Óscar Puente ha decidido entrar en el debate que algunos dirigentes autonómicos preferirían aplazar hasta que terminen los incendios. El ministro de Transportes sostiene que el fuego no puede analizarse únicamente como una catástrofe natural ni como una sucesión de emergencias inevitables, porque su intensidad y sus consecuencias también dependen de decisiones presupuestarias, de la gestión del territorio y de la fortaleza de los servicios públicos encargados de prevenirlo y combatirlo.
En un vídeo difundido en sus redes sociales, Puente ha acusado a los gobiernos autonómicos del Partido Popular de no ejercer adecuadamente sus competencias en materia de prevención, limpieza de montes y dotación de personal. Su intervención llega en plena emergencia, con decenas de miles de personas afectadas y varios grandes incendios que han obligado a desplegar recursos estatales, autonómicos y locales en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
La afirmación del ministro ha provocado una respuesta inmediata del PP, que le acusa de utilizar la tragedia para alimentar la confrontación política. La portavoz parlamentaria popular, Ester Muñoz, ha reprochado a Puente que trate de trasladar la responsabilidad a las comunidades autónomas y ha recordado que la Unidad Militar de Emergencias pertenece al conjunto del Estado y se financia con los impuestos de todos los ciudadanos.
Esa réplica no resuelve, sin embargo, la cuestión de fondo. La prevención y extinción de los incendios forestales corresponde fundamentalmente a las comunidades autónomas, que deben aprobar planes anuales, ordenar los recursos, regular las actividades de riesgo y mantener dispositivos adecuados a las características de su territorio. El Estado conserva funciones esenciales de coordinación, apoyo y protección civil, especialmente cuando una emergencia supera la capacidad ordinaria de una autonomía, pero la intervención de la UME no sustituye las obligaciones previas de cada Gobierno regional.
Puente plantea así una discusión que trasciende la actuación concreta de un operativo. Cuando un Ejecutivo autonómico reduce ingresos fiscales, presume de rebajas tributarias y presenta la contención del gasto como una virtud política, también está decidiendo qué servicios públicos financia y con qué intensidad. La prevención forestal necesita brigadas estables, trabajos durante todo el año, vigilancia, planificación territorial y mantenimiento de infraestructuras. Su eficacia apenas produce titulares cuando funciona, porque el éxito consiste precisamente en evitar que el incendio alcance dimensiones incontrolables.
La política de prevención posee además una dificultad particular. Sus resultados no suelen percibirse de manera inmediata y su abandono puede tardar años en mostrar consecuencias. Esa circunstancia favorece que los recursos se concentren en la extinción estival, mucho más visible, y que los trabajos forestales pierdan prioridad cuando termina la temporada de riesgo. Los incendios se combaten en verano, pero se previenen durante el invierno, una idea repetida durante años por técnicos y profesionales que contrasta con la temporalidad y la precariedad que todavía afectan a parte de los dispositivos autonómicos.
El ministro también ha recordado que el PP criticó con dureza la creación de la UME por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005. Aquel cuerpo, presentado entonces por dirigentes populares como un gasto innecesario, se ha convertido en uno de los instrumentos públicos más valorados y reclamados ante incendios, inundaciones y otras grandes emergencias. La evolución demuestra que determinadas inversiones estatales solo revelan toda su utilidad cuando llega la catástrofe que estaban destinadas a afrontar.
La dureza de Puente puede discutirse y su intervención no exime al Gobierno central de rendir cuentas sobre sus propias competencias. La coordinación institucional, las políticas climáticas y el apoyo a los territorios también corresponden al Ejecutivo. Pero exigir prudencia durante la extinción no debería significar imponer silencio sobre las causas políticas de la devastación.
El fuego no distingue entre administraciones, aunque las responsabilidades sí están distribuidas. Convertir cada incendio en una fatalidad climática permite evitar preguntas sobre la inversión, la planificación y las condiciones laborales de quienes protegen el monte. Puente ha formulado esas preguntas en el peor momento posible para quienes han construido su identidad política sobre la promesa de bajar impuestos sin explicar qué servicios dejarán de financiarse. La emergencia terminará. El debate sobre cuánto cuesta prevenir la siguiente debería comenzar antes de que vuelva a arder el país.
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