La revelación de la Cámara de Cuentas es demoledora: 61,5 millones de euros procedentes de las residencias públicas de mayores han servido para apuntalar la factura de la sanidad privatizada de Quirón. No es un mero ajuste contable, sino una decisión política que pone por delante los intereses de grandes empresas sanitarias frente a las necesidades más básicas de las personas mayores y de quienes las cuidan.
Ese dinero salió de la Agencia Madrileña de Atención Social, responsable de las residencias públicas, después de que la Comunidad de Madrid dejara sin ejecutar más del 60% de las inversiones previstas para estos centros. Lo que debería haberse traducido en nuevas plazas públicas, mejoras de infraestructuras y refuerzo de plantillas ha terminado engordando la liquidación del convenio con la Fundación Jiménez Díaz, buque insignia del grupo Quirón.
El año pasado, la presidenta Ayuso anunció a bombo y platillo la construcción de 40 nuevas residencias y 40 centros de día para personas mayores y dependientes, en un plan hasta 2030 sobre suelo público. Hoy ese proyecto avanza de manera opaca, sin saber que fue de los más de 500 millones de dinero público prometidos y con ayuntamientos del partido popular “regalando” suelo público al negocio privado, todo ello con una falta total de transparencia.
El gobierno regional continúa impulsando el mal llamado “modelo de colaboración público-privada” también en este ámbito, lo que hace incompatible el compromiso firme de que esas residencias vayan a ser de gestión directa pública 100%, como venimos reclamando desde el sindicalismo y el movimiento social. UGT Madrid, junto a otras organizaciones, impulsó concentraciones ante la Puerta del Sol y en distintos municipios para exigir que esas 40 residencias fueran de titularidad y gestión pública directa, con participación de residentes, familias y personas trabajadoras, y el Gobierno regional ha optado por ignorar estas movilizaciones.
La situación es aún más grave si se mira la estructura real del sistema residencial madrileño. Según el “Estudio sobre el personal mínimo necesario en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid”, elaborado por UGT Madrid junto a CCOO Madrid, PLADIGMARE y la SEGG, la Comunidad cuenta con 507 residencias y 55.308 plazas, de las que solo 6.430 corresponden a 25 residencias autonómicas de gestión pública directa y 416 a 9 residencias municipales públicas. En total, 6.846 plazas de gestión pública frente a 48.462 plazas gestionadas por empresas privadas, lo que supone apenas un 6,72% de plazas públicas frente a un 93,28% en manos privadas. En una Comunidad de más de 7 millones de habitantes, disponer solo de 25 residencias autonómicas de atención directa 100% pública es, sencillamente, insuficiente.
A pesar de la evidencia de mayor calidad y eficiencia de la atención en las residencias de gestión directa 100% públicas, el estudio demuestra que en la Comunidad de Madrid este modelo es algo residual y en lugar de revertir esa situación, el Gobierno regional desvía fondos públicos a la “colaboración público-privada” renunciando a reforzar la red pública.
Ese mismo estudio alerta también de un déficit estructural de personal en las residencias madrileñas, lo que se traduce en sobrecarga, falta de tiempo para cuidar y riesgo para la salud de residentes y personas trabajadoras.
Para prestar una atención digna, de calidad y centrada en la persona, es necesaria una inversión presupuestaria potente, que mejore significativamente las ratios, es decir el número mínimo de personal necesario para atender adecuadamente a las personas usuarias.
Esto significa que, sin más personal y sin más plazas de gestión pública directa, el sistema seguirá apoyándose en plantillas sobrecargadas y en modelos de negocio que anteponen la rentabilidad a los cuidados.
En este contexto, desviar 61,5 millones de euros desde las residencias públicas a la sanidad privatizada de Quirón no es una anécdota, sino un síntoma de modelo. Ese dinero podría y debería haberse destinado a levantar 40 residencias y centros de día de gestión pública directa sobre suelo público, a reforzar las ratios de personal que propone el estudio y a modernizar las infraestructuras y condiciones de las 25 residencias autonómicas ya existentes.
Frente a este abandono de la red pública, desde UGT Madrid se plantea una hoja de ruta clara. Primero, blindar los recursos de la Agencia Madrileña de Atención Social: ni un euro menos para residencias públicas, ni un desvío más hacia la sanidad privatizada; cada euro debe orientarse a ampliar plazas de gestión pública directa, mejorar los edificios y reforzar las plantillas en las residencias ya existentes. Segundo, recuperar y ejecutar el plan de 40 residencias y centros de día, pero con una condición irrenunciable: que sean íntegramente de titularidad y gestión pública directa, con empleo estable, ratios suficientes y participación real de residentes, familias y profesionales. Tercero, utilizar las aportaciones del estudio de 2024 como hoja de ruta: aumentar de forma efectiva las presencias de personal en turnos, dignificar las condiciones laborales y garantizar que cada persona mayor reciba el tiempo de atención que necesita.
Lo que está en juego no es un simple debate técnico, sino el tipo de sociedad que se quiere construir. Una sociedad decente cuida a quienes lo han dado todo, garantiza empleo digno a quienes sostienen esos cuidados y sitúa lo público, el bien común, por encima del negocio. Por eso es imprescindible decir alto y claro: el dinero de residencias debe quedarse en las residencias, el compromiso de las 40 residencias y centros de día debe cumplirse con gestión pública directa al 100% y el futuro de las personas mayores de Madrid y las profesionales que las cuidan no puede dejarse en manos de fondos de inversión y grandes corporaciones a quienes solo interesan los beneficios económicos y no el bienestar social.
Laura Muñoz Ibáñez es secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid