La formación política liderada por Santiago Abascal ha decidido blindar su estructura interna frente a la disidencia mediante una ofensiva judicial sin precedentes en la política española. Tras las recientes denuncias públicas de antiguos cargos de la organización contra la cúpula central, la respuesta de Vox no se ha limitado al debate dialéctico, sino que se ha materializado en la interposición de más de 36 querellas por difamación. Esta estrategia de judicialización contra el propio pasado del partido busca, según los analistas, trazar una línea roja infranqueable que proteja la reputación de la dirección nacional y desactive cualquier narrativa de fragmentación interna antes de que logre calar en el electorado.
El secretario general de la formación, Ignacio Garriga, ha liderado la defensa institucional de la marca subrayando una ausencia total de casos de corrupción en Vox, un activo que el partido considera su principal valor diferencial en el actual tablero político. En un ejercicio de análisis comparativo, la dirección de la formación intenta desmarcarse de las estructuras tradicionales representadas por el PP y el PSOE, a quienes Garriga define como las dos caras de una misma moneda. Al destacar que no existen investigaciones judiciales sobre sus líderes ni sobre sus cuentas, Vox pretende erigirse como una excepción ética en un sistema que, bajo su visión, está intrínsecamente viciado por las causas pendientes de sus adversarios.
Esta resistencia jurídica se extiende también al ámbito mediático, donde el partido ha tramitado una treintena de solicitudes de rectificación a medios de comunicación en un esfuerzo por controlar el relato público sobre sus crisis internas. Para la dirección nacional, las críticas de los exdirigentes no son más que un intento externo de embarrar el debate político, impulsado por el nerviosismo que generan los procesos judiciales que afectan a figuras como José Luis Ábalos o a la antigua cúpula de Interior del Gobierno de Mariano Rajoy. Al señalar estas causas abiertas, Vox busca neutralizar los ataques de populares y socialistas, argumentando que existe un interés coordinado por equiparar su gestión con la de partidos que sí afrontan procesos por irregularidades administrativas o políticas.
Esta política de tolerancia cero contra la crítica interna, ejecutada a través de los tribunales, plantea un análisis profundo sobre la gestión del disenso en las nuevas formaciones políticas, donde la defensa de la imagen corporativa parece haberse convertido en la prioridad absoluta para garantizar la estabilidad de su proyecto nacional.