Carles Puigdemont ha decidido que la disputa sobre la aplicación de la amnistía vuelva a librarse en Europa. El expresidente de la Generalitat, junto con los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra España por considerar que el Tribunal de Cuentas está incumpliendo la sentencia dictada la pasada semana por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
El escrito, firmado por su abogado Gonzalo Boye, sostiene que la apertura de un nuevo plazo de diez días para escuchar a las partes ha suspendido de hecho la aplicación de la amnistía. La defensa reclama una intervención urgente de Bruselas y recuerda que los tres dirigentes continúan sometidos a medidas cautelares superiores a los 9,5 millones de euros por la responsabilidad contable derivada de los gastos del proceso independentista.
La denuncia llega apenas cinco días después de que el TJUE declarase que la ley española es compatible con el Derecho de la Unión. La sentencia europea avaló que puedan extinguirse las responsabilidades contables vinculadas al referéndum de 2017 y descartó que la norma afecte a los intereses financieros de la Unión en los términos planteados por el Tribunal de Cuentas. También reconoció que la ley responde al objetivo legítimo de reducir las tensiones políticas e institucionales en Cataluña.
El aval de Luxemburgo no ejecuta por sí solo la amnistía. Corresponde a los órganos judiciales y fiscalizadores españoles aplicar el pronunciamiento europeo a cada procedimiento concreto. Ese margen de ejecución constituye ahora el centro del conflicto.
Puigdemont sostiene que ya no queda espacio para nuevas dilaciones. El Tribunal de Cuentas considera, en cambio, que debe incorporar la sentencia al procedimiento y permitir que las partes formulen alegaciones antes de resolver. Desde una perspectiva procesal, la apertura de ese trámite puede defenderse como una garantía ordinaria. Desde la posición de los afectados, representa una nueva prolongación de una decisión que la ley ordenaba adoptar en un plazo máximo de dos meses.
La Fiscalía se ha situado claramente a favor de la aplicación de la amnistía. El Ministerio Público ha solicitado al Tribunal de Cuentas que levante la suspensión del procedimiento y archive la reclamación contable, al entender que el TJUE ha descartado la existencia de un perjuicio para los fondos europeos. También considera improcedente reabrir ahora una discusión sobre el posible uso de recursos de la Unión que no formó parte de la cuestión prejudicial planteada inicialmente.
La denuncia presentada ante la Comisión Europea invoca el principio de cooperación leal recogido en el Tratado de la Unión. Según la defensa, un órgano de un Estado miembro no puede interpretar una sentencia europea de manera que retrase o neutralice sus efectos. Boye acusa además al Tribunal de Cuentas de haber ofrecido una lectura tergiversada del fallo a través de su comunicación pública.
La Comisión deberá decidir si archiva la queja, solicita información al Gobierno español o aprecia elementos suficientes para estudiar un procedimiento de infracción. Ese mecanismo está concebido para corregir incumplimientos del Derecho europeo atribuibles a los Estados miembros, aunque su apertura no es automática y suele requerir una vulneración suficientemente clara y persistente.
La denuncia posee un alcance jurídico todavía incierto, pero una intención política perfectamente reconocible.
Puigdemont intenta fijar la idea de que el principal obstáculo para la aplicación de la amnistía ya no se encuentra en la constitucionalidad de la ley ni en su adecuación al Derecho europeo, sino en la resistencia de determinados órganos españoles a ejecutar sus consecuencias. Esa ha sido la tesis de Junts desde que el Tribunal Supremo excluyó de la norma la malversación atribuida al expresidente catalán.
La resolución del TJUE ha reforzado esa estrategia. Luxemburgo ha despejado algunas de las objeciones más importantes que pesaban sobre la ley, pero no ha resuelto todavía la situación personal de Puigdemont. La orden nacional de detención continúa vigente y el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre los recursos presentados frente a la interpretación restrictiva del Supremo.
El Constitucional tiene previsto abordar el 22 de septiembre el recurso de Jordi Turull, el primero de los interpuestos por dirigentes independentistas a quienes el Supremo negó la amnistía por malversación. La sentencia que se dicte marcará previsiblemente el criterio aplicable a los demás casos y puede determinar también el futuro procesal de Puigdemont.
La batalla jurídica entra así en una nueva fase. La ley ha superado el control del Tribunal Constitucional y el examen europeo en sus aspectos esenciales. Queda por resolver cómo se aplica, con qué alcance y en qué plazos.
El independentismo interpreta cualquier demora como una prolongación deliberada del castigo judicial. Los tribunales reivindican su autonomía para examinar cada causa y cumplir las garantías procesales. Entre ambas posiciones se abre un terreno especialmente sensible, porque la autoridad de una sentencia europea depende también de que sus efectos sean reconocibles y efectivos.
La Comisión Europea difícilmente sustituirá al Tribunal de Cuentas o al Constitucional en la resolución de expedientes concretos. Sí puede vigilar que España respete las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión y que las decisiones de Luxemburgo no queden vaciadas mediante sucesivos obstáculos procesales.
La amnistía ya no se discute únicamente como una decisión política española. Se ha convertido en una prueba sobre la relación entre la justicia nacional y el orden jurídico europeo.
Puigdemont ha construido buena parte de su estrategia desde 2017 sobre esa dimensión. Bruselas, Luxemburgo y los tribunales de otros Estados miembros le han permitido internacionalizar un conflicto que la política española creyó durante mucho tiempo que podía contener dentro de sus fronteras.
La nueva denuncia prolonga esa lógica. No garantiza una actuación contra España ni anticipa el retorno inmediato del expresidente. Pero eleva el coste institucional de cada retraso y obliga a justificar por qué una ley aprobada por las Cortes, avalada por el Constitucional y considerada conforme al Derecho europeo continúa sin producir todos sus efectos.
Ese es el fondo de la cuestión. La amnistía ha superado ya casi todos los grandes exámenes jurídicos. El conflicto se concentra ahora en la voluntad y en la velocidad de su aplicación.
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