“Conocer toda la verdad”. Son palabras que salen del dolor profundo de familiares y víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) el pasado 18 de enero, donde fallecieron 46 personas y otras 152 resultaron heridas, y de las 2.317 mujeres que sufrieron un cribado fallido de cáncer de mama en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, destapado a finales del pasado septiembre por la periodista Mercedes Díaz, de la Cadena Ser. Pero mientras los responsables del Gobierno de la nación vienen participando en todo tipo de comisiones parlamentarias, entrevistas y ruedas de prensa para desvelar todo lo que conocen del trágico accidente ferroviario, el ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla se ha cerrado en banda desde un primer momento a abrir puertas y ventanas para conocer qué pasó realmente en el mayor escándalo sanitario de la autonomía andaluza.
La mayoría absoluta que ostenta el Partido Popular en la Cámara andaluza frenó el pasado noviembre el intento de la oposición para crear una comisión parlamentaria sobre los cribados fallidos del cáncer de mama, que se detectaron en un 90% de los casos en el hospital sevillano Virgen del Rocío, que provocó la dimisión de varios altos responsables del centro hospitalario e incluso le costó el cargo a la anterior consejera de Salud, Rocío Hernández, la tercera que ha tenido el ejecutivo de Moreno Bonilla en seis años. El Grupo Popular argumentó que la oposición solo buscaba rentabilidad política y no esclarecer los hechos. Los socialistas, por su parte, vieron en esta estrategia de la bancada popular una nueva versión del “manual del Ventorro”, en alusión a los vaivenes que el ex presidente valenciano, Carlos Mazón, ha puesto reiteradamente para investigar la trágica dana de octubre de 2024.
Esta vorágine política de todo el espectro parlamentario por “conocer toda la verdad” tanto del accidente de Adamuz como del cribado del cáncer de mama en Andalucía tiene dos velocidades según sea el color político que intente desvelar “toda la verdad” de ambos casos. Sin ir más lejos, este martes 24 de marzo comparece a petición propia el presidente de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), Luis Pedro Marco de la Peña, en la Comisión de Transportes del Congreso para informar de las actuaciones de su departamento en el accidente del pasado 18 enero tras colisionar dos trenes de alta velocidad. Tanto PP como Vox también se sumaron con sendas solicitudes a la petición de comparecencia del máximo responsable de la operadora ferroviaria.
Puente compareció en febrero en el Congreso y el presidente de Adif lo hace este martes mientras el PP vetó en noviembre cualquier investigación de los cribados en la Cámara andaluza
También el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha realizado desde la misma noche del accidente ferroviario numerosas comparecencias públicas y entrevistas a diversos medios de comunicación para explicar todos los detalles conocidos hasta la fecha sobre la tragedia de Adamuz. Pese a ello, desde el ejecutivo de Moreno Bonilla y de todo el PP en general se mantiene el mantra de “conocer toda la verdad” como si los máximos responsables ministeriales no estuvieran empeñados también en ello con el mismo ahínco.
Durante su comparecencia del pasado 3 de febrero en la Comisión de Transportes del Congreso, el ministro recordó también la “plena disposición” del Ministerio a colaborar con los órganos que están llevando a cabo las dos investigaciones en marcha: la CIAF (Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios), que investiga las causas del siniestro para establecer recomendaciones y reforzar la seguridad ferroviaria, y el Juzgado que instruye la causa para determinar las responsabilidades penales.