La ofensiva de Pedro Sánchez contra las plataformas digitales no puede entenderse solo como una reacción moral ante los abusos de la inteligencia artificial, sino como un movimiento de poder en la era del algoritmo. El anuncio de que el Gobierno pedirá a la Fiscalía investigar posibles delitos de pornografía infantil y violencia sexual digital cometidos por las plataformas marca un cambio de paradigma: el Estado decide disputar a las grandes tecnológicas el control del espacio público digital, hasta ahora gobernado por la lógica privada de los datos y los algoritmos.
Sánchez, que calificó a las redes sociales como un “Estado fallido” en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos, ha decidido situar el debate donde confluyen la soberanía democrática y el poder tecnológico. En su declaración, el presidente relacionó la desregulación digital con una amenaza directa a la dignidad y salud mental de los menores, un discurso que busca conectar el miedo ciudadano a la manipulación digital con la necesidad de una respuesta estatal firme. Esta decisión se apoya en el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que permite al Ejecutivo instar a la fiscal general, Teresa Peramato, a promover actuaciones en defensa del interés público. Detrás de este gesto jurídico late una intención política más profunda: trasladar la responsabilidad penal no solo a los usuarios individuales, sino a las propias plataformas digitales, por el poder que ejercen al moldear qué contenidos se consumen y cómo se difunden.
Con esta maniobra, el Gobierno español se alinea con una tendencia internacional cada vez más clara. Francia ha citado a Elon Musk tras registrar la sede de X en París, y la Comisión Europea investiga a Meta, TikTok y Grok bajo el Reglamento de Servicios Digitales. España se suma a esta geopolítica del control digital, en un momento en que las instituciones europeas buscan frenar el creciente poder de las empresas tecnológicas. El Ejecutivo de Sánchez pretende presentarse como vanguardia regulatoria en Europa, proyectando una imagen de liderazgo moral y político en defensa de los menores y de la integridad del espacio público.
La prohibición del acceso a redes sociales a los menores de 16 años (una de las medidas más controvertidas) completa esta narrativa de protección y autoridad. Al conectar la salud mental con la regulación digital, el Gobierno convierte la preocupación pedagógica en un proyecto político de intervención estatal en el ecosistema tecnológico. Junto a esta iniciativa, Sánchez ha anunciado otras medidas de calado: legislar para actuar contra los directivos de grandes tecnológicas por violaciones cometidas en sus plataformas, crear el delito de manipulación algorítmica y promover sistemas de monitorización del discurso digital para rastrear la llamada “huella de odio y polarización” presente en las redes. Sin mostrar grietas, el Gobierno teje un relato en el que el Estado vuelve a colocarse en el centro moral y regulador de la esfera digital.
En este contexto, el “salvaje Oeste digital” se convierte en la metáfora más eficaz del relato gubernamental: un territorio sin ley donde la impunidad de los gigantes tecnológicos amenaza la civilización política. Con ella, Sánchez recupera el viejo impulso ilustrado del Estado como garante de la racionalidad pública, trasladado ahora al mundo opaco de los algoritmos y los datos. La retórica de la protección a la infancia y la lucha contra el odio funciona como escudo ético, pero también como legitimación de una expansión del control institucional sobre la vida digital.
La ofensiva del Gobierno abre, sin embargo, un debate más amplio sobre los límites democráticos de esa intervención. En una época de desinformación, discursos de odio y manipulación emocional, el intento de recentralizar el Estado frente al poder tecnológico es comprensible; pero permanecerá la pregunta sobre si las herramientas empleadas podrán garantizar la libertad sin caer en la censura. La frontera entre la protección y el control nunca ha sido tan difusa. Sánchez la está trazando en tiempo real, en un escenario donde política, tecnología y moral se funden en una nueva gramática del poder digital.
El resultado de esta batalla no solo marcará el futuro de los derechos digitales en España, sino también el lugar que ocupará el Estado democrático frente a los imperios tecnológicos en los próximos años.