El ataque de guerra híbrida de Marruecos contra España con la irrupción masiva de personas en Ceuta ha terminado por hacer saltar por los aires la frágil cohesión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de política exterior. En un movimiento de hondo calado político que desarticula la estrategia trazada desde el Palacio de la Moncloa, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha decidido romper públicamente con el argumentario oficial y plantar cara al sesgo servil y sumiso que el Ministerio de Asuntos Exteriores, capitaneado por José Manuel Albares, insiste en mantener hacia el Reino de Marruecos.
La escena política española ha presenciado así un choque frontal de narrativas entre dos de los carteras de peso del Ejecutivo. Mientras el diplomático Albares se afana en defender la fiabilidad de Rabat como socio estratégico y apela a supuestas conspiraciones de la extrema derecha internacional para desviar el foco sobre la pasividad marroquí, Robles adopta la contundencia propia de quien custodia la seguridad nacional. Al exigir a las autoridades alauíes que investiguen «hasta el final» las responsabilidades políticas o la complicidad del régimen en el cruce masivo, y al sostener taxativamente que «Ceuta y Melilla no se tocan», la titular de Defensa marca una divisoria tajante. Es la constatación de que una parte del Gobierno se niega a actuar como comparsa del chantaje fronterizo y rehúsa dar cobertura al intento de Moncloa de exonerar a Marruecos por el goteo de muertes en la frontera sur.
Una enmienda a la totalidad de la política de apaciguamiento
Desde la sede del Cuarto Batallón de Intervención en Emergencias en la Base Aérea de Zaragoza, las palabras de Margarita Robles no sonaron como una mera declaración sectorial, sino como una enmienda a la totalidad de la línea diplomática seguida por el Palacio de la Moncloa. Al situarse ante los micrófonos, la titular de Defensa rehusó aplicar el lenguaje edulcorado que habitualmente emplea el Ministerio de Asuntos Exteriores para referirse a la conducta de los servicios de seguridad del país vecino. Robles exigió al Gobierno de Marruecos que investigue «hasta el final» el trasfondo de la crisis humanitaria, lanzando una advertencia implícita sobre la posible connivencia del régimen alauí en la orquestación o tolerancia del movimiento masivo hacia el dique del Tarajal.
La contundencia del discurso de Robles cobra especial dimensión política al señalar directamente a las redes de instrumentalización y exigir responsabilidades caiga quien caiga. Para la ministra, tanto España como Marruecos no pueden «mirar para otro lado» ante la acumulación de cadáveres rescatados del mar, una cifra que sitúa la tragedia cerca del centenar de fallecidos. En sus declaraciones a los medios, Robles enfatizó que «quien haya estado detrás de esto, las mafias o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades», un matiz crucial que sitúa la lupa no solo en las organizaciones delictivas de tráfico de personas, sino en las autoridades o estamentos de seguridad del país vecino que abrieron las compuertas o miraron hacia otra parte mientras miles de personas eran arrastradas hacia la muerte.
El desmarque de la titular de Defensa va más allá de la exigencia de explicaciones sobre el origen de la crisis; ataca el corazón de las pretensiones soberanistas de Rabat sobre las dos ciudades autónomas. Con una contundencia militar e institucional que contrasta con el perfil bajo de otros miembros del Gabinete, Robles recalcó que «todo el mundo tiene que tener muy claro que la integridad territorial y la soberanía española no se tocan». Para refrendar este mensaje de disuasión, la ministra garantizó que las Fuerzas Armadas continuarán desplegadas de manera permanente en el territorio ceutí para prestar apoyo logístico y operativo a la Guardia Civil en la protección del perímetro fronterizo, lanzando así un mensaje inequívoco tanto a la diplomacia alauí como a las corrientes de opinión internas de Moncloa que apuestan por la condescendencia.
Albares: La defensa abnegada del socio marroquí
El contrapunto al discurso de firmeza de la titular de Defensa lo ofreció de manera simultánea el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. En una entrevista concedida a Televisión Española, José Manuel Albares volvió a desplegar el argumentario oficial diseñado por los estrategas de Moncloa para amortiguar las críticas hacia el régimen alauí y preservar a toda costa la entente diplomática sellada con Rabat. Lejos de pedir explicaciones por la inacción de las Fuerzas Auxilares marroquíes durante las horas críticas del cruce masivo, Albares prefirió ensalzar la disposición del país vecino, afirmando que Marruecos ha prestado su colaboración «desde el primer momento» para tratar de «minimizar» la gravedad de los acontecimientos y facilitar el retorno acelerado de quienes accedieron irregularmente a suelo español.
Al ser interrogado sobre si el Reino de Marruecos puede seguir siendo considerado un socio confiable tras el colapso fronterizo y el trágico balance de muertos en la costa de Ceuta, la respuesta del jefe de la diplomacia española se alineó plenamente con las posiciones más benévolas hacia Rabat. Albares se remitió «a los hechos» para argumentar que el Gobierno de Mohammed VI ofreció su concurso operativo desde el minuto uno para contener los flujos de personas y garantizar el procedimiento de devolución de miles de migrantes. En la narrativa construida por la diplomacia de Moncloa, la responsabilidad del país vecino queda difuminada, presentándose a Marruecos no como el inductor o facilitador de la presión fronteriza, sino como un aliado diligente que colabora activamente en la resolución del problema.
Esta defensa encendida del papel desempeñando por Rabat se completa con una línea argumental que intenta desviar la atención del fallo de inteligencia o de la pasividad fronteriza hacia factores políticos externos. Durante su intervención, Albares denunció la existencia de una campaña coordinada por la denominada «internacional reaccionaria», a la que acusó de abalanzarse con rapidez sobre los acontecimientos para amplificar el caos mediante «mentiras y falsas noticias» sobre la seguridad del espacio Schengen. Al poner el foco en la agitación en redes sociales y en las críticas vertidas por otros gobiernos comunitarios, el ministro de Asuntos Exteriores buscó desacreditar las denuncias sobre la fragilidad del control fronterizo, tratando de encapsular la crisis como un fenómeno de desinformación oportunista más que como una quiebra real de la contención en la frontera sur.
Fractura en el relato del Gobierno de Pedro Sánchez
El contraste entre las posiciones de Margarita Robles y José Manuel Albares deja al descubierto una profunda grieta en el relato del Ejecutivo central sobre la gestión de la seguridad nacional. Mientras el Ministerio de Asuntos Exteriores justifica la falta de previsión argumentando que se produjo un flujo inusual y manipulado en las plataformas digitales que modificaba de forma malintencionada el alcance de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente, la postura del Ministerio de Defensa sugiere una lectura mucho más crítica con los sistemas de detección temprana y con el verdadero grado de lealtad de las autoridades alauíes. La tesis de que la inteligencia española y la diplomacia hicieron «todo lo que estaba en su mano» choca frontalmente con la exigencia de Robles de auditar la permisividad o complacencia del aparato de seguridad marroquí.
La distancia que separa a ambos ministros se extiende también al plano de las relaciones internacionales y la política europea. En su afán por proteger el marco de entendimiento con Marruecos, Albares no dudó en cargar duramente contra socios comunitarios como Italia por haber cuestionado la gestión española del espacio Schengen y haber aprobado, sólo para los ciudadanos no comunitarios, la suspensión temporal de los acuerdos de libre circulación. El ministro tachó la actitud de Roma de insolidaria, contraponiendo las cifras de entradas irregulares de ambos países para defender el supuesto éxito del modelo migratorio español. Sin embargo, este choque con aliados europeos contrasta con la cautela y la tibieza que el propio Ministerio de Asuntos Exteriores mantiene cuando se trata de exigir responsabilidades al régimen de Rabat por la vulneración de los límites fronterizos en Ceuta.
Por su parte, Margarita Robles ha preferido atrincherarse en la legalidad institucional y en el mandato de custodia territorial que le corresponde a su cartera. Al subrayar que los procesos de devolución de quienes entraron de forma irregular deben realizarse «siempre con arreglo a la legalidad» y al insistir en la protección del bienestar de las personas engañadas por las mafias o por quienes las impulsaron «echándoles a la muerte», la titular de Defensa combina la firmeza soberanista con una velada crítica a las causas estructurales que permitieron la tragedia. Robles rehúsa dar por buena la mera agilidad en las devoluciones (un dato que Albares presenta como la prueba del éxito diplomático con sus 69.500 retornos contabilizados por las Fuerzas de Seguridad) si esto implica pasar por alto las causas profundas y las complicidades políticas que facilitaron la pérdida de decenas de vidas humanas en el mar.
La brecha ineludible en el seno del Ejecutivo frente al ataque marroquí
La coexistencia de dos discursos incompatibles dentro del Gabinete de Pedro Sánchez pone de manifiesto que la política hacia Marruecos se ha convertido en una fuente inagotable de fricción interna. Por un lado, la corriente pragmática y sumisa personificada por José Manuel Albares sostiene que la prioridad absoluta debe ser mantener la paz diplomática con el reino alauí a cualquier precio, aceptando la narrativa de Rabat sobre su colaboración impecable y minimizando los episodios de presión fronteriza como imprevistos causados por bulos en las redes sociales. Esta visión asume que la estabilidad de Ceuta y Melilla depende de la buena voluntad del país vecino y que cualquier reproche público a sus fuerzas de seguridad puede desencadenar males mayores.
En el extremo opuesto, la postura adoptada por Margarita Robles entronca con la sensibilidad de la mayoría de la sociedad española y del propio estamento militar, que perciben la estrategia de Moncloa como una concesión inaceptable frente a un socio que recurre sistemáticamente a la coacción en la frontera. Al proclamar que la españolidad y la soberanía de las dos ciudades autónomas no se negocian ni se discuten con nadie, y al exigir que se depuren responsabilidades en el lado marroquí por el trágico cruce masivo, la ministra de Defensa rompe la hegemonía del relato de la apaciguamiento. Su intervención deja en evidencia que la doctrina oficial de Moncloa sobre Marruecos no goza de consenso ni siquiera dentro del núcleo duro del Consejo de Ministros, abriendo un debate de hondo calado sobre los límites de la servidumbre diplomática ante la pérdida de vidas en la frontera sur.
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