La política española lleva años instalada en una competición permanente por apropiarse de la bandera de la limpieza democrática. Todos los partidos aseguran combatir la corrupción, denunciar los privilegios y exigir transparencia a sus adversarios. Sin embargo, la verdadera prueba de coherencia no aparece cuando se fiscaliza al rival político, sino cuando el escrutinio alcanza a la propia organización.
Es precisamente en ese terreno donde Vox podría enfrentarse en las próximas semanas a uno de los mayores problemas de credibilidad de su historia. Según ha adelantado Político, el Tribunal de Cuentas tiene preparado el informe de fiscalización correspondiente a los ejercicios 2021 y 2022 y concluye que no puede formarse una opinión sobre la situación financiera de la formación liderada por Santiago Abascal.
La cuestión merece atención porque no se trata de una opinión desfavorable ni de una auditoría con salvedades. El problema es potencialmente más grave. El órgano fiscalizador considera que la documentación analizada no permite determinar con garantías cuál era la realidad económica del partido durante esos ejercicios.
La transparencia como bandera
Desde su irrupción en la política nacional, Vox ha encontrado una de sus principales fortalezas electorales en la denuncia de las élites políticas tradicionales. El partido ha construido una narrativa que presenta a sus dirigentes como una alternativa a los supuestos vicios acumulados por el sistema durante décadas.
Ese discurso ha encontrado eco entre una parte relevante del electorado, especialmente en un contexto de desafección política y desconfianza institucional. El problema aparece cuando el mismo nivel de exigencia que se reclama para los demás debe aplicarse a las propias estructuras del partido.
Porque la transparencia no constituye un elemento decorativo del debate democrático. Tampoco una herramienta propagandística destinada exclusivamente a erosionar al adversario. Es una obligación que resulta inseparable de cualquier organización que aspira a gobernar las instituciones del Estado.
La paradoja es evidente. Una formación política que exige controles exhaustivos sobre la actuación de gobiernos, organizaciones sociales y medios de comunicación podría encontrarse ahora ante la incapacidad del máximo órgano fiscalizador para determinar con claridad cuál era su situación contable.
Algo más que una polémica administrativa
La relevancia de este episodio no reside únicamente en sus consecuencias contables. Lo verdaderamente importante es el mensaje político que transmite.
El Tribunal de Cuentas no depende del Gobierno. Tampoco actúa bajo instrucciones de la Moncloa. Su función consiste precisamente en verificar que los recursos económicos de las organizaciones sometidas a fiscalización pueden ser seguidos, comprobados y evaluados conforme a criterios objetivos.
Por ese motivo, la cuestión trasciende cualquier intento de reducir el asunto a una disputa partidista.
La democracia representativa funciona sobre una premisa muy sencilla. Los ciudadanos delegan poder en partidos políticos que, a cambio, aceptan someterse a mecanismos de control público. Cuando esos mecanismos encuentran dificultades para verificar información esencial, surge inevitablemente una duda sobre la calidad de esa rendición de cuentas.
La confianza ciudadana no se construye únicamente con discursos contundentes o con mensajes virales en redes sociales. También depende de la capacidad para demostrar que las reglas que se exigen a los demás son observadas con el mismo rigor dentro de la propia casa.
La larga sombra de la financiación
El debate llega, además, después de varios años en los que la financiación de Vox ha estado acompañada por interrogantes recurrentes. La formación ya protagonizó una intensa discusión pública tras conocerse la concesión de un préstamo multimillonario por parte de una entidad financiera húngara vinculada al entorno político de Viktor Orbán. Más allá de la legalidad de aquella operación, el episodio alimentó preguntas sobre las fuentes de financiación de un partido que aspira a convertirse en una fuerza determinante para el futuro político de España.
A ello se han sumado diversos enfrentamientos con el propio Tribunal de Cuentas, incluidas sanciones posteriormente anuladas por la vía judicial. Un historial que ayuda a entender por qué la futura publicación de este informe está siendo seguida con especial atención tanto por los observadores políticos como por la propia organización de Abascal.
La prueba de madurez
Si finalmente el informe mantiene la opinión denegada que adelantan diversas informaciones, Vox tendrá una oportunidad para demostrar algo más relevante que su capacidad de movilización electoral.
Tendrá la ocasión de acreditar que acepta para sí mismo el mismo nivel de escrutinio que reclama para los demás.
Las democracias sólidas no necesitan partidos infalibles. Necesitan partidos capaces de rendir cuentas. Y precisamente por eso el problema que afronta Vox no es contable, es político, porque la transparencia deja de ser una consigna eficaz en el mismo instante en que resulta imposible verificarla.
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