El Gobierno inicia el proceso para dotar de contenido real a la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. Una pieza institucional prevista en la Ley Zerolo que hasta ahora existía solo en términos formales. El nuevo estatuto determinará su funcionamiento, personal y alcance, en un momento marcado por el aumento de los discursos de odio y la necesidad de herramientas públicas que puedan intervenir con eficacia.
El Ministerio de Igualdad ha abierto el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto que establecerá el estatuto definitivo de la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación. No es un paso administrativo menor. Supone transformar una figura legal reconocida desde 2022 en una institución operativa, con estructura, presupuesto, personal y capacidad de acción propia.
La Ley 15/2022, conocida como Ley Zerolo, situó por primera vez este organismo como pieza central del marco antidiscriminatorio estatal. Sin embargo, su puesta en marcha se había ido aplazando mientras se cerraban debates internos sobre competencias, modelo de funcionamiento y mecanismos de relación con autonomías, Defensoría del Pueblo y agencias ya existentes en algunos territorios. La apertura del trámite público marca el paso decisivo hacia su activación.
Un órgano llamado a intervenir donde ahora solo se puede recomendar
La nueva Autoridad tendrá como función principal proteger frente a discriminaciones por origen racial o étnico, sexo, orientación sexual, discapacidad, religión, edad o situación socioeconómica, entre otras. Es decir, cubrirá un campo donde las prácticas de desigualdad son hoy sistémicas y transversales, aunque a menudo tratadas de forma fragmentada.
Hasta ahora, la respuesta institucional a casos de discriminación ha sido desigual: depende de la comunidad autónoma, de la vía elegida por la víctima, de la interpretación judicial o, directamente, de la capacidad de sostener un proceso largo y costoso. La consecuencia es conocida: la mayoría de casos no se denuncian, no prosperan o se diluyen en trámites sin eficacia restauradora ni sancionadora.
La Autoridad Independiente nace para corregir ese vacío, con capacidad para emitir resoluciones y recomendaciones y para intervenir en procedimientos administrativos y judiciales cuando existan indicios de discriminación.
Centro de Documentación y Memoria: archivar para poder nombrar
El borrador también contempla la creación de un Centro de Documentación y Memoria sobre Discriminación, Odio e Intolerancia. No es un anexo cultural. Es un mecanismo de producción de prueba y relato institucional.
La discriminación, para ser combatida, necesita ser registrada: quién la ejerce, cómo opera, qué dispositivos la sostienen, qué sectores la sufren con más frecuencia y qué efectos concretos produce.
La ausencia de datos fiables ha permitido durante décadas mantener la idea de que las desigualdades son episodios aislados y no patrones estructurales. Este centro rompe esa inercia. Nombrar es reconocer. Archivar es hacer visible.
Una institución que llega en un momento políticamente significativo
No se puede desligar esta puesta en marcha del contexto actual. La presencia de discursos que cuestionan derechos civiles, sociales y sexuales no es algo marginal: condiciona agendas, campañas y debates parlamentarios. En ese marco, dotar de funciones reales a la Autoridad no es una cuestión simbólica, sino administrativa y política a la vez. Se trata de garantizar capacidad de respuesta allí donde hoy solo actúan colectivos, servicios jurídicos especializados o instituciones sobrecargadas. La tramitación pública permanecerá abierta hasta el 21 de noviembre. Lo que se discute ahora no es la necesidad de la institución —ya reconocida por ley—, sino el alcance de lo que podrá hacer.