El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un momento de máxima tensión en Oriente Medio, ha optado por una posición que combina condena explícita a los ataques iraníes y rechazo a la ofensiva de Estados Unidos e Israel, articulando un discurso que busca anclarse en la legalidad internacional más que en alineamientos automáticos. La crisis, que ha extendido los bombardeos desde el Golfo hasta el Levante mediterráneo, ha obligado a Madrid a definirse en un terreno diplomático particularmente resbaladizo.
Sánchez ha condenado “enérgicamente” los ataques ilegales e indiscriminados de Irán contra países como Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán, entre otros Estados de la región. Al mismo tiempo, ha censurado el lanzamiento de misiles por parte de Hezbolá y el ataque israelí contra Líbano, subrayando que la espiral bélica amenaza con desbordar cualquier cálculo estratégico inicial.
Sin embargo, la declaración más significativa no ha sido la condena a Teherán, sino el reproche simultáneo a la ofensiva emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, que el presidente español ha calificado como un “atropello a la legalidad internacional”. En ese equilibrio reside la singularidad de la posición española: no se trata de una neutralidad equidistante, sino de una defensa normativa que juzga las acciones por su encaje jurídico más que por la identidad de quien las ejecuta.
Sánchez ha descrito la situación en Oriente Medio como “muy preocupante”, insistiendo en que la violencia solo genera más violencia y que, aunque las bombas puedan dirigirse contra objetivos militares, terminan alcanzando calles, aeropuertos y hogares de civiles inocentes. En su narrativa, el centro de gravedad no es únicamente la seguridad estratégica, sino el impacto humano y la erosión progresiva de las reglas que han intentado ordenar el sistema internacional desde 1945.
El presidente también ha dirigido duras palabras contra el régimen del fallecido ayatolá Alí Jamenei, al que ha calificado de “totalitario y cruel”, especialmente por la represión ejercida contra las mujeres iraníes. Esa condena al sistema político iraní convive, sin embargo, con la exigencia de que cualquier respuesta internacional se mantenga dentro de los márgenes del derecho internacional. En otras palabras, el rechazo al autoritarismo no legitima, a juicio de Madrid, la acción militar unilateral.
En las últimas horas Irán ha atacado Arabia Saudí, Baréin, Catar, Chipre, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Israel, Jordania, Kuwait y Omán.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 2, 2026
Condenamos enérgicamente todos los ataques ilegales e indiscriminados contra los países del Consejo de Cooperación del Golfo y otros países de…
En el trasfondo de su intervención late una preocupación más amplia por la arquitectura de no proliferación nuclear. Sánchez ha recordado el marco del Tratado de No Proliferación y ha instado a las grandes potencias a sentarse a negociar para evitar una nueva carrera armamentística. El mensaje interpela tanto a Washington como a Teherán: a la primera, por su responsabilidad como potencia nuclear consolidada; al segundo, por su programa de enriquecimiento de uranio y la sospecha persistente de ambiciones militares.
La posición española se inscribe en una tradición reciente de política exterior que busca coherencia discursiva en distintos escenarios —desde Gaza hasta Ucrania o Venezuela— bajo el paraguas de la diplomacia y el respeto a la legalidad internacional. Pero la coherencia tiene costes. En un contexto en el que las alianzas se tensan y los bloques se reafirman, la insistencia en la norma puede interpretarse como ambigüedad por unos y como tibieza por otros.
Con todo, la apuesta de Sánchez es clara: frenar la escalada militar en Oriente Medio, exigir el respeto al derecho internacional y reivindicar la diplomacia como única salida sostenible.