En una comparecencia de alto contenido político e institucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, trazó la hoja de ruta de España frente a la nueva crisis en Oriente Medio, desencadenada tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta iraní sobre varios países de la región. Su intervención, con tono de ensayo de fondo y apelaciones constantes a la memoria histórica, dejó un mensaje central que resume la posición oficial: “La posición del Gobierno de España se resume en cuatro palabras: no a la guerra”.
Sánchez comenzó informando a la ciudadanía de la gravedad de los acontecimientos y expresó “la solidaridad del pueblo español con los países atacados ilegalmente por el régimen de Irán”. Desde el inicio, su discurso combinó la condena a las acciones militares y la advertencia sobre las consecuencias humanas y económicas de una escalada que, lejos de estabilizar la región, amenaza con extender la incertidumbre a escala global. Las hostilidades, recordó, han provocado ya centenares de muertes en hogares, escuelas y hospitales, mientras los mercados internacionales reaccionan con fuertes caídas y el tráfico energético sufre interrupciones sensibles.
Uno de los puntos más delicados es el estrecho de Ormuz, por donde transitaba hasta hace poco el 20 % del gas y del petróleo mundial. La disrupción en esta vía estratégica anticipa subidas en el precio del crudo y del gas, con impacto directo en la inflación, la cesta de la compra y el coste de la vida en Europa. “Nadie sabe con certeza qué pasará ahora”, reconoció el presidente, subrayando que ni siquiera están claros los objetivos de quienes lanzaron el primer ataque. Pero asumió que existe la posibilidad de una “guerra larga con numerosas bajas” y con consecuencias graves para la economía mundial.
En este contexto, Sánchez quiso fijar con claridad la posición política y jurídica de España. Aseguró que el Ejecutivo mantiene la misma línea que ha defendido en conflictos como Ucrania o Gaza: la defensa del derecho internacional como marco de convivencia global. “No a la quiebra de un derecho internacional que nos protege a todos, especialmente a los más indefensos”, afirmó, antes de rechazar la idea de que los problemas del mundo solo puedan resolverse “a base de conflictos y bombas”. A su juicio, repetir ese esquema supondría reincidir en errores que ya demostraron ser profundamente dañinos.
La referencia histórica fue explícita y cargada de intención política. Hace 23 años, recordó, otra administración estadounidense arrastró a Europa a la guerra de Irak contra el régimen de Saddam Hussein. Aquella intervención, justificada entonces por la supuesta existencia de armas de destrucción masiva y la promesa de mayor seguridad global, terminó generando —según el presidente— el efecto contrario: una expansión del terrorismo yihadista, una grave crisis migratoria en el Mediterráneo oriental y un encarecimiento generalizado de la energía. “Ese fue el regalo del trío de las Azores a los europeos de entonces: un mundo más inseguro y una vida peor”, afirmó, recuperando una de las imágenes más simbólicas de la política exterior española contemporánea.
Sin afirmar que la situación actual vaya a desembocar necesariamente en un escenario similar, Sánchez sostuvo que la experiencia obliga a la prudencia. “No se puede responder a una ilegalidad con otra, porque así es como empiezan los grandes desastres de la humanidad”, advirtió. Para reforzar esa idea, evocó el inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando el entonces canciller alemán fue incapaz de explicar con claridad cómo se había llegado al estallido bélico. “Muy a menudo, las grandes guerras estallan por una concatenación de respuestas que se van de las manos”, señaló, alertando contra errores de cálculo, fallos técnicos o acontecimientos imprevistos que pueden desencadenar dinámicas incontrolables.
Más allá del análisis geopolítico, el presidente detalló las acciones concretas del Gobierno. Confirmó que el servicio exterior y el Ejército trabajan en dispositivos de evacuación para asistir a los españoles que se encuentran en la región y facilitar su regreso, pese a las enormes dificultades operativas derivadas de la inseguridad del espacio aéreo y del deterioro de las infraestructuras aeroportuarias. “Nuestros compatriotas pueden tener la certeza de que vamos a protegerles y de que vamos a traerles de vuelta a casa”, aseguró.
En paralelo, el Ejecutivo estudia posibles medidas económicas para mitigar el impacto del conflicto en hogares, trabajadores, empresas y autónomos. Sánchez reivindicó la fortaleza económica del país y la responsabilidad fiscal de su Gobierno, subrayando que España dispone de recursos y voluntad política para actuar si fuera necesario, como ya hizo durante la pandemia o la crisis energética. El mensaje implícito es que la estabilidad interna forma parte también de la respuesta estratégica ante la crisis internacional.
En el plano diplomático, España trabajará con sus aliados europeos para articular una respuesta coordinada y seguirá colaborando con los países de la región que abogan por la paz y el cumplimiento de la legalidad internacional. El presidente fue especialmente enfático al afirmar que España, como miembro de la OTAN y de la Unión Europea, tiene no solo el derecho sino la obligación de “exigir” una resolución diplomática a Estados Unidos, Irán e Israel antes de que la espiral de violencia sea irreversible.
Sánchez no eludió la condena al régimen iraní, al que acusó de reprimir y matar “vilmente a sus ciudadanos, particularmente a las mujeres”. Sin embargo, estableció una distinción clave: repudiar a los ayatolás no implica respaldar la guerra. “La pregunta no es si estamos o no a favor de los ayatolás. Nadie lo está. La pregunta es si estamos o no del lado de la legalidad internacional y, por tanto, de la paz”, afirmó, situando el debate en el terreno de los principios y no de las simpatías ideológicas.
El tramo final de su intervención apeló a la identidad europea y constitucional de España. El Gobierno, dijo, está con los valores consagrados en la Constitución, con los principios fundacionales de la Unión Europea y con la Carta de Naciones Unidas. Frente a quienes tildan de ingenua la apuesta por la diplomacia, replicó que “lo ingenuo es pensar que la solución es la violencia” o creer que la democracia brota de las ruinas.
En definitiva, la comparecencia dibuja una línea política nítida: España no se sumará a una lógica de confrontación que, a juicio del Ejecutivo, solo genera inseguridad, inflación y fractura internacional. “No vamos a ser cómplices de algo que es malo para el mundo y que también es contrario a nuestros valores e intereses”, concluyó Sánchez, reivindicando la paz no solo como imperativo moral, sino como una estrategia coherente de defensa del interés nacional en un contexto global marcado por la incertidumbre.