Los partidos de la oposición no solo miden su capacidad de fiscalización. Miden su destreza táctica para capitalizar la indignación ciudadana. Tras la catástrofe ferroviaria de Urda, que segó la vida de sesenta y nueve personas en la red de alta velocidad, el Partido Popular y Vox han tejido una pinza implacable contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Lejos de mantener la tregua institucional que imponen los grandes duelos colectivos, ambas formaciones han entendido que el colapso de las infraestructuras representa la grieta definitiva en el relato del sanchismo. Han convertido la gestión del transporte público en el cadalso político donde se dirime el futuro inmediato de la legislatura.
La estrategia desplegada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado de manera metódica por la contención formal y la proyección de una imagen de centralidad presidencial. Con una puesta en escena medida al milímetro que huye del ruido estridente para centrarse en los conceptos de rigor, gestión y experiencia, el dirigente popular ha centrado sus esfuerzos en desmontar la maniobra de distracción que, a su juicio, supuso la dimisión tardía del ministro de Transportes, Óscar Puente. Para Feijóo, la salida del titular de la cartera no fue más que un «teatrillo» cronometrado a la hora de máxima audiencia televisiva. El único propósito era maquillar unas encuestas demoscópicas que ya auguraban un desplome socialista por debajo de los cien escaños. Desde esta perspectiva, el PP ha elevado el listón de la exigencia institucional. Señala directamente a Pedro Sánchez como el máximo responsable político de haber reducido la seguridad de la red a un supuesto fallo humano aislado. Elude depurar responsabilidades al más alto nivel.
La ofensiva sin filtros de Vox
Si el Partido Popular transita por el carril de la censura parlamentaria y la vía judicial, personándose como acusación popular en la causa abierta en los juzgados de Orgaz, la formación liderada por Santiago Abascal ha optado por dinamitar los puentes de la moderación con un discurso de dureza extrema. En sus intervenciones públicas, Abascal no dudó en calificar la tragedia de Urda como un «crimen político» ligado a la corrupción y a la desidia institucional. Advirtió públicamente de que no se subiría a un tren de alta velocidad en las actuales condiciones técnicas y comparó la temeridad gubernamental con el histórico episodio en el que el franquista Manuel Fraga se bañó en las radiadas aguas de Palomares. Esta retórica sin filtros busca conectar de manera visceral con el sector del electorado más indignado. Aquel que percibe que el Estado de bienestar se descompone entre recortes invisibles y prebendas corporativas.
La radicalización de la postura de Vox se alinea, sin embargo, con los intereses tácticos del centroderecha en un aspecto económico y social de máxima sensibilidad. La presión sobre los sindicatos. Ante la convocatoria de una huelga general impulsada por las organizaciones de trabajadores para exigir mayores inversiones en los servicios públicos, Feijóo y Abascal cerraron filas en una inusual convergencia de declaraciones para exigir la suspensión inmediata del paro. Para los líderes de la oposición, resulta un grave error paralizar el país a raíz de una tragedia que, a su entender, interpela exclusivamente a la incompetencia del Ejecutivo y no a la conflictividad laboral ordinaria. Esta sincronía discursiva refleja algo. Pese a los matices tácticos y estéticos que separan a populares y voxistas, el objetivo estratégico de desalojar a la izquierda de La Moncloa actúa como un imán gravitatorio. Es capaz de alinear sus respuestas ante las urgencias del momento.
La sintonía táctica que exhiben Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal frente a la crisis de las infraestructuras anticipa el modelo de relación que afrontaría un hipotético gobierno de alternancia en España. Mientras el Partido Popular busca consolidar su hegemonía territorial presentándose como la única alternativa madura, previsible y capaz de coser las costuras rotas de la administración mediante auditorías técnicas y rigor presupuestario, Vox ejerce de catalizador implacable de la protesta ciudadana. Exprime el descontento hasta sus últimas consecuencias dialécticas. Esta división de roles, lejos de debilitar al bloque conservador, le permite cercar al Gobierno por ambos flancos. Impide que el Ejecutivo recupere la iniciativa política.
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