederal.
UGT ha solicitado que el Comité celebre una audiencia pública en Estrasburgo y permita intervenir a organizaciones sindicales y empresariales europeas, gobiernos partidarios de diferentes modelos y otras instituciones. El objetivo sería convertir el procedimiento en un debate continental sobre la protección de los derechos sociales de las mujeres.
La resolución futura no impondrá automáticamente una ley concreta a España, pero una declaración de incumplimiento aumentaría la presión política y jurídica para revisar la situación actual. También podría fijar criterios europeos sobre las obligaciones públicas de prevención, asistencia, vivienda, formación y acceso al empleo.
El procedimiento acaba de comenzar. Europa todavía no ha condenado a España, pero sí ha aceptado examinar una pregunta que lleva años aplazada: si un Estado puede mantener la prostitución en la indefinición legal sin vulnerar los derechos fundamentales de las mujeres y niñas más expuestas a la explotación.
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