La sociedad española está experimentando un cambio silencioso pero profundo en la forma de entender la prostitución y la pornografía. Lo que durante décadas fue presentado como una cuestión ligada a la libertad individual o al ámbito privado comienza a percibirse mayoritariamente como un fenómeno conectado con la desigualdad, la explotación y la violencia contra las mujeres.
Esa es la principal conclusión que se desprende del estudio impulsado por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en colaboración con el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). La investigación, basada en más de 10.000 entrevistas realizadas a población residente en España mayor de 16 años, ofrece una radiografía social especialmente reveladora: existe un consenso creciente que cuestiona la normalización de la prostitución y alerta sobre los efectos de la pornografía en la construcción de relaciones desiguales.
Lejos de tratarse de una opinión minoritaria o ideologizada, los datos reflejan una percepción ampliamente compartida. Cerca de siete de cada diez personas consideran que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres. Entre las mujeres encuestadas, ese porcentaje aumenta todavía más, evidenciando una diferencia clara en la experiencia y percepción del fenómeno según el género.
Una percepción social que cambia
Uno de los aspectos más significativos del estudio es que la ciudadanía ya no interpreta la prostitución como una actividad neutral. Más del 79 % de la población considera que pone en riesgo la dignidad de quienes la ejercen, mientras que una mayoría contundente rechaza la idea de que pueda equipararse a cualquier otro trabajo.
Cerca de siete de cada diez personas consideran que la prostitución constituye una forma de violencia contra las mujeres
Este cambio resulta clave porque modifica el marco del debate público. La cuestión deja de centrarse exclusivamente en la regulación económica o laboral y pasa a situarse en el terreno de los derechos humanos.
La percepción dominante identifica además una relación directa entre prostitución y vulnerabilidad social. Siete de cada diez personas creen que las mujeres que se encuentran en esta situación lo hacen por necesidad económica, y un porcentaje significativo considera que muchas son directamente forzadas o víctimas de explotación sexual.
En otras palabras, la ciudadanía tiende cada vez más a interpretar la prostitución no como una elección libre, sino como el resultado de desigualdades estructurales vinculadas a la pobreza, la migración o la falta de alternativas reales.
Quién paga y qué significa pagar
El estudio también arroja luz sobre una cuestión habitualmente menos analizada: el papel de la demanda masculina. Más del 80 % de la población considera que pagar por sexo es un comportamiento fundamentalmente asociado a los hombres.
Este dato no solo describe un hábito social, sino que revela cómo la ciudadanía interpreta la prostitución dentro de un sistema de poder desigual entre hombres y mujeres. De hecho, una mayoría relevante afirma que vería negativamente que un hombre de su entorno familiar pagara por mantener relaciones sexuales.
Especialmente significativo es el rechazo expresado por las mujeres ante la posibilidad de mantener una relación sentimental con alguien que consuma prostitución. Más del 90 % declara no estar dispuesta a ello, lo que muestra hasta qué punto el pago por sexo empieza a percibirse como una conducta socialmente cuestionada.
Pornografía y violencia: una relación cada vez más señalada
El análisis no se limita a la prostitución física. La investigación incorpora también el impacto de la pornografía y del consumo digital de contenidos sexuales, un ámbito que ha crecido exponencialmente en la última década.
Más del 71 % de la población considera que la pornografía fomenta la violencia contra las mujeres. Esta percepción conecta con una preocupación creciente sobre cómo se construyen los imaginarios sexuales, especialmente entre los más jóvenes.
El acceso temprano a contenidos pornográficos aparece como uno de los grandes puntos de consenso social. Más del 93 % de las personas encuestadas cree necesario limitar el acceso de menores a este tipo de material, señalando tanto a las familias como a las instituciones públicas y a las propias plataformas tecnológicas como responsables de establecer mecanismos efectivos de control.
La preocupación aumenta cuando entran en juego nuevas tecnologías. La difusión no consentida de imágenes sexuales o la utilización de inteligencia artificial para generar contenido íntimo falso son identificadas como riesgos emergentes que afectan principalmente a mujeres y adolescentes.
El nuevo escenario digital
Las plataformas digitales dedicadas a la venta de contenido sexual constituyen otro elemento central del estudio. Una parte importante de la población afirma conocer este tipo de espacios online, especialmente entre jóvenes y hombres.
Sin embargo, lejos de interpretarse como una vía de empoderamiento económico, la mayoría de las personas encuestadas considera que la principal motivación para crear contenido íntimo en estas plataformas es la necesidad económica.
Los riesgos asociados —chantaje, acoso o difusión no autorizada— aparecen como preocupaciones predominantes. De hecho, el consenso social es prácticamente unánime respecto a la obligación de las plataformas de eliminar de forma inmediata cualquier contenido sexual publicado sin consentimiento.
Educación y políticas públicas
Cuando se pregunta por posibles soluciones, el estudio muestra que la ciudadanía no apuesta únicamente por medidas punitivas. Casi la mitad de las personas considera prioritario reforzar la educación en igualdad, sexualidad y derechos humanos desde edades tempranas.
Junto a ello, existe un respaldo amplio a programas sociales y económicos que permitan ofrecer alternativas reales a las mujeres que desean abandonar la prostitución.
No obstante, también emerge una posición clara respecto a quienes se benefician económicamente de la explotación sexual. Más del 85 % cree que castigar a quienes se lucran con la prostitución ajena contribuiría a reducir la trata de mujeres y niñas. Las penas de prisión aparecen como la medida más apoyada frente a proxenetas y redes de explotación.
Un consenso que redefine el debate
El conjunto de resultados apunta hacia una transformación cultural relevante. La sociedad española parece alejarse progresivamente de los discursos que normalizan la prostitución como expresión de libertad sexual y se aproxima a posiciones que la interpretan como una manifestación de desigualdad estructural.
Este cambio no implica necesariamente unanimidad política, pero sí evidencia una evolución social que condicionará futuras políticas públicas. La prostitución y la pornografía dejan de situarse únicamente en el ámbito privado para convertirse en cuestiones vinculadas a la violencia de género, la protección de menores y los derechos humanos.
En definitiva, el estudio refleja algo más que una fotografía demoscópica: muestra que la percepción colectiva está cambiando. Y cuando cambia la mirada social, también cambia el terreno sobre el que se construyen las leyes, las políticas y el debate público. España, según estos datos, se encuentra ya en ese punto de inflexión.