Setenta organizaciones sociales, sindicales y políticas han puesto negro sobre blanco una reclamación que lleva décadas sobre la mesa: sacar la religión confesional de la escuela pública. La campaña 2026 “Por una escuela pública y laica. Religión fuera de la escuela” reúne a 68 entidades que piden al Ejecutivo abandonar el inmovilismo y avanzar hacia un sistema educativo plenamente laico.
El manifiesto, difundido este 2 de marzo, sostiene que la presencia de la religión confesional en el horario lectivo es incompatible con un modelo educativo basado en la libertad de conciencia y la igualdad. Las organizaciones firmantes —entre ellas asociaciones de familias, sindicatos docentes y fuerzas políticas de izquierda— reclaman una decisión “inmediata” para retirar la asignatura confesional de los centros y dejar de financiar con fondos públicos el adoctrinamiento religioso.
El debate no es nuevo, pero el contexto lo reactiva. Las entidades advierten de que el auge de la derecha y la extrema derecha en distintas instituciones ha intensificado, a su juicio, procesos de privatización y apoyo preferente a la red concertada, mayoritariamente bajo titularidad católica. En paralelo, denuncian que el Gobierno de coalición no ha avanzado en la revisión de los acuerdos firmados con la Santa Sede ni ha dado pasos decisivos hacia una escuela plenamente laica.
Mayoría sin religión en la pública
Un dato sostiene buena parte de la reclamación: según los impulsores de la campaña, el 57,15% del alumnado de centros públicos ya no se matricula en Religión. En la red concertada, en cambio, el porcentaje desciende hasta el 13,15%, una diferencia que atribuyen al carácter confesional de buena parte de estos centros y a la presión implícita que pueden sentir las familias.
Las organizaciones cuestionan también la alternativa ofrecida a quienes no cursan Religión, que varía según la comunidad autónoma y que, en algunos casos, mantiene una división efectiva del alumnado desde edades tempranas. A su juicio, esta situación genera una segregación ideológica desde los tres años.
El manifiesto vincula además la defensa de la laicidad con un contexto internacional y social marcado por conflictos, discursos de odio y tensiones identitarias. Frente a ello, sostienen que una educación pública, inclusiva y laica es una herramienta para reforzar la convivencia y la justicia social.
Derogar los acuerdos y revisar el modelo
Entre las demandas concretas figura la derogación de los Acuerdos con el Vaticano y de los convenios con otras confesiones que permiten la impartición de religión en la escuela. También reclaman la eliminación progresiva de los conciertos educativos y el fortalecimiento de la red pública.
Las entidades denuncian que la presencia de profesorado designado por las diócesis en centros públicos supone un privilegio anómalo en un Estado aconfesional. Y alertan de que, lejos de reducirse, estos privilegios se han mantenido a través de distintas reformas educativas.
El llamamiento se dirige al Ejecutivo, al Parlamento, a las comunidades autónomas y a la comunidad educativa en su conjunto. La reclamación es clara: que la neutralidad religiosa del Estado se traduzca en la práctica escolar y que la libertad de conciencia no dependa del código postal ni del tipo de centro.
La pelota vuelve ahora al tejado del Gobierno, que ha defendido en otros ámbitos la necesidad de reforzar lo público. La escuela laica, una vez más, reclama pasar de la declaración de principios a la decisión política.