Pedro Sánchez volvió este domingo a uno de los terrenos que mejor conoce, el de la resistencia política convertida en discurso de gobierno. Lo hizo en la clausura del 27º Congreso de Juventudes Socialistas, en un momento especialmente delicado para el PSOE, marcado por investigaciones judiciales que afectan a figuras relevantes del partido, por la entrada de la UCO en Ferraz y por una oposición que ha intensificado la presión para forzar un adelanto electoral. En ese contexto, el presidente optó por una combinación calculada de reconocimiento limitado de los problemas y reafirmación de continuidad institucional.
La idea central de su intervención fue clara. El PSOE puede cometer errores, pero no piensa abandonar la batalla política. Sánchez habló de “tropiezos” y de un “proyecto humano”, una fórmula que busca admitir dificultades sin asumir el marco de colapso que intenta imponer la oposición. Es una línea discursiva arriesgada, porque el momento exige más que una apelación emocional a la resistencia, pero también responde a una lógica política evidente. Si el presidente aceptara que la legislatura está agotada, entregaría a sus adversarios la victoria principal antes incluso de convocar elecciones.
Sánchez intenta fijar una frontera entre los problemas reales del PSOE y la estrategia de derribo que atribuye a la derecha. Esa distinción será clave en las próximas semanas. El Gobierno no puede negar la gravedad política de las investigaciones ni el impacto simbólico de determinadas imágenes, pero tampoco está obligado a aceptar que toda investigación judicial se transforme automáticamente en una condena política del conjunto del Ejecutivo. Ahí se sitúa buena parte del pulso actual.
El presidente insistió en que agotará la legislatura hasta 2027 y abrió incluso la puerta a ir “más allá”, si los ciudadanos lo permiten en las urnas. La frase tiene una clara función de autoridad. Pretende trasladar a los socios parlamentarios, al PP y al propio electorado socialista que Moncloa no se plantea un repliegue. El mensaje coincide con la lectura que se ha instalado en el núcleo duro del Gobierno, según la cual no existe ahora una mayoría alternativa sólida capaz de sustituir al Ejecutivo sin depender de una operación parlamentaria de enorme coste político para algunos de sus posibles protagonistas.
Sánchez elevó además el tono contra Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y José María Aznar. Al expresidente popular le reprochó la corrupción, la gestión política posterior al 11M y la participación española en la guerra de Irak, en respuesta a la recuperación por parte de Aznar de su conocida consigna “quien pueda hacer que haga”. Esa frase, que el PP ha vuelto a colocar en circulación en plena presión judicial sobre el PSOE, fue interpretada por Sánchez como una proclama de atajo político más que como una apelación democrática ordinaria.
También cargó contra Vox por su participación en un acto en Oporto que el presidente definió como xenófobo y vinculó a discursos de supremacía racial. En ese punto, Sánchez buscó situar al PP ante una contradicción que lleva meses explotando políticamente, la dependencia creciente de Feijóo respecto a una extrema derecha que ya no disimula su lenguaje excluyente. La crítica no iba dirigida solo a Vox, sino a una derecha que, según el presidente, acepta como coste asumible la radicalización xenófoba con tal de llegar al poder.
El discurso tuvo, por tanto, una doble dimensión. Internamente, buscó levantar la moral de una organización golpeada. Externamente, pretendió ordenar el relato de la crisis. Sánchez no negó los problemas, pero trató de subordinarlos a una cuenta de resultados más amplia, la de ocho años de gobierno progresista con avances en empleo, derechos sociales, igualdad y presencia internacional. Ese balance es el que el presidente quiere confrontar con el relato de una oposición centrada, a su juicio, en la demolición.
El riesgo para Sánchez es evidente. La resistencia solo funciona políticamente si no se convierte en mera supervivencia. Para sostener la legislatura no bastará con denunciar las malas artes de la oposición. Harán falta explicaciones, transparencia, iniciativa parlamentaria y capacidad para demostrar que el Gobierno aún tiene agenda propia. Pero también es cierto que la oposición ha fiado buena parte de su estrategia a una política de desgaste que, de momento, no ha conseguido articular una alternativa parlamentaria limpia y viable.
Por eso el discurso de Sánchez debe leerse menos como una celebración de fortaleza que como una declaración de posición ante una legislatura que entra en una fase más dura. El presidente sabe que gobierna bajo presión. También sabe que adelantar elecciones ahora equivaldría a aceptar el calendario de sus adversarios. Su apuesta es resistir, ordenar el campo propio y obligar a la derecha a demostrar si tiene algo más que ruido, impaciencia y una alianza cada vez más incómoda con Vox.