El último informe anual de la Comisión Europea sobre la situación migratoria en la Unión Europea incorpora una novedad de fondo: España, junto a Italia, Grecia y Chipre, pasa a ser clasificada oficialmente como país bajo presión migratoria elevada, lo que le permitirá acogerse al nuevo instrumento de solidaridad previsto en el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Este reconocimiento institucionaliza algo que en la práctica era ya evidente: el peso operativo, financiero y político de la gestión migratoria en el Mediterráneo recae sobre unos pocos Estados.
Entre julio de 2024 y junio de 2025, más del 80% de las casi 97.000 personas asistidas en operaciones de búsqueda y rescate marítimo fueron desembarcadas en España e Italia, con una distribución casi idéntica entre ambos. Las cifras consolidan una tendencia sostenida, a pesar de la reducción global del 35% en los cruces irregulares hacia la UE, atribuida por Bruselas a una mejora en la cooperación con países de tránsito y origen.
Un cambio de enfoque en la política europea de asilo
El nuevo mecanismo de reubicación permite que los países con menor carga migratoria asuman parte de las solicitudes de protección internacional registradas en los Estados más expuestos. En la práctica, se trata de un sistema mixto de corresponsabilidad, en el que los Estados pueden elegir entre acoger a personas reubicadas o aportar una contribución financiera destinada a sostener la infraestructura de acogida en los países fronterizos.
Esa dualidad —acoger o pagar— refleja el punto de equilibrio alcanzado tras años de negociación interna. El Pacto de Migración y Asilo, aprobado definitivamente en 2024, trató de resolver la fractura que se arrastra desde la crisis de 2015, cuando la respuesta europea se fragmentó entre cuotas obligatorias y bloqueos nacionales.
Ahora, el acceso a este contingente de solidaridad, aún por definir, estará condicionado al cumplimiento de las obligaciones en materia de asilo y retorno recogidas en el nuevo marco legal.
Para España, este reconocimiento implica la posibilidad de reubicar parte de los solicitantes de asilo hacia países dispuestos a asumirlos, un alivio potencial sobre un sistema de acogida que en los últimos años ha tenido que responder a incrementos de llegadas en Canarias y Andalucía, con recursos locales desbordados.
España como frontera y laboratorio de políticas migratorias
La clasificación de España como país bajo presión migratoria es, además, una validación política de su papel en la gestión de los flujos mediterráneos.
El informe de la Comisión subraya que el aumento de las llegadas está directamente vinculado a la labor de búsqueda y rescate (SAR), lo que en la práctica reconoce la dimensión humanitaria del esfuerzo español en el mar. A diferencia de otras estrategias europeas centradas en el blindaje de fronteras, la actuación española combina control con rescate, en coordinación con Salvamento Marítimo y las organizaciones humanitarias que operan en la zona.
El texto comunitario evita términos como “crisis” y prefiere hablar de presión sostenida, una elección semántica que marca distancia respecto al discurso alarmista dominante en ciertos gobiernos del norte y del este europeo. Esa diferencia de enfoque no es menor: condiciona el tipo de políticas posibles, el reparto de responsabilidades y la narrativa pública sobre la movilidad humana.
España, además, mantiene una posición singular en el tablero europeo. Su política migratoria se ha caracterizado por una cooperación activa con los países de origen y tránsito, especialmente en el Sahel y el Magreb, y por la defensa de una gestión basada en derechos y corresponsabilidad europea. La ministra de Inclusión y Migraciones, Elma Saiz, lo ha reiterado en varias ocasiones: la respuesta debe ser “europea, ordenada y humana”, tres adjetivos que resumen la estrategia del Ejecutivo.
Un calendario ajustado y un sistema por definir
El instrumento de solidaridad aún debe concretarse.
Los Veintisiete deberán aprobar en los próximos meses la propuesta formal de la Comisión, definir el tamaño del contingente de solidaridad y determinar la forma de participación de cada Estado miembro. Las contribuciones, cuando se hagan públicas, serán jurídicamente vinculantes.
Bruselas prevé que el mecanismo entre en vigor a mediados de 2026, tras completar su fase de aprobación y diseño técnico.
Hasta entonces, España continuará soportando gran parte de la carga operativa del Mediterráneo occidental, mientras refuerza su sistema de acogida y adapta sus infraestructuras al nuevo marco europeo.
La Comisión subraya que, pese a la reducción global de llegadas, persisten desafíos estructurales: los movimientos secundarios dentro de la UE, la acogida prolongada de refugiados procedentes de Ucrania, la militarización de las rutas migratorias por parte de Rusia y Bielorrusia, y el impacto del cambio climático sobre las rutas africanas.
Para hacer frente a estas amenazas híbridas, Bruselas ha anunciado una inversión de 250 millones de euros destinada a la adquisición de drones y sistemas antidrones en las fronteras exteriores. En este contexto, la posibilidad de reubicar solicitantes de asilo no es un gesto coyuntural, sino un paso hacia una arquitectura europea más equilibrada.
España, desde su condición de frontera sur, actúa como termómetro del compromiso europeo con los derechos humanos y con la gestión compartida de la movilidad.
El nuevo marco, si se aplica con coherencia, permitirá que esa frontera deje de ser una línea de contención para convertirse en un espacio de responsabilidad compartida.