El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido en el Senado para ofrecer un desglose pormenorizado del accidente ferroviario de Adamuz, en un ejercicio que ha combinado la frialdad de los datos técnicos con una encendida defensa de la responsabilidad institucional. Ante una cámara expectante, Puente no solo ha reconstruido los minutos fatídicos del siniestro, sino que ha confrontado las críticas de la oposición remitiéndose a los antecedentes históricos y subrayando que, en esta ocasión, el Estado ha dado la cara desde el primer momento. La comparecencia arrancó con un dardo político directo hacia las filas populares, calificando de incoherencia y ley del embudo la exigencia de la presencia inmediata del presidente del Gobierno. "Explíquenlo, porque creo sinceramente que, si no lo explican, llegaremos a la conclusión de que ustedes respetan exclusivamente la ley del embudo: lo ancho siempre para ustedes y lo estrecho para los demás", sentenció el ministro al recordar que tras la tragedia de Angrois en 2013 ni el presidente ni la ministra del ramo comparecieron en sede parlamentaria.
El relato de los hechos del domingo 18 de enero sitúa el origen del desastre a las 19:43 horas, cuando el descarrilamiento de los tres últimos coches de un tren Iryo invadió el gálibo de la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario un tren Alvia de Renfe. La colisión fue instantánea y provocó una caída de tensión inmediata en la catenaria, lo que según el ministro desmiente cualquier teoría sobre la falta de diligencia en el corte del tráfico, pues ningún tren podía circular al no haber energía disponible. La respuesta de emergencia se activó en una secuencia frenética que permitió la llegada de la Guardia Civil en apenas quince minutos. "Ninguna cifra explica por sí sola lo ocurrido; detrás de cada número hay un nombre, una historia, una familia que esperaba o una vida que ya no será la misma", afirmó Puente ante el balance de 46 personas fallecidas y 164 heridos. El ministro enfatizó que, aunque ninguna medida aliviará el dolor de quienes han perdido a un ser querido, la obligación institucional es comparecer y dar la cara.
Frente a las acusaciones de abandono de la línea de alta velocidad Madrid–Sevilla, el ministro desplegó un arsenal de datos sobre la renovación integral que se está acometiendo con una inversión global de 780 millones de euros. Puente defendió que la infraestructura es objeto de 89 contratos públicos destinados a actualizar una línea con 30 años de servicio, subrayando que en el tramo específico del accidente los aparatos de vía habían sido renovados tan recientemente como en junio de 2025. "No voy a decir nada que no sea público, nada que no esté documentado y nada que no figure en los 89 contratos públicos que engloban las actuaciones realizadas", recalcó para despejar dudas sobre la transparencia de la gestión. El despliegue técnico para garantizar la seguridad incluía trece bateos anuales y cinco auscultaciones dinámicas, una frecuencia que sobrepasa la media de la red. No obstante, el ministro reveló que al revisar los bogies de otros trenes previos se detectaron marcas similares en dos unidades de Renfe, un hallazgo bajo estudio para determinar si existía un defecto oculto que los sistemas de auscultación no identificaron.
La parte final de la intervención se centró en la respuesta socioeconómica mediante la aprobación de un real decreto-ley con ayudas directas por valor de 20 millones de euros para los afectados. Esta norma busca esquivar los retrasos burocráticos de tragedias pasadas, garantizando anticipos inmediatos de al menos 21.000 euros por fallecimiento, compatibles con los seguros obligatorios y exentos de tributación. "Debemos aprender de accidentes pasados en los que, por desgracia, algunas víctimas tardaron mucho tiempo en recibir sus indemnizaciones, lo que sumaba una penuria económica que no debemos consentir", explicó el ministro. Tanto Renfe como Iryo han activado sus planes de asistencia atendiendo hasta la fecha a más de 1.100 familiares, bajo la premisa de que no se trata de poner precio al dolor, sino de evitar que al sufrimiento personal se le sume el desamparo del Estado. Puente concluyó asegurando que el compromiso con el esclarecimiento es total, pues solo con la verdad se podrá "restaurar la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema ferroviario".