Puigdemont revienta al PSOE: «Sánchez es una persona amoral y con una ambición desmedida»

«Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España», es la frase de Puigdemont que demuestra muchas cosas que han ocurrido en la anterior legislatura y que confirman muchos de los análisis de Diario Sabemos de los últimos cuatro años

19 de Noviembre de 2026
Actualizado a las 9:54h
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Crochet Puigdemont Sanchez Junts
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Pedro Sánchez llegó a la investidura de noviembre de 2023 con una necesidad aritmética que terminó convirtiéndose en una formidable debilidad política. Sin los votos de Carles Puigdemont, el líder socialista no podía continuar en La Moncloa y Junts, consciente de esa dependencia, encontró una oportunidad para convertir su apoyo parlamentario en una palanca de presión sobre el Estado. La entrevista concedida por el expresidente catalán a El Mundo ofrece un retrato descarnado de aquella negociación. No hubo confianza. No hubo una reconciliación política y, según el propio Puigdemont, tampoco una conversión ideológica del PSOE. Hubo, sobre todo, una oportunidad para explotar la necesidad de poder del presidente.

La confesión resulta demoledora. Puigdemont recuerda que fueron los socialistas quienes llamaron a su puerta y que en Junts recibieron el movimiento con una mezcla de escepticismo y cálculo. «Vamos a probar a dónde llega su ambición por el poder y su cinismo», explica que pensaron. No se trataba de una alianza natural ni de un proyecto compartido. El independentismo quería comprobar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Sánchez para conseguir los votos que necesitaba.

El diagnóstico que hace del presidente del Gobierno no deja espacio para las interpretaciones complacientes. «Mi percepción de Pedro Sánchez, que para mí es una persona amoral y con una ambición desmedida, era hasta dónde podíamos empujarle, hasta dónde lo podíamos llevar para que nosotros pudiéramos sacar provecho». Es una acusación política de enorme dureza, formulada por uno de los protagonistas de la negociación y revela cómo Junts interpretó la debilidad parlamentaria del PSOE como una oportunidad para obtener concesiones que, en circunstancias normales, difícilmente habría conseguido.

Sánchez convirtió las líneas rojas en moneda de negociación

Puigdemont describe dos carpetas en las conversaciones con el PSOE. Una incluía las reivindicaciones materiales: competencias, financiación, infraestructuras, trenes y ejecución presupuestaria. La otra, mucho más trascendente, abordaba la soberanía, el reconocimiento internacional, la lengua catalana y el reconocimiento nacional de Cataluña.

«Para nosotros era importante y sigue siendo importante no la lista de la compra, sino el marco conceptual, por qué estamos ahí», afirma. Según su relato, los socialistas acudieron inicialmente con una mentalidad distinta. «Ellos iban al supermercado. Iban a decir: 'A ver qué queréis de la lista de la compra' y se encontraron que nosotros no queríamos eso».

La diferencia explica la dimensión de la negociación. Junts no buscaba únicamente inversiones o transferencias. Buscaba abrir un proceso político que cuestionaba la relación entre Cataluña y España. Para ello exigió una mediación internacional, reuniones en un espacio neutral, finalmente Suiza, y mecanismos para supervisar el cumplimiento de los compromisos. Puigdemont recuerda que no podían negociar «con la amenaza de tener que ir a la prisión, de ser extraditados o de tener una mano atada a la espalda». La amnistía se convirtió así en una condición previa para avanzar.

El problema para Sánchez era evidente. Había rechazado públicamente esa posibilidad y su partido había presentado la amnistía como una línea que no estaba dispuesto a cruzar. Puigdemont recuerda incluso las declaraciones de Salvador Illa. «No va a haber amnistía ni nada de eso». Sin embargo, la necesidad de los votos acabó imponiéndose. El expresidente catalán lo resume con una frase que debería incomodar profundamente al PSOE. «Nos hemos aprovechado de la ambición de Sánchez para derrotar a España».

No es una interpretación neutral, es la lectura triunfalista de un dirigente independentista que reivindica haber utilizado la debilidad del Gobierno para avanzar en su proyecto. Pero precisamente ahí reside su relevancia. Puigdemont no presenta las concesiones como fruto de una transformación política del socialismo, sino como el resultado de la ambición de su presidente.

La amnistía, una victoria que Junts atribuye a su presión

La negociación de la Ley de Amnistía aparece en la entrevista como uno de los episodios más reveladores. Puigdemont asegura que Junts tuvo una participación importante en la redacción del texto. Tanto en su relato político como en su técnica legislativa. «Nosotros tenemos una parte importante de la autoría, no sólo narrativa, sino de técnica legislativa, felizmente», sostiene.

Su versión es que los primeros borradores del PSOE no satisfacían las exigencias independentistas. «Mientras eso colgó de las manos del PSOE y algunos de sus socios, aquello no era una ley de amnistía, era algo que tenía el nombre de Ley de Amnistía, pero no amnistiaba a mucha gente», afirma. Y añade. «Habíamos pactado la amnistía integral».

La negociación llegó a un punto de tensión que Puigdemont considera decisivo. Junts votó contra el primer redactado porque, según explica, dejaba fuera a personas a las que el partido se había comprometido a proteger. «No podíamos votar un texto que dejaba fuera a mucha gente que ahora se ha visto beneficiada», argumenta. La respuesta socialista, de acuerdo con su relato, fue confiar en que Junts no se atrevería a tumbar el texto. Se equivocó.

También reivindica la inclusión del término lawfare, la mediación internacional y la referencia a 1714 como elementos esenciales del acuerdo. Sobre el primero, recuerda que los socialistas inicialmente objetaban que «esto no es correcto, no existe». Después, asegura, le hizo «mucha gracia ver cómo ellos han declinado este concepto mucho más que nosotros». Son afirmaciones del dirigente independentista, no una demostración de que existiera una persecución judicial organizada, pero sí muestran hasta qué punto Junts logró introducir su marco político en el texto y en la explicación pública del pacto.

La Fiscalía y el Estado, bajo la presión del acuerdo

Otro de los pasajes más delicados de la entrevista es el relativo a la aplicación de la amnistía y el papel de la Fiscalía. Puigdemont recuerda una frase pronunciada públicamente por Sánchez: «¿De quién depende la Fiscalía?» y utiliza esa declaración para justificar su expectativa de que el Gobierno garantizara el cumplimiento de la ley.

«Bueno, pues si depende de usted, pues usted sabrá lo que tiene que hacer con la Fiscalía cuando hay una ley aprobada», afirma. A continuación, añade. «Lo que no sería coherente es que con una ley aprobada la Fiscalía dijera lo contrario».

La declaración vuelve a situar el foco en una cuestión institucional de primer orden. La relación entre el poder político y los órganos del Estado. Puigdemont sostiene que el Estado debía «desprogramar» lo que considera una persecución injusta contra el independentismo. Pero sus palabras también alimentan el debate sobre los límites que deben separar la responsabilidad del Gobierno de la autonomía de la Fiscalía y del Poder Judicial.

El dirigente de Junts niega que le ofrecieran controlar directamente esos órganos, pero deja claro que cualquier obstáculo a la aplicación de la amnistía sería interpretado como un incumplimiento. «La Ley de Amnistía se tiene que cumplir», sentencia.

Zapatero, Santos Cerdán y la distancia con Sánchez

La entrevista también revela una estructura de interlocución en la que Sánchez no participó directamente. Puigdemont asegura que nunca ha hablado con él desde que se encuentra en el exilio. «Con Pedro Sánchez no he tenido ningún contacto directo, ni por teléfono ni en persona desde que estuve en el exilio».

Las conversaciones se canalizaron a través de otros dirigentes. Entre ellos Santos Cerdán y José Luis Rodríguez Zapatero. Del expresidente socialista destaca su visión de la España plural y su mayor disposición a abordar el conflicto territorial. Incluso recuerda una conversación que ilustra la distancia entre el discurso de Zapatero y el del actual presidente. «Presidente, si te tuviéramos que votar a ti, te votaríamos ahora. Pero tenemos que votar a Pedro Sánchez, que no está diciendo lo que estás diciendo tú» .

La frase merece atención. Si Puigdemont consideraba que Zapatero ofrecía una aproximación política más abierta que Sánchez, la pregunta es inevitable. ¿Hasta qué punto el presidente asumía personalmente los compromisos que sus interlocutores transmitían en su nombre? El propio líder independentista afirma que, cuando Zapatero hablaba, «creíamos y creemos que hablaba en nombre del PSOE».

La distancia entre las posiciones públicas del presidente y las expectativas que Junts depositaba en sus negociadores constituye otro elemento de fragilidad de aquel acuerdo. La legislatura se levantó sobre compromisos que, según Puigdemont, necesitaban ser vigilados y supervisados porque no confiaban en la voluntad de cumplimiento del PSOE.

El precio de cada voto y la ruptura anunciada

La relación terminó deteriorándose cuando Junts concluyó que el problema ya no era conseguir nuevas concesiones, sino que el Gobierno cumpliera las anteriores. «El problema ya no era de propuestas, era de cumplimiento», afirma Puigdemont utilizando una comparación contractual para explicar por qué rechazó ampliar las exigencias. «No podíamos ampliar el contrato a alguien que no te está cumpliendo el contrato».

En financiación, Junts rechazó cualquier modelo que no pasara por la soberanía fiscal de Cataluña. Puigdemont denuncia diferencias en la ejecución presupuestaria entre Madrid y Cataluña y sostiene que la financiación afecta directamente a «sus bolsillos, a su calidad de vida. Pero también a sus escuelas, hospitales, carreteras, trenes». En materia de inmigración, reivindica haber forzado concesiones sobre la presencia de los Mossos d'Esquadra en controles fronterizos y la gestión del NIE por la Administración catalana.

La desconfianza quedó resumida en una de las frases más gráficas de toda la conversación. «Si les das medio limón te hacen una crema catalana, por tanto, no les puedes dar ni medio limón». Es la descripción de una relación política en la que cada concesión se interpreta como una invitación a exigir la siguiente.

Puigdemont también considera que Sánchez habría podido utilizar una ruptura para recuperar terreno ante sus votantes más críticos con el independentismo. Si Junts hubiera exigido en el último momento un concierto económico y un referéndum de autodeterminación, cree que el presidente habría encontrado «una excusa perfecta para rehabilitarse ante sus votantes más españolistas».

La crisis de credibilidad

La entrevista no convierte automáticamente en verdad cada interpretación de Puigdemont. Es el relato de un negociador que defiende su estrategia y reivindica sus victorias. Pero sus declaraciones dibujan una imagen políticamente demoledora para el PSOE, un partido que acudió a negociar para garantizar la continuidad de su líder en Moncloa y que, según uno de sus socios decisivos, terminó aceptando condiciones que antes consideraba inasumibles.

La cuestión de fondo va más allá la figura de Puigdemont y sus objetivos independentistas. En una democracia parlamentaria, pactar es legítimo y cambiar de posición puede ser necesario. No obstante, lo que exige explicaciones es que las líneas rojas desaparezcan cuando peligra el poder y que los compromisos adquiridos parezcan depender de la siguiente votación.

La confesión más incómoda para Sánchez no procede de sus adversarios tradicionales, sino de quien contribuyó a hacerlo presidente. Puigdemont asegura que Junts no confió en él, que puso a prueba su ambición y que consiguió aprovecharla. En su relato, la Moncloa no fue el centro desde el que se impulsó un proyecto político compartido, fue el objetivo que condicionó cada decisión y cuando el socio que te dio la investidura explica que utilizó tu necesidad de poder para imponerte sus condiciones, el problema ya no es solamente parlamentario. Es una crisis de credibilidad política

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