Pedro Sánchez ha llevado la crisis de Ceuta hasta la tribuna de Naciones Unidas, pero no para asumir el marco que durante las últimas semanas ha dominado buena parte de la batalla política española. Frente a quienes han presentado la llegada masiva de migrantes fundamentalmente como una amenaza para la seguridad nacional, el presidente del Gobierno ha situado el foco sobre la desigualdad, la desesperación y la desinformación y ha advertido contra una respuesta construida sobre el miedo y la identificación del migrante con un enemigo.
La intervención llega después de semanas en las que la inmigración se ha convertido en uno de los principales terrenos de confrontación entre el Ejecutivo y el PP. Alberto Núñez Feijóo ha hablado de «invasión» para referirse a lo sucedido en Ceuta y ha defendido una política basada en las expulsiones de quienes se encuentran irregularmente en España, el refuerzo de la presencia militar en Ceuta y Melilla y nuevas medidas de seguridad fronteriza.
Sánchez ha utilizado precisamente el escenario de la Asamblea General para defender otro principio. Una crisis migratoria, por grave que sea, no suspende el Estado de derecho. «La tentación es elegir el atajo; ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad», afirmó ante los dirigentes reunidos en Nueva York. España, aseguró, no recorrerá ese camino.
Ceuta como campo de batalla político
La referencia a la desinformación tampoco es nueva. Sánchez ya había sostenido que antes de las llegadas del 30 y 31 de julio circuló en redes sociales una interpretación falsa de una sentencia del Tribunal Supremo según la cual quienes alcanzasen España a nado no podrían ser devueltos en frontera. Según explicó posteriormente el presidente, esa información resultó falsa y buena parte de quienes habían entrado regresaron a Marruecos.
El propio Sánchez ha reconocido también responsabilidades fuera de España. Esta semana aseguró que el mecanismo de control fronterizo marroquí «falló» durante la entrada masiva y señaló que el Gobierno ha pedido explicaciones y medidas a Rabat. La crisis, por tanto, existe y continúa sin estar completamente resuelta. Lo que está en disputa es también la manera de explicarla.
El Parlamento Europeo ya ha sido escenario de esa confrontación. La derecha ha cuestionado la gestión del Ejecutivo español, en tanto que los grupos de izquierda han denunciado la instrumentalización política de la inmigración. El comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, llegó a definir lo sucedido como un auténtico «test de estrés» para la Unión Europea.
Ante la ONU, Sánchez ha intentado elevar esa discusión a una cuestión de principios. Su argumento es que garantizar la seguridad de una frontera y respetar los derechos humanos no son objetivos incompatibles.
Del migrante como enemigo al derecho internacional
Ceuta ha servido además como puerta de entrada a una intervención mucho más amplia sobre el deterioro del sistema multilateral. Sánchez ha reivindicado la actuación internacional de España durante los últimos ocho años y ha defendido la oposición española a las guerras de agresión, las sanciones contra Rusia, el embargo de armas a Israel y el rechazo del Ejecutivo a elevar el gasto militar hasta el 5% reclamado en el seno de la OTAN.
El presidente ha situado estas decisiones dentro de una misma concepción de la política exterior. Las normas internacionales deben aplicarse incluso cuando hacerlo resulte políticamente más difícil. Esa idea le ha permitido enlazar la inmigración con Gaza, Ucrania, Irán y la propia supervivencia de Naciones Unidas. Sánchez ha denunciado la existencia de gobiernos y movimientos políticos que cuestionan las instituciones multilaterales, reducen sus recursos y posteriormente utilizan su debilitamiento como argumento para desacreditarlas. Su advertencia ha sido especialmente dura al hablar de una política internacional asentada sobre «el egoísmo», «la ignorancia» y «la crueldad».
Una ONU con menos vetos y más capacidad
El discurso tampoco se ha limitado a defender el sistema existente. Sánchez ha reconocido las carencias de Naciones Unidas y ha reclamado una reforma del Consejo de Seguridad que amplíe la representación regional y limite uno de sus elementos más controvertidos, el derecho de veto de sus cinco miembros permanentes.
España respalda la iniciativa franco-mexicana destinada a restringir su utilización en determinadas circunstancias y reclama además más recursos para los organismos de Naciones Unidas y un fortalecimiento del Tribunal Penal Internacional.
El presidente ha incorporado a esa agenda otro de sus frentes políticos internacionales, el poder de las grandes plataformas digitales y de los propietarios de las principales compañías tecnológicas. Ha reclamado una regulación más estricta de las redes sociales y de la inteligencia artificial frente al poder de los denominados «tecno-oligarcas». Pero Ceuta ha proporcionado la imagen política más cercana de todo el discurso.
Después de semanas de acusaciones cruzadas, Sánchez ha llevado ante Naciones Unidas una tesis sencilla. Un Estado puede controlar sus fronteras sin deshumanizar a quienes intentan cruzarlas. Y ha situado a España en esa posición justo cuando el debate político interno se mueve en sentido contrario y el lenguaje de la «invasión» ha pasado a formar parte del discurso del principal partido de la oposición.
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