La votación que se celebrará esta semana en el Congreso sobre una eventual salida de España de la OTAN tiene algo de regreso al pasado. Durante décadas, el debate sobre la pertenencia a la Alianza Atlántica ocupó un lugar central en la política española. Formó parte de las grandes discusiones de la Transición y atravesó buena parte de los años ochenta. Sin embargo, el contexto internacional que dio sentido a aquellas posiciones ha cambiado profundamente.
La iniciativa impulsada por el BNG plantea cuestiones que merecen una reflexión seria. El crecimiento del gasto militar, el peso de las bases estadounidenses en territorio español, la autonomía estratégica europea o la necesidad de preservar recursos para políticas sociales constituyen asuntos perfectamente legítimos dentro de una democracia. Reducir ese debate a una confrontación simplista entre pacifismo y militarismo impediría comprender la complejidad del momento actual.
La cuestión fundamental es otra. Qué modelo de seguridad puede ofrecerse hoy a un país europeo que decidiera abandonar las estructuras defensivas de las que forma parte desde hace más de cuatro décadas.
Porque la discusión ya no se desarrolla en el mundo de 1986. La invasión rusa de Ucrania alteró profundamente la percepción de seguridad en Europa. Las tensiones en Oriente Próximo siguen generando incertidumbre global. La rivalidad entre Estados Unidos y China condiciona cada vez más la economía internacional. Las amenazas híbridas, los ciberataques y la competencia tecnológica han ampliado el concepto tradicional de defensa mucho más allá del ámbito estrictamente militar.
La propuesta de abandonar la OTAN plantea interrogantes que van más allá de la crítica al incremento presupuestario en materia de defensa. Implica preguntarse cómo garantizaría España su seguridad, cuáles serían sus alianzas estratégicas y qué capacidad tendría Europa para actuar de manera autónoma en un entorno geopolítico especialmente volátil.
Existe además una paradoja que atraviesa buena parte del debate europeo. Muchos sectores reclaman una mayor autonomía estratégica respecto a Estados Unidos, una aspiración cada vez más compartida incluso entre gobiernos tradicionalmente atlantistas. Pero esa autonomía exige precisamente capacidades defensivas propias, inversiones tecnológicas y estructuras de seguridad capaces de reducir dependencias externas.
Resulta difícil defender simultáneamente una Europa más autónoma y una reducción sustancial de las capacidades que permitirían construir esa autonomía.
Eso no significa aceptar sin discusión cualquier incremento del gasto militar. La pregunta sobre cuánto debe invertir una sociedad en defensa siempre es legítima. También lo es exigir transparencia sobre las prioridades presupuestarias o reclamar que los recursos públicos se orienten hacia la mejora de la sanidad, la educación o la vivienda. Son debates necesarios y democráticamente saludables.
Sin embargo, la seguridad y el bienestar no son conceptos incompatibles. De hecho, la experiencia europea demuestra que los sistemas de protección social más avanzados han convivido históricamente con estructuras sólidas de defensa colectiva. La falsa elección entre hospitales o seguridad simplifica una realidad mucho más compleja.
La presencia de bases estadounidenses en Rota y Morón constituye otro de los elementos centrales de la propuesta. Durante años han sido objeto de discusion política y social. Pero también han desempeñado un papel relevante en la arquitectura de seguridad occidental, en operaciones internacionales y en la propia economía de los territorios donde se encuentran ubicadas.
El debate sobre su continuidad puede y debe producirse. Lo que resulta más difícil es ignorar el contexto estratégico en el que tendría lugar una eventual retirada. Europa atraviesa uno de los periodos de mayor incertidumbre geopolítica desde el final de la Guerra Fría y la estabilidad internacional parece cada vez menos garantizada.
Quizá la cuestión más relevante no sea si la OTAN debe seguir siendo exactamente la misma organización que fue durante décadas. Probablemente no. La transformación del orden internacional exige revisar alianzas, prioridades y mecanismos de cooperación.
Pero una cosa es discutir cómo deben evolucionar esas estructuras y otra muy distinta asumir que su desaparición generaría automáticamente un escenario más seguro o más estable.