La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha pedido a la Audiencia Nacional que deje fuera del caso Plus Ultra el informe de la UDEF sobre las supuestas gestiones realizadas por el expresidente ante el Gobierno de Bolivia para favorecer los intereses de una empresa peruana, por las que habría recibido 200.000 euros entre 2024 y 2025.
Zapatero, investigado en la causa como presunto líder de una red de tráfico de influencias, sostiene en un recurso ante la Sala de lo Penal que esos hechos son “ajenos” al procedimiento y que la investigación policial sobre su actividad profesional vulneró su derecho a la intimidad.
Su defensa considera que el juez instructor, José Luis Calama, no autorizó previamente el acceso y tratamiento de esa información mediante una resolución motivada y denuncia que se ha terminado realizando una investigación general sobre la vida profesional del expresidente. Por ello reclama que el informe de la UDEF sea expulsado del procedimiento.
Según el recurso, permitir que la investigación se extienda a cualquier actividad personal o profesional de Zapatero supondría conceder una especie de “patente de corso” para investigar hechos sobre los que previamente no existía sospecha alguna.
La UDEF considera que las gestiones refuerzan los indicios
La Policía mantiene una interpretación diferente. Su informe sostiene que Zapatero recibió 200.000 euros como contraprestación por intermediar ante autoridades bolivianas en beneficio del Grupo Gloria, una empresa peruana que mantenía litigios millonarios con la Administración del país.
Los investigadores consideran que el pago habría sido articulado mediante un contrato con Focus Social Research por supuestos servicios de asesoramiento. La UDEF califica ese contrato de “simulado” y señala que dicha sociedad aparece fundamentalmente vinculada a la firma del acuerdo y al pago de las facturas.
El informe recoge asimismo contactos de Zapatero con altas autoridades bolivianas, entre ellas el entonces presidente Luis Arce, y reuniones durante un viaje a La Paz y Sucre en septiembre de 2024.
Para la UDEF, estos elementos refuerzan su hipótesis de que el expresidente habría utilizado sus contactos internacionales para realizar gestiones en beneficio de diferentes clientes a cambio de contraprestaciones económicas.
La defensa cuestiona precisamente que esa actividad pudiera investigarse dentro del caso Plus Ultra sin una habilitación judicial específica. Corresponderá ahora a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidir si el informe permanece incorporado a la causa o si, como reclama Zapatero, la investigación sobre las gestiones realizadas en Bolivia excedió los límites del procedimiento.
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