Las hemerotecas no suelen perdonar en política. Hay casos, como el de Pedro Sánchez, en el que destrozan la credibilidad. Pero a veces hacen algo más incómodo: explican el presente con palabras del pasado. La situación presupuestaria de España es uno de esos casos. La Constitución, en su artículo 134, establece con claridad que el Gobierno debe presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) al menos tres meses antes de que expiren los anteriores. Ese plazo venció el 30 de septiembre. Los presupuestos no llegaron. Y todo apunta a que, por tercer año consecutivo, el país seguirá funcionando con unas cuentas diseñadas en 2023.
No es solo un retraso administrativo. Es un síntoma político.
Gobernar sin presupuestos era inaceptable
En 2018, Pedro Sánchez, entonces líder de la oposición, fue categórico frente al gobierno de Mariano Rajoy. “Sin presupuestos no hay nada que gobernar”, sentenció. Fue más allá: “Un Gobierno sin presupuestos es como un coche sin gasolina”. Para Sánchez, aprobar las cuentas públicas no era un trámite técnico, sino la primera y principal tarea de cualquier Ejecutivo. Sin ellas, argumentab, no había confianza para los actores económicos, ni seguridad para la ciudadanía, ni credibilidad institucional.
Siete años después, esa doctrina se ha vuelto contra su autor.
Anomalía normalizada
España acumula ya más de 1.300 días sin nuevos presupuestos, una situación inédita en democracia. Solo existe un precedente parcial: 1996, en el final del último mandato de Felipe González, cuando la falta de apoyos parlamentarios obligó a convocar elecciones anticipadas que acabarían ganando José María Aznar. Aquella parálisis fue interpretada como el final político de una etapa.
Hoy, en cambio, la prórroga se ha convertido en una forma de gobernar.
El Ejecutivo de Sánchez ha demostrado que puede sobrevivir sin presupuestos nuevos, apoyándose en decretos, modificaciones parciales y una narrativa de presunta estabilidad macroeconómica. El mensaje implícito es claro: los presupuestos ya no son condición indispensable para ejercer el poder, aunque lo sigan siendo para planificarlo.
Coste invisible
Gobernar con presupuestos prorrogados no equivale a gobernar sin consecuencias. Las cuentas de 2023 responden a un contexto económico distinto, previo a nuevas presiones fiscales, cambios demográficos y compromisos europeos más exigentes. La prórroga limita la capacidad de reasignar recursos, de diseñar políticas estructurales y de enviar señales claras a inversores y socios internacionales.
Pero el coste más relevante es político e institucional. La falta de presupuestos refleja la debilidad parlamentaria del Gobierno y la fragmentación de sus apoyos. También evidencia una paradoja central del sanchismo: una notable resiliencia en el poder acompañada de una creciente dificultad para articular mayorías estables.
Resistir sin gobernar
Sánchez ha hecho de la resistencia una estrategia. Mantener el Ejecutivo en marcha, incluso sin presupuestos, se presenta como un mal menor frente a la alternativa de un cambio de gobierno. En esa lógica, la prórroga no es una derrota, sino una táctica de supervivencia. El problema es que, a largo plazo, resistir no equivale a dirigir.
La contradicción es evidente: lo que antes era descrito como una señal de agotamiento hoy se presenta como pragmatismo. Lo que ayer justificaba elecciones anticipadas hoy se normaliza como estabilidad.
Termómetro del poder
En los sistemas parlamentarios, los presupuestos no son solo números. Son una prueba de autoridad política. Aprobarlos implica liderazgo, negociación y capacidad de imponer una visión de país. No presentarlos revela otra cosa: un poder que se sostiene más por la ausencia de alternativas que por la fuerza de sus mayorías.
España no está ingobernable. Pero sí gobierna en una zona gris, donde lo excepcional se ha vuelto rutina y donde la prórroga presupuestaria deja de ser un accidente para convertirse en estructura. La que demuestra es el tipo de democracia que Sánchez pretende consolidar cuando lo que antes era inadmisible pasa a ser suficiente.