El Gobierno aprobará este martes una regularización extraordinaria de migrantes por decreto. No es un gesto simbólico ni una concesión ideológica: es una decisión de gestión. Tras años de parálisis parlamentaria y un mercado laboral que funciona a base de excepciones, el Ejecutivo opta por resolver de una vez una realidad que ya existe. La medida nace del acuerdo entre PSOE y Podemos y recupera el espíritu de una Iniciativa Legislativa Popular que duerme en el Congreso desde hace más de un año, avalada por 700.000 firmas y un consenso político que se evaporó cuando llegó el momento de legislar.
La regularización afectará a personas extranjeras que ya viven en España antes del 31 de diciembre de 2025 y que puedan acreditar al menos cinco meses de estancia. No se trata de abrir fronteras, sino de cerrar una grieta jurídica: personas que trabajan, pagan alquileres, envían remesas, cuidan mayores o limpian hoteles, pero que no existen administrativamente. La política migratoria española lleva años sosteniéndose sobre esa contradicción.
El decreto permitirá una autorización provisional de residencia mientras se tramita la situación definitiva. Es, en la práctica, un mecanismo de ordenación del mercado de trabajo y de normalización de derechos básicos. También una forma de reducir la arbitrariedad, que es siempre el primer síntoma de la desigualdad institucionalizada.
El empadronamiento como frontera
La derecha ya ha empezado a reaccionar. Lo hace como siempre: convirtiendo un trámite administrativo en una amenaza civilizatoria. El empadronamiento, que en cualquier municipio sirve para contar personas y planificar servicios, pasa a ser presentado como puerta falsa, coladero o llamada al caos. Es una retórica importada, con bastante precisión, del trumpismo: exagerar el gesto técnico hasta transformarlo en apocalipsis.
Donald Trump construyó su carrera política sobre una idea sencilla: el migrante no es un trabajador, es un peligro. El PP y Vox adaptan el guion con menos presupuesto y el mismo tono. No es casual que las palabras más repetidas estos días sean “efecto llamada” y “fraude”, términos que no describen nada pero sirven para desplazar el debate. Cuando no se quiere hablar de derechos, se habla de sospecha.
Lo que el decreto corrige (y lo que no)
La regularización no es una amnistía general ni una puerta abierta. Exige pruebas de arraigo, estancia continuada y documentación verificable. No borra la precariedad, pero la reduce. No resuelve el colapso de las oficinas de extranjería, pero lo alivia. No sustituye una política migratoria estructural, pero gana tiempo y ordena el presente.
España necesita trabajadores y los tiene. Lo que no tenía hasta ahora era una vía para sacarlos del limbo sin someterlos a años de trámites imposibles. La economía informal, que tanto escandaliza en los discursos, se alimenta precisamente de esa irregularidad forzada. Regularizar no es un gesto humanitario: es una medida de eficiencia institucional.
El decreto como síntoma político
Que el Gobierno recurra al real decreto no es solo una decisión técnica, es una constatación: el Parlamento ha dejado de ser un espacio eficaz para resolver ciertos consensos. La ILP sigue varada pese a haber sido admitida a trámite con el apoyo de casi todos los grupos. Cuando el bloqueo se convierte en norma, el Ejecutivo gobierna como puede. Y esta vez ha elegido gobernar.
El acuerdo con Podemos devuelve al socio minoritario una centralidad que había perdido en la agenda social. También marca un límite: la política migratoria no se hace desde la bronca, sino desde el derecho. Y eso, en un clima político contaminado por la importación de miedos estadounidenses, es casi una anomalía.
Mientras Trump presume de muros, España regulariza. No por altruismo, sino por realismo. Porque la invisibilidad no ordena nada, solo desplaza el problema. Y porque un Estado que no sabe quién vive en su territorio es un Estado que renuncia a gobernarlo.