Cada cierto tiempo la política descubre problemas que llevan décadas esperando una solución. Esta semana le ha tocado al turno de oficio. El Partido Popular ha anunciado una iniciativa para exigir al Gobierno la reforma de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, la actualización de los baremos y unas indemnizaciones dignas para los abogados y procuradores que prestan este servicio esencial.
La reivindicación llega con motivo del Día de la Justicia Gratuita. El momento resulta apropiado. Lo sorprendente es que el Partido Popular actúe como si acabara de conocer una realidad que los profesionales vienen denunciando desde hace muchos años.
Los baremos son insuficientes. Las compensaciones económicas llevan años perdiendo poder adquisitivo. La burocracia sigue siendo excesiva y el sistema necesita una actualización profunda. Todo eso es cierto. Nadie que conozca mínimamente el funcionamiento del turno de oficio lo discute.
Lo que el comunicado del PP evita explicar es que la justicia gratuita no depende únicamente del Ministerio de Justicia. Desde hace años, buena parte de las competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Son esas administraciones las que gestionan el servicio, aprueban sus presupuestos y fijan buena parte de las condiciones en las que trabajan los profesionales. Y ahí empiezan las contradicciones.
Porque varias de las comunidades que desde hace años gobierna el Partido Popular también han sido escenario de las mismas reclamaciones que ahora Feijóo dirige contra el Ejecutivo central. Los colegios de la abogacía llevan tiempo denunciando retrasos, baremos insuficientes, diferencias territoriales y una financiación que continúa muy lejos de responder a la responsabilidad que asumen quienes integran el turno de oficio.
Resulta difícil presentarse como el gran defensor del servicio cuando allí donde se dispone de capacidad de gestión tampoco se ha producido la transformación que ahora se reclama.
El problema de la justicia gratuita nunca ha sido patrimonio de un solo gobierno. Es una deficiencia estructural que se arrastra desde hace demasiado tiempo y que ha sobrevivido a ejecutivos de distinto signo político. Precisamente por eso sorprende que el Partido Popular reduzca ahora toda la responsabilidad a un único ministerio.
Feijóo insiste con frecuencia en que España necesita menos propaganda y más gestión. Sin embargo, en esta ocasión ha optado por una estrategia exactamente opuesta. Ha convertido una reivindicación compartida por toda la abogacía en un instrumento de desgaste político, como si las soluciones dependieran exclusivamente del adversario. El turno de oficio merece bastante más que eso.
Hablamos de casi 40.000 profesionales que garantizan cada día el derecho de defensa de quienes carecen de recursos económicos. Su trabajo sostiene uno de los pilares del Estado de derecho y permite que la igualdad ante la ley no dependa del nivel de renta. Esa función exige un reconocimiento institucional que vaya mucho más allá de las declaraciones conmemorativas.
La reforma de la justicia gratuita es necesaria. También lo es actualizar unos baremos que han quedado claramente desfasados y ofrecer mayor estabilidad a quienes prestan este servicio. Pero esa reforma exige asumir responsabilidades en todos los niveles de la Administración, no solo señalar al Gobierno cuando se está en la oposición.
Quizá ahí resida la principal debilidad del discurso del Partido Popular. Feijóo reclama ahora aquello que su partido ha tenido durante años la oportunidad de impulsar en los territorios donde gobierna. Es mucho más sencillo exigir soluciones desde una rueda de prensa que aplicarlas cuando se dispone de competencias para hacerlo.
La justicia gratuita necesita menos declaraciones solemnes y más acuerdos entre administraciones. Los profesionales llevan demasiado tiempo esperando. Y esa espera no distingue entre gobiernos del PP, del PSOE o de cualquier otro color político.
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