España debate pensiones, natalidad o productividad con intensidad parlamentaria, pero apenas aborda una cuestión menos visible y mucho más inmediata: quién va a cuidar clínicamente a una población que envejece a gran velocidad. Un informe del Consejo General de Enfermería vuelve a situar el foco en las residencias de mayores, donde la presencia de profesionales sanitarios continúa siendo irregular, insuficiente y, en algunos casos, simplemente inexistente durante horas clave del día.
Un sistema social que sigue funcionando como si el envejecimiento fuera provisional
Los datos no sorprenden a quienes conocen el sector, aunque sí deberían inquietar fuera de él. En España viven más de 356.000 personas mayores en residencias y apenas unas 20.000 enfermeras trabajan en estos centros. Muchas lo hacen además compartiendo varios establecimientos, lo que convierte la atención continuada en una aspiración más que en una realidad cotidiana.
El informe describe situaciones difíciles de justificar en un sistema sanitario avanzado: centros sin enfermera asignada o turnos nocturnos completos sin supervisión clínica. Es decir, personas con patologías complejas pasando entre ocho y diez horas sin atención sanitaria especializada.
No se trata únicamente de falta de profesionales. También hay un problema estructural más profundo: el modelo residencial español sigue situado a medio camino entre lo sanitario y lo asistencial, dependiendo en muchos casos de marcos laborales más próximos a la hostelería que a la sanidad pública.
La consecuencia es conocida. Salarios inferiores —en torno a 1.500 euros frente a los cerca de 2.000 en Atención Primaria— y menor reconocimiento profesional. El resultado, inevitable: las enfermeras se marchan allí donde las condiciones permiten ejercer su profesión con estabilidad.
La paradoja aparece cuando se observa el contexto demográfico. España es uno de los países europeos que envejece con mayor rapidez y donde la dependencia crecerá de forma sostenida durante las próximas décadas. Sin embargo, no existe todavía una ratio estatal obligatoria de enfermería en residencias.
Los acuerdos alcanzados entre comunidades autónomas en distintos años han evitado fijar mínimos comunes, lo que ha generado un mapa desigual difícil de explicar desde la equidad territorial. Mientras algunas regiones mantienen ratios relativamente razonables, otras alcanzan cifras que superan ampliamente los doscientos residentes por profesional.
El propio informe reconoce además algo llamativo: ni siquiera existe un registro claro del número real de enfermeras que trabajan en residencias o cuántas cuentan con especialización geriátrica. Gestionar un sistema sin datos fiables suele ser el primer síntoma de que la prioridad política todavía no ha llegado.
En paralelo, la especialidad de enfermería geriátrica avanza lentamente. Las plazas formativas han aumentado en los últimos años, pero siguen lejos de responder al volumen de cuidados que requerirá la población mayor. A ello se suma que no todas las comunidades reconocen plenamente esta especialización, lo que limita su desarrollo profesional.
El debate, en realidad, trasciende lo sanitario. Durante años, la política social española ha apostado por ampliar plazas residenciales sin redefinir completamente el modelo de cuidados. La pandemia evidenció las consecuencias de esa fragilidad estructural, pero el rediseño profundo continúa pendiente.
Hoy el problema reaparece con menos dramatismo mediático y más silencio administrativo: un sistema que necesita profesionales sanitarios estables mientras compite con condiciones laborales que empujan en sentido contrario.
Porque el envejecimiento ya no es una previsión estadística. Es una realidad diaria que avanza bastante más rápido que las reformas. Y las residencias empiezan a mostrarlo con claridad incómoda.