El Senado ha decidido plantear un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional contra el Gobierno, a instancias del Partido Popular, fuerza mayoritaria en la Cámara Alta. El motivo es la no presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2026, una omisión que, según la institución, vulnera de forma directa la Constitución española y vacía de contenido la función presupuestaria de las Cortes Generales.
La iniciativa se apoya en una decisión adoptada por el pleno del Senado el pasado 22 de octubre, cuando la Cámara acordó enviar un requerimiento formal al Ejecutivo para instarle a presentar las cuentas públicas. Ese paso previo es obligatorio antes de activar el conflicto institucional. Sin embargo, ante la falta de respuesta por parte de la Presidencia del Gobierno, el Senado ha formalizado ahora la demanda ante el alto tribunal.
Forzar la presentación de los Presupuestos
Uno de los principales objetivos del PP con este conflicto (el Senado ya ha promovido una docena en lo que va de legislatura) es que el Tribunal Constitucional fije un plazo máximo para que el Ejecutivo presente los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Además, reclama que se anulen las sucesivas prórrogas presupuestarias vigentes desde 2023.
Durante el debate plenario de octubre, el grupo popular calificó la situación de “anomalía democrática”, al considerar inaceptable que un Gobierno opere de forma indefinida con presupuestos prorrogados. El requerimiento salió adelante tras un intenso debate parlamentario, con 144 votos a favor (todos del PP), 101 en contra y 14 abstenciones.
Vulneración de la Constitución
El conflicto presentado ante el Tribunal Constitucional se sustenta en la convicción de que la no presentación del proyecto presupuestario y el uso continuado de la prórroga vulneran varios preceptos de la Carta Magna. En concreto, el Senado sostiene que el Gobierno incumple los artículos 134.1 y 134.3 de la Constitución, que establecen la obligación de elaborar y presentar anualmente los Presupuestos.
Según la argumentación jurídica de la Cámara Alta, esta omisión impide que las Cortes Generales ejerzan su competencia presupuestaria, recogida en los artículos 66.2 y 134.1, y limita la capacidad del Parlamento para modificar, aprobar o rechazar las cuentas públicas.
El Senado añade que también se habría vulnerado el artículo 23 de la Constitución, al impedir la participación de los senadores en una de las funciones esenciales del poder legislativo: la aprobación del presupuesto del Estado.
Abuso de la prórroga presupuestaria
Otro de los ejes centrales del conflicto es el “uso abusivo” de la prórroga presupuestaria, con unas cuentas prorrogadas desde 2023. A juicio del Senado, esta práctica se realiza al margen del Parlamento y en contra del espíritu constitucional, al permitir al Ejecutivo gobernar sin el control político asociado al debate y aprobación de nuevos presupuestos.
La Cámara Alta considera que esta situación erosiona el equilibrio institucional y reduce la capacidad de control parlamentario sobre la acción del Gobierno.
Confianza parlamentaria
En su escrito, el Senado también establece una relación directa entre la no aprobación de los presupuestos y la pérdida de la confianza parlamentaria otorgada en la investidura. Recuerda, además, dos precedentes históricos que califica como “convención constitucional”.
El primero se produjo en 1995, cuando Felipe González disolvió las Cortes tras perder el apoyo de CiU para aprobar las cuentas públicas. El segundo tuvo lugar en 2019, cuando Pedro Sánchez adelantó las elecciones después de que el Congreso rechazara su proyecto presupuestario.
Lo que pide el Senado
En síntesis, el Senado solicita al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado sus atribuciones constitucionales, tanto para participar en la aprobación y modificación de los presupuestos como para ejercer el control parlamentario del Ejecutivo.
Además, reclama que las prórrogas sucesivas de los Presupuestos de 2023 sean declaradas nulas, que se aclaren los efectos jurídicos de una eventual declaración de inconstitucionalidad y que el tribunal establezca un plazo máximo para que el Gobierno presente finalmente las cuentas públicas.