La entrevista de Óscar López, ministro para la Transformación Digital y figura clave del aparato de Moncloa, ofrece una radiografía precisa de la estrategia política del Gobierno en un momento de creciente fragilidad discursiva. Bajo la apariencia de un diálogo técnico sobre regulación digital, protección de menores y campaña electoral, emerge un patrón reconocible: convertir decisiones profundamente políticas en inevitabilidades administrativas, y desacreditar toda crítica como desinformación, oportunismo o mala fe.
El primer bloque, centrado en la llamada “ley antipantallas”, ilustra bien esta lógica. López insiste en que no se trata de una iniciativa improvisada, sino de una política largamente trabajada por el Ejecutivo, alineada con la protección del menor y la lucha contra la pornografía infantil. España, asegura, va por delante de Europa. Sin embargo, el énfasis en el liderazgo normativo encubre una realidad más prosaica: dos normas clave, la ley de protección del menor en entornos digitales y la aplicación nacional del Digital Services Act (DSA), siguen empantanadas en el Congreso. El ministro traslada la responsabilidad al Parlamento, y en particular al PP, pero evita explicar por qué el Gobierno no ha sido capaz de construir mayorías estables para sacarlas adelante.
Cuando la conversación deriva hacia el clásico dilema entre censura y responsabilidad de las plataformas, López opta por una maniobra conocida. Niega cualquier intención de controlar contenidos y presenta la regulación como mera ejecución de una normativa europea ya aprobada. El concepto clave es “accountability”, una palabra cuidadosamente escogida para desactivar temores sobre la libertad de expresión. Las plataformas, dice, deben asumir responsabilidades como lo hacen los directivos de los medios tradicionales. La referencia a Elon Musk no es casual: se le presenta como un actor económico incómodo ante la regulación, más que como un actor político con capacidad real de influir en el debate público europeo.
El argumento se refuerza al abordar la edad mínima en redes sociales. López recurre a una analogía recurrente pero eficaz: permitir el crecimiento desregulado de las plataformas equivale a sacar coches a la carretera sin código de circulación. La propuesta de fijar la edad mínima en 16 años se presenta como parte de un consenso europeo emergente. Lo que queda menos explorado es la dificultad práctica de aplicar esa norma sin reforzar mecanismos de vigilancia digital y sin delegar aún más poder en las propias plataformas que se dice querer controlar.
El tono cambia cuando la entrevista entra en terreno electoral. En el análisis de la campaña en Aragón, López rechaza cualquier papel de estratega enviado por Moncloa y reivindica a Pilar Alegría como candidata. El crecimiento de Vox, sostiene, no es responsabilidad del PSOE, sino del PP, por haberlo normalizado mediante pactos de gobierno y por adoptar parte de su agenda. Es una lectura funcional, pero incompleta: evita cualquier reflexión sobre los límites del discurso gubernamental para frenar a la extrema derecha más allá de señalar la culpa ajena.
La regularización de inmigrantes, anunciada en pleno contexto electoral, se defiende como una respuesta “amable” y ordenada frente al endurecimiento global del discurso migratorio. López niega un “efecto llamada” y pone el foco en los empleadores que explotan a personas sin papeles. El argumento es coherente desde una perspectiva de derechos y mercado laboral, pero políticamente arriesgado. La insistencia en que las alertas policiales no son oficiales, sino quizá sindicales, sugiere una estrategia defensiva más que una voluntad de afrontar un debate público complejo y polarizado.
El bloque dedicado a José Luis Rodríguez Zapatero revela el nervio del momento. López no solo lo defiende, sino que descalifica frontalmente las críticas como “campañas de fango”, negando cualquier reproche ético si las actividades posteriores de un expresidente son legales. Es una defensa cerrada que reduce la ética pública a la legalidad estricta y que ignora una pregunta clave en democracias maduras: no todo lo legal es políticamente inocuo.
El cierre, con la mención a Isabel Díaz Ayuso y su participación telemática en un acto en Mar-a-Lago, permite a López un remate irónico. Sus referentes, sugiere, serían Trump y Milei. La frase busca deslegitimar por asociación, pero también delata una paradoja: el Gobierno denuncia la internacionalización del populismo de derechas mientras evita confrontar las tensiones internas de su propio relato.
En conjunto, la entrevista no muestra a un Ejecutivo a la defensiva, sino a uno que ha optado por blindar su discurso. La regulación digital se presenta como técnica, la inmigración como humanitaria, la campaña como local y las críticas como malintencionadas. Es una estrategia eficaz a corto plazo, pero frágil a medio. Cuando todo se reduce a gestión y nadie admite conflicto real, el debate democrático se empobrece. Y cuando eso ocurre, ni la mejor ley ni el mejor marco europeo bastan para rellenar el vacío.