Europa avanza, pero España frena. Seis años después de que los Veintisiete pactaran una reforma del Acta Electoral Europea para establecer un umbral mínimo del 2% en las elecciones comunitarias, España sigue siendo el único Estado miembro que no la ha ratificado. La anomalía, más que jurídica, es profundamente política. Y en Bruselas, donde este bloqueo vuelve a ocupar la agenda, la mirada se dirige inevitablemente hacia Madrid y hacia Pedro Sánchez.
El Parlamento Europeo negocia estos días las enmiendas a un informe que busca desbloquear la situación. La reforma, suscrita por España en el Consejo Europeo, no puede entrar en vigor hasta que todos los Estados la ratifiquen siguiendo sus reglas constitucionales. A día de hoy, solo uno no lo ha hecho: España. Y esa inacción, advierte un informe del Europarlamento, obstaculiza la uniformidad electoral europea que pretendía alcanzarse con el nuevo sistema.
La paradoja es evidente. Con 61 eurodiputados, España utiliza una circunscripción única y carece de umbral electoral. Pero a la vez exige a Bruselas una mayor integración política mientras retiene una de las reformas más básicas de su funcionamiento democrático.
Bloqueo político
En el plano técnico, el camino está despejado. El Tribunal Constitucional español avala la posibilidad de introducir umbrales, los precedentes comparados son amplios y varios Estados, como Alemania, han modificado incluso su Constitución para adaptarse a la normativa europea. España no afronta obstáculos de este tipo.
El bloqueo responde a otro factor: la reforma impactaría directamente en el ecosistema parlamentario que sostiene a Pedro Sánchez. Establecer un umbral del 2% significaría, en la práctica, dejar fuera del Parlamento Europeo a algunos de sus socios minoritarios, particularmente aquellos cuya representación comunitaria depende de porcentajes reducidos del voto nacional.
La legislación española, para adaptarse al estándar europeo, requiere modificar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Y aquí es donde la aritmética del Congreso pesa más que el Derecho de la Unión.
La aritmética del poder de Pedro Sánchez
El debate del umbral electoral no es técnico: es existencial para algunos partidos clave en el equilibrio político español. La reforma europea pondría en riesgo los escaños comunitarios de formaciones que, aunque pequeñas en votos, son decisivas en la gobernabilidad de España. En el centro de esa ecuación está el PNV, una minoría parlamentaria con un poder efectivo desproporcionado.
En las últimas elecciones europeas, el PNV, que se presentó dentro de la coalición CEUS, logró un eurodiputado con el 1,63% del voto nacional. Traducido a escala comunitaria, supone menos del 0,078% del censo electoral europeo. Con el umbral vinculante del 2%, ese escaño simplemente no existiría.
Para un partido cuya influencia en Madrid depende tanto de su capacidad para operar en Bruselas, este resultado sería algo más que un revés: sería una pérdida estratégica.
De ahí que el acuerdo de investidura firmado entre el PSOE y el PNV incluyera una cláusula explícita:
no modificar la LOREG sin acuerdo previo con la formación vasca. Y, en circunstancias ordinarias, no promover cambios que afectaran la representación europea. Es un veto político con forma de garantía jurídica.
El PNV no está solo. Otros aliados de Sánchez también se moverían en el filo del nuevo umbral. El coste político de armonizar España a la normativa europea sería, por tanto, directamente proporcional al riesgo de fragmentar la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez desde la investidura.
Lo que para Bruselas es un ejercicio de orden electoral, para Madrid es una amenaza a la estabilidad parlamentaria.
La supervivencia sanchista no cuela en Bruselas
España se encuentra así atrapada entre dos lógicas. Porun lado, la lógica europea, que exige homogeneidad y sistemas más robustos. En otro orden, la lógica doméstica, que depende de una constelación de partidos pequeños cuyo peso político supera su tamaño electoral.
El Gobierno español no bloquea la reforma por discrepancia técnica, sino porque su implementación redibujaría el mapa de poder en Madrid. Una decisión que coloca al Ejecutivo en una posición incómoda frente a Bruselas, pero que es vista en Moncloa como indispensable para asegurar la gobernabilidad.
Europa aprieta
El borrador de informe que examina ahora el Parlamento Europeo insta a España a activar “cuanto antes” los procedimientos legislativos para aprobar la Decisión 2018/994. El texto sostiene que introducir umbrales, lejos de debilitar la representación, ayudaría a mitigar la fragmentación en la Eurocámara y reforzar su estabilidad institucional.
Si España continúa paralizando el proceso, el Parlamento podría invocar la “necesidad urgente” de aprobar la reforma y enviar una notificación formal al Consejo invocando el principio de cooperación leal del artículo 4.3 del TUE. Una presión diplomática inusual hacia un Estado miembro mayor, pero que refleja la creciente impaciencia en Bruselas.
Bloqueo y tensión
El retraso español en ratificar la reforma electoral europea es un síntoma. Revela la tensión entre dos principios que España afirma defender, el europeísmo institucional y el pluralismo territorial interno.
Para un país que históricamente ha apostado por una integración profunda en la UE, ser el único eslabón pendiente genera incomodidad. Para un gobierno que depende de socios minoritarios, introducir un umbral mínimo del 2% es políticamente mortal. Sánchez lo sabe y si tiene que elegir entre el interés general y su propio interés, como siempre, se mirará al espejo y se decidirá por lo que a él más le conviene.