El caso Tándem es ya una de esas causas que no se caen: se agotan. Cada auto añade menos información y más tono, menos investigación y más doctrina. El último movimiento del magistrado Antonio Piña, instructor de una de las piezas más sensibles del procedimiento, va en esa dirección: rechaza citar como investigada a María Dolores de Cospedal y aprovecha el camino para algo más ambicioso, que no figura en ningún código procesal pero sí en la práctica cotidiana de la Audiencia Nacional: cerrar el debate antes de que se abra.
El auto, más largo que revelador, no solo tumba la petición del PSOE como acusación popular. La desautoriza. La regaña. Y, de paso, convierte el ejercicio de control judicial en un asunto de honor personal, un giro poco habitual en causas donde lo que se discute no es la susceptibilidad del juez, sino el uso del poder del Estado para proteger intereses políticos.
El juez como parte del relato
Antonio Piña no se limita a decir que no hay base penal para reabrir la investigación sobre Cospedal. Eso sería lo normal. Lo que hace es atribuir intencionalidad espuria a quien lo solicita, reprochar la difusión mediática de la petición y advertir de que se está minando la confianza en la justicia. El problema es que la confianza no se mina porque se pidan diligencias, sino cuando los autos parecen escritos para evitar que se pidan más.
En Galicia, donde Piña fue conocido mucho antes de aterrizar en la Audiencia Nacional, su inclinación política no era ningún secreto. Tampoco su estilo: firme con los débiles, didáctico con los fuertes y particularmente severo con quien cuestiona su criterio. Ese patrón vuelve a aparecer ahora, en una causa donde el fondo —las relaciones entre el PP, el Ministerio del Interior y la policía política— pesa más que cualquier formalismo procesal.
Una justicia que se protege a sí misma
El magistrado sostiene que los audios en los que se apoya el PSOE no aportan nada nuevo. Puede ser. Pero el problema no es solo qué dicen las grabaciones, sino qué se hace con ellas. En una conversación, Cospedal afirma que hablará con el ministro de Economía y con la Fiscalía General del Estado para resolver los problemas judiciales de Villarejo. Piña concluye que, como no hay prueba de que lo hiciera, no hay nada que investigar. Es una interpretación jurídicamente posible, pero políticamente cómoda: convierte la promesa de influir en una anécdota sin consecuencias.
En cualquier otro contexto, esa frase habría bastado para al menos preguntar. Aquí sirve para archivar. El mensaje es claro: sin rastro documental no hay sospecha, aunque haya poder, jerarquía y precedentes. La lógica es impecable. El contexto, menos.
El caso Kitchen como frontera
El auto insiste en que lo relacionado con Cospedal ya fue examinado en la Operación Kitchen y que la Sala de lo Penal avaló el archivo. Lo que no dice es que Kitchen se ha convertido en una frontera judicial: todo lo que quede fuera de ese perímetro parece condenado a la irrelevancia penal, aunque encaje en el mismo patrón de comportamiento.
La pieza Tándem nació para investigar un uso estructural de la policía con fines privados y políticos. A estas alturas, su recorrido se parece más a una arqueología controlada: se excava, pero solo hasta donde no molesta a nadie con apellido, cargo o agenda.
El problema ya no es Cospedal
La decisión de Piña no exculpa a Cospedal. La protege de una nueva investigación. Son cosas distintas. Tampoco absuelve al PP. Simplemente cierra una puerta que el PSOE intentó volver a abrir con una torpeza política evidente, pero con una intuición razonable: que el caso Tándem nunca se investigó hasta el fondo cuando el fondo rozaba el poder político.
El problema, a estas alturas, ya no es si Cospedal debe declarar o no. Es que cada auto de Piña refuerza la sensación de que hay zonas de sombra que el sistema judicial no quiere iluminar, y que cuando alguien intenta hacerlo, el reproche no es jurídico, sino moral.
Un estilo que también juzga
Piña escribe como si dictara sentencia sobre las intenciones de las partes, no sobre los hechos. Habla de mala fe, de deslegitimación, de perversión del debate público. Y ahí es donde el juez deja de ser solo juez. Se convierte en actor. Uno que no disimula su irritación cuando la acusación popular no se limita a acompañar, sino que incomoda.
En una causa que ya ha demostrado hasta qué punto el Estado fue usado para proteger a un partido, ese gesto no es neutro. Es político. Aunque venga envuelto en párrafos de técnica jurídica.
El caso Tándem seguirá. Pero cada vez se parece menos a una investigación y más a un ejercicio de contención. Y eso, en una democracia fatigada de archivos y autos explicativos, es también una forma de decisión.