Todo el mundo recuerda la primera "Carta a la Ciudadanía" de Pedro Sánchez en la que anunciaba que se tomaba cinco días de reflexión para pensar si le valía la pena seguir al frente del gobierno. El presidente se tomó unos días de "asuntos propios" en los que se produjo un terremoto político pensando en que Sánchez podría presentar su dimisión. Nada más lejos de la realidad. Como él mismo reconoció en una entrevista en RTVE, nunca tuvo intención de dejar la Presidencia. Por tanto, reconoció que había engañado a la militancia del PSOE en beneficio propio. Sin embargo, en esos días, también ocurrieron otras cosas.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha puesto al descubierto las entrañas de una de las tramas más oscuras, complejas y perturbadoras de la política española reciente, levantando el velo sobre una operativa que desafía los cimientos mismos de la separación de poderes en España. Según ha adelantado El Mundo, en un auto judicial de enorme trascendencia el instructor de la causa sitúa el nacimiento y el motor de la actividad criminal presuntamente desplegada por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la conocida fontanera de la formación, Leire Díez, en un punto de origen estrictamente ligado a la intimidad y al entorno familiar más cercano de la Presidencia del Gobierno.
De acuerdo con la tesis recogida en la resolución judicial, el verdadero catalizador de esta supuesta red de sabotaje institucional fue la imputación por presunta corrupción de Begoña Gómez, esposa del jefe del Ejecutivo, y los subsiguientes cinco días de "asuntos propios" de Pedro Sánchez que congelaron la vida pública del país. Lo que hacia el exterior se escenificó como un parón místico, un retiro reflexivo guiado por el amor conyugal y plasmado en una inédita Carta a la Ciudadanía, entre bambalinas se tradujo en la activación inmediata de una maquinaria de contención, asalto y desestabilización en el cuartel general de la madrileña calle de Ferraz. El cortocircuito emocional provocado por la apertura de diligencias penales por parte del juez Juan Carlos Peinado empujó al aparato del partido a diseñar un plan agresivo de resistencia que desbordó por completo las fronteras de la legalidad ordinaria.
La investigación penal dirigida desde la Audiencia Nacional ha conseguido fijar con precisión cronológica y documental el momento exacto en el que las legítimas intenciones de defensa política mutaron en presuntas conductas delictivas de extrema gravedad. El magistrado Pedraz califica como un auténtico "punto de inflexión" la reunión de urgencia celebrada en las dependencias de la sede federal socialista el 26 de abril de 2024. Aquella jornada, España se encontraba sumida en una parálisis inédita, pendiente de un hilo ante los rumores de dimisión del presidente del Gobierno, quien permanecía recluido en el Palacio de la Moncloa analizando su futuro político tras el ataque judicial a su entorno familiar más íntimo.
Sin embargo, a escasos kilómetros de la residencia oficial, en los despachos de Ferraz, la actividad era frenética y clandestina. A ese cónclave acudieron piezas clave del aparato del partido, de la gestión estatal y del mundo de la comunicación estratégica. El auto detalla la participación presencial de la fontanera Leire Díez, del polémico empresario Javier Pérez Dolset, del exjefe de gabinete Juan Manuel Serrano y del propio secretario de Organización, Santos Cerdán, acompañados por el entonces director de Comunicación de la formación progresista, Ion Antolín. El grado de urgencia y la verdadera naturaleza de la cita quedaron inmortalizados en las comunicaciones internas interceptadas por las fuerzas de seguridad. Concretamente, el 25 de abril de 2024, apenas un día antes de la crucial reunión, Leire Díez envió un revelador mensaje de texto al entonces presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Fernández, donde exponía de manera inequívoca los motivos de su movilización: "Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente".
Esta comunicación interna demuestra, a juicio de los investigadores de la Guardia Civil y del propio magistrado instructor, que la red no operaba de manera autónoma ni aislada, sino que sus movimientos estaban subordinados a la crisis reputacional e institucional que afectaba a la cúspide del poder ejecutivo. La reunión del 26 de abril se erige así en el acta de nacimiento de una estructura paralela diseñada expresamente para blindar al líder del partido y a su entorno, utilizando cualquier recurso disponible para contrarrestar los avances de las causas penales abiertas en los juzgados ordinarios de Madrid.
A partir de aquella decisiva cita en la capital de España, el auto del juez Pedraz atribuye a Santos Cerdán la máxima responsabilidad en la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones, penalmente relevantes, cuyo propósito principal e indiscutible era la desestabilización de forma sistemática y continuada de cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente en los intereses del PSOE o del Gobierno de la nación. La coyuntura política descrita por el instructor sitúa al partido de la Moncloa en un estado de pánico organizativo, al encontrarse gravemente afectados en ese momento por la consecutiva apertura de procedimientos judiciales en los que se investigaba de forma simultánea a miembros de la formación del Ejecutivo y a la propia familia del presidente del Gobierno.
El plan criminal diseñado para resistir este asedio judicial no conoció límites éticos ni normativos. Según consta de manera pormenorizada en las diligencias instruidas por la Audiencia Nacional, la estrategia de lascloacas de Ferraz contempló la captación forzosa de voluntades dentro de las propias instituciones del Estado. Para ello, la red criminal procedió al ofrecimiento a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales, de remuneraciones o favores a cambio de información privilegiada o de la realización de actos manifiestamente contrarios al correcto ejercicio de sus cargos públicos. Se trataba de tejer una malla de espionaje y filtración interna que permitiera al partido conocer de antemano los pasos de los investigadores y desactivar las pruebas antes de que llegaran al sumario.
De manera paralela a la captación de confidentes, el entramado liderado por Cerdán y coordinado sobre el terreno por Leire Díez estableció como premisa fundamental e inamovible de su hoja de ruta atacar la correcta dirección de las investigaciones en dichas causas judiciales. El objetivo preferente de esta campaña de demolición reputacional fueron los propios magistrados instructores independientes encargados de las pesquisas, citando expresamente el auto los casos de los jueces Biedma, Alaya y el mediático Peinado. Con el fin de apartar a estos instructores de sus puestos o de forzar su recusación por la vía del desgaste personal y profesional, la red dirigió sucesivas denuncias infundadas contra la magistrada encargada de la instrucción de la causa en la que está imputado David Sánchez Castejón, hermano del presidente del Gobierno, extendiendo estos ataques de falsedad documental e institucional a la propia Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, así como a los especialistas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Para sostener en el tiempo una operativa de desestabilización de semejante envergadura, que requería una dedicación absoluta y una lealtad a prueba de filtraciones, el aparato de Ferraz articuló una discreta e intrincada infraestructura financiera destinada a sufragar los costes del sabotaje. En el centro de este entramado económico se situaba la figura de la fontanera Leire Díez, cuyos servicios de desestabilización y asalto institucional debían ser compensados de manera regular para asegurar su permanencia al frente del operativo.
El auto dictado por el magistrado de la Audiencia Nacional detalla que Díez contó en todo momento con el impulso y el soporte intelectual y financiero del exsecretario de Organización. Según recoge textualmente la resolución del juez Santiago Pedraz, Santos Cerdán "habría acordado remunerarla por tales servicios en la cantidad de 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido". Esta asignación económica fija, detraída directamente de los recursos de la formación que se nutre en gran medida de subvenciones públicas y asignaciones institucionales, requería de un circuito de blanqueo y ocultación que impidiera levantar las sospechas de los auditores internos y del propio Tribunal de Cuentas.
Es en este apartado financiero donde el instructor de la causa ubica la participación de otros dos actores de gran relevancia en el panorama orgánico y jurídico. Por un lado, sitúa al histórico dirigente socialista andaluz Gaspar Zarrías, a quien el magistrado atribuye haber prestado su propia estructura societaria personal como vehículo idóneo para camuflar dichos pagos mensuales bajo la apariencia de supuestos servicios legítimos de asesoría jurídica. Por otro lado, la resolución señala de forma directa al letrado Ismael Oliver, acusándole de haber ejercido como el canalizador de parte de estos fondos opacos con destino a la fontanera de Ferraz, compatibilizando estas labores de distracción monetaria con su papel formal como asesor legal de la propia formación política progresista.
La complejidad de la trama exigía que la maquinaria contable ordinaria de la sede federal de la calle Ferraz se doblegara ante las necesidades del plan clandestino. A juicio del magistrado de la Audiencia Nacional, estos pagos irregulares a Leire Díez contaron en todo momento "con el presumible concierto de la gerente de la Secretaría de Organización, Ana María Fuentes". La investigación judicial apunta a que Fuentes era la persona encargada de emitir las oportunas órdenes de encargo administrativo sobre las cuales se elaboraban posteriormente mendaces facturas comerciales e informes inexistentes, un mecanismo instrumental que permitía la transferencia mensual de fondos desde las cuentas del partido con destino final a las manos de Díez sin despertar alarmas en los balances contables oficiales de la organización federal.
La fontanera de Ferraz no ejecutaba las directrices de acoso judicial de manera solitaria en los despachos de la sede madrileña. Para dotar de eficacia a la estrategia de desestabilización y amplificar los ataques contra los jueces y fiscales díscolos, la red criminal tejió alianzas operativas con perfiles procedentes del tejido empresarial tecnológico y de los medios de comunicación de corte ideológico progresista. En esta operativa delictiva transversal, la investigada Leire Díez contó con la colaboración estrecha e imprescindible de dos figuras del entorno del partido: el empresario Javier Pérez Dolset y la periodista de investigación Patricia López, quien desarrolló sus últimas funciones profesionales en las páginas del diario digital Público.
La función de este grupo se activó y adquirió un carácter de extrema virulencia precisamente cuando el presidente del Gobierno comunicó su decisión de apartarse de la vida pública durante cinco días para sopesar su continuidad en la Moncloa debido a las actuaciones judiciales iniciadas contra su mujer, Begoña Gómez. El auto judicial resalta la simultaneidad de los hechos: es en ese preciso instante de vacío de liderazgo formal cuando Santos Cerdán convoca de urgencia la famosa reunión del 26 de abril de 2024 en la sede del PSOE. El magistrado precisa un detalle humano relevante sobre el funcionamiento del grupo: aunque la periodista Patricia López no pudo asistir de manera presencial a la cita por estrictos motivos personales, consta en las actuaciones que tenía pleno conocimiento previo de su existencia, de su convocatoria urgente y del contenido exacto de los planes que allí se iban a debatir.
A partir de la culminación de ese encuentro clave en Ferraz, calificado por el instructor como el verdadero punto de inflexión de la causa penal, el grupo de personas liderado políticamente por Santos Cerdán y coordinado sobre el terreno operativo por Leire Díez, con la participación activa de Pérez Dolset y Gaspar Zarrías, comenzó a desplegar una ofensiva coordinada de enorme alcance. La pretensión confesa de estas acciones era la desestabilización de las causas judiciales con afectación al PSOE o al Gobierno, presentando como objetivo último e innegociable proteger los intereses políticos puestos en juego por estas investigaciones criminales, unas pesquisas que afectaban de manera directa e indirecta a la supervivencia del partido mayoritario de la coalición y a los miembros más significativos del propio Consejo de Ministros.
La resolución dictada por Santiago Pedraz no representa una simple enumeración de indicios delictivos de carácter económico; constituye, desde una perspectiva de análisis político, una de las radiografías más demoledoras sobre la degradación de los mecanismos del poder y la instrumentalización de las estructuras de un partido de Gobierno para atacar la independencia judicial en la historia democrática del país. El auto describe una mutación alarmante: el aparato de una organización política centenaria volcado presuntamente en actuar como una organización criminal con el único fin de subvertir el normal funcionamiento de los tribunales de justicia.