El acuerdo entre el Ministerio de Justicia, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos para crear una nueva vía de reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica marca un punto de inflexión en una de las crisis morales e institucionales más profundas de la democracia española. También deja al descubierto sus límites.
El pacto, que será formalizado por el ministro Félix Bolaños junto a los máximos representantes de la jerarquía eclesial, establece que las víctimas cuyos casos ya no pueden ser juzgados por la vía penal podrán acudir al Defensor del Pueblo como instancia alternativa para el reconocimiento y la reparación. No se trata de justicia en sentido estricto, sino de algo más ambiguo: una forma de reparación institucional tardía en un terreno donde el tiempo ha sido el principal aliado del silencio.
La firma llega tras meses de negociación y después de que la Iglesia aceptara, a finales de noviembre, una propuesta clave del Gobierno: permitir que las víctimas que desconfían de los mecanismos internos eclesiales puedan recurrir a una instancia del Estado.
Desconfianza como punto de partida
Ese matiz es esencial. La Iglesia puso en marcha su propio mecanismo, el Plan de Reparación Integral a las Víctimas de Abuso (Priva), con el objetivo de atender casos prescritos o sin recorrido judicial. Pero para muchas víctimas, acudir a una comisión dependiente de la misma institución que encubrió durante décadas resultaba inaceptable.
La creación de una vía a través del Defensor del Pueblo reconoce implícitamente ese problema de credibilidad. Supone admitir que la reparación no puede depender exclusivamente de la buena voluntad de una institución que ha sido juez y parte durante años. También confirma algo más incómodo: sin presión política, parlamentaria y social, este acuerdo difícilmente habría existido.
Responsabilidad desigual
El modelo acordado se presenta como un sistema mixto Iglesia-Estado, con participación de las víctimas y reparaciones económicas a cargo de la Iglesia. En teoría, combina legitimidad pública con responsabilidad privada. En la práctica, plantea interrogantes inevitables.
El primero es el alcance real del acuerdo. No se trata de una comisión de la verdad, ni de un proceso judicial encubierto. No hay sanciones penales, ni identificación pública de responsables, ni revisión sistemática de los mecanismos de encubrimiento. El Estado actúa como mediador y garante procedimental, pero evita asumir una investigación estructural sobre el papel histórico de la Iglesia.
El segundo es el riesgo de que la reparación se convierta en una gestión administrativa del daño, más que en un reconocimiento profundo de responsabilidad institucional. La reparación económica, sin verdad completa ni memoria pública, corre el riesgo de ser percibida como un cierre en falso.
Tiempo perdido
El acuerdo también es hijo del calendario. Llega cuando la mayoría de los casos están prescritos, cuando muchas víctimas han envejecido, cuando otras ya no están vivas. La prescripción legal ha operado como una forma de amnistía de facto para los abusos cometidos durante décadas, especialmente en el tardofranquismo y la Transición.
En ese contexto, la intervención del Defensor del Pueblo cumple una función simbólica clave: reconocer que el daño existió, que fue sistémico y que no puede ser despachado como una suma de casos aislados. Pero el simbolismo no sustituye a la justicia, y el acuerdo evita cuidadosamente ese terreno.
Un paso necesario e insuficiente
Desde el punto de vista del Gobierno, el pacto permite avanzar sin romper con la Iglesia ni abrir un conflicto institucional de gran calado. Desde el punto de vista de la jerarquía eclesiástica, ofrece una salida controlada a una crisis reputacional persistente. Desde el punto de vista de las víctimas, es un paso que llega tarde y que genera alivio y recelo a partes iguales.
El acuerdo no cierra la herida de los abusos sexuales en la Iglesia católica en España. Apenas la reconoce de manera más formal. Pero incluso ese reconocimiento ha requerido años de presión y una negociación delicada entre un Estado laico y una institución que durante mucho tiempo actuó como si estuviera por encima de él.
La pregunta que queda abierta no es si este mecanismo funcionará administrativamente, sino si servirá para algo más profundo: romper definitivamente la cultura de impunidad que permitió los abusos y su encubrimiento. Sin verdad plena, sin responsabilidades claras y sin memoria colectiva, la reparación corre el riesgo de convertirse en un trámite. Y para muchas víctimas, eso no basta.