La crisis que atraviesa Sumar ha dejado de ser una discusión interna para convertirse en un problema político de primer orden. La dimisión de la secretaria de Organización, Laura Moreno, acompañada de acusaciones muy graves contra la coordinadora general, Lara Hernández, sitúa a la formación en una posición especialmente delicada cuando se prepara para afrontar una nueva asamblea destinada a redefinir su futuro.
Los hechos conocidos durante las últimas horas revelan una organización inmersa en una pugna de poder que ya no puede ocultarse tras los habituales llamamientos a la unidad. La renuncia de Moreno no llega envuelta en fórmulas diplomáticas ni en discrepancias estratégicas menores. Su carta de despedida describe un clima interno marcado por la exclusión, los enfrentamientos y la pérdida de confianza entre sectores de la dirección.
A ello se añade un elemento especialmente sensible. La existencia de una investigación interna relacionada con una denuncia por presunto trato vejatorio a trabajadores sitúa el debate en un terreno mucho más complejo que el de las diferencias políticas. Desde el entorno de Lara Hernández niegan categóricamente cualquier comportamiento inadecuado y sostienen que las acusaciones forman parte de una campaña organizada para erosionar su liderazgo antes de la asamblea. Sin embargo, el mero hecho de que estas denuncias hayan alcanzado semejante dimensión pública evidencia la profundidad de la fractura.
La situación resulta especialmente incómoda para una organización que nació con la ambición de representar una nueva forma de hacer política. Sumar se presentó ante la ciudadanía como un proyecto capaz de superar las dinámicas de confrontación interna que habían desgastado históricamente a la izquierda alternativa. Dos años después, la formación se enfrenta precisamente a los mismos problemas que prometió dejar atrás.
El trasfondo de la crisis tiene además una dimensión estratégica. La salida progresiva de figuras que formaron parte del núcleo fundacional del proyecto ha ido reduciendo los espacios de consenso. La marcha de Yolanda Díaz de la primera línea orgánica abrió un vacío político que todavía no ha sido resuelto. Desde entonces, distintas sensibilidades compiten por definir el rumbo de una organización que sigue buscando una identidad propia más allá del liderazgo que la impulsó electoralmente.
La cuestión central ya no es quién ocupará los principales cargos internos, sino qué proyecto político quiere ser Sumar en los próximos años.
La proximidad de la asamblea convierte cada movimiento en una batalla de enorme trascendencia. Las acusaciones cruzadas, las denuncias sobre supuestas irregularidades organizativas y las críticas públicas entre dirigentes reflejan una disputa por el control del partido que difícilmente podrá cerrarse únicamente mediante acuerdos de despacho.
En política, las crisis internas suelen tener consecuencias que trascienden a quienes las protagonizan. Los ciudadanos observan con atención cómo se comportan las organizaciones cuando atraviesan momentos de dificultad. Y en ese terreno, la credibilidad resulta tan importante como los programas electorales.
Sumar afronta ahora una prueba especialmente exigente. Necesita demostrar que es capaz de resolver sus conflictos con transparencia, garantías y madurez política. Lo contrario alimentaría la percepción de que las diferencias internas han terminado ocupando el espacio que debería corresponder a las propuestas para los problemas reales de la ciudadanía.
La asamblea prevista para julio aparece así como mucho más que una cita orgánica. Será un examen sobre la capacidad de la formación para reconstruir cohesión interna, recuperar autoridad política y convencer a sus propios votantes de que sigue siendo una herramienta útil para transformar la realidad.