La sospecha sobre los nuevos ciudadanos

España pasó buena parte del siglo XX despidiendo a millones de personas en puertos, estaciones de tren y aeropuertos. La Guerra Civil, la dictadura y las sucesivas crisis económicas empujaron a cientos de miles de familias a construir su vida en América, Europa o el norte de África. Muchos de sus hijos y nietos crecieron lejos de nuestro país sin dejar de sentirse, de una forma u otra, vinculados a la tierra de sus abuelos. La llamada ley de nietos nace precisamente de esa historia.

La Junta Electoral Central examina estos días varios recursos relacionados con la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y con el voto de los españoles residentes en el extranjero. A primera vista, la discusión parece limitarse a cuestiones administrativas: inscripción en el censo, procedimientos consulares y garantías electorales. Sin embargo, basta escuchar algunos de los argumentos que se han puesto sobre la mesa para comprobar que el debate va mucho más allá de un expediente administrativo.

Vox denuncia un supuesto proceso "opaco", habla incluso de un "golpe de Estado a cámara lenta" y plantea suspender el voto por correo de los españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Otras organizaciones sostienen que la Ley de Memoria Democrática habría servido para alterar el censo con fines partidistas. Son acusaciones de enorme gravedad que, precisamente por esa razón, deberían apoyarse en pruebas igualmente sólidas.

La disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática no crea una nacionalidad nueva ni inventa ciudadanos. Reconoce jurídicamente un vínculo familiar que ya existía para miles de personas cuyos padres o abuelos fueron españoles y que, por razones históricas, nunca pudieron acceder a esa nacionalidad o transmitirla a sus descendientes. La diferencia no es menor.

Sin embargo, el foco del debate apenas se ha situado en esas personas. La atención se ha desplazado rápidamente hacia otra cuestión. ¿Cómo votarán?. El nuevo ciudadano deja de ser alguien que recupera un derecho reconocido por la ley para convertirse, antes incluso de votar por primera vez, en un posible elector cuya orientación política despierta sospechas.

La democracia descansa sobre un principio muy sencillo. El derecho al voto pertenece a los ciudadanos, no a quienes intentan anticipar el sentido de ese voto. Cuando un colectivo empieza a ser cuestionado por la posibilidad de que pueda favorecer a una determinada opción política, el problema deja de ser administrativo para convertirse en una cuestión de calidad democrática.

Eso no significa que cualquier procedimiento quede al margen de la crítica. El sindicato CSIF, por ejemplo, ha solicitado instrucciones más precisas para los consulados sobre la aplicación de algunos aspectos de la norma. Es una petición razonable si contribuye a reforzar la seguridad jurídica y la homogeneidad de criterios. Muy distinto es convertir una discusión técnica en la prueba de un supuesto fraude electoral sin aportar evidencias que lo sostengan.

Vox ha hecho de esta cuestión una nueva batalla política. El Partido Popular ha mantenido un perfil mucho más discreto, aunque en los últimos años también ha contribuido a alimentar un clima de creciente desconfianza hacia distintas instituciones del Estado cuando sus decisiones no coinciden con las expectativas de la oposición. El Tribunal Constitucional, la Fiscalía, el CIS, RTVE o el propio sistema de nombramientos de algunos órganos han sido objeto de esa estrategia de impugnación. Ahora la sospecha alcanza también al censo electoral de los españoles residentes en el extranjero.

El riesgo de esa dinámica va más allá del debate partidista. Cuando la sospecha se convierte en una herramienta política permanente, termina proyectándose sobre las propias instituciones y sobre las reglas del juego democrático. La desconfianza deja de dirigirse a una decisión concreta para extenderse al funcionamiento mismo del sistema.

Además, España fue durante décadas un país de emigrantes. Millones de personas conservaron el idioma, la memoria familiar y el vínculo afectivo con su lugar de origen pese a haber desarrollado su vida lejos de nuestras fronteras. Hoy una parte de sus descendientes recupera jurídicamente esa relación con España. Resulta llamativo que un país que durante tanto tiempo lamentó la marcha de tantos ciudadanos contemple ahora con recelo el regreso jurídico de algunos de sus nietos.

La Junta Electoral Central resolverá sobre procedimientos, plazos y garantías. Esa es su función. El debate político, sin embargo, seguirá siendo otro. No tanto cómo se tramita una nacionalidad, sino qué idea de comunidad política queremos construir.

Porque una democracia puede discutir cómo organiza su censo electoral o cómo mejora sus procedimientos administrativos. Lo que resulta mucho más difícil de explicar es por qué algunos ciudadanos empiezan a despertar sospechas incluso antes de haber votado por primera vez.