El error sanitario ya estaba asumido. Lo que no llega es la respuesta. Seis meses después, las afectadas empiezan a acudir a los juzgados no por estrategia, sino por agotamiento. El caso dejó de ser técnico hace tiempo. Lo que empezó como un fallo en los cribados de cáncer de mama ha derivado en un conflicto que ya no gira en torno al diagnóstico, sino a la reacción institucional. El problema ya no es solo lo que ocurrió, sino lo que no está ocurriendo ahora.
La asociación Amama ha decidido dar el paso. Demandar al Servicio Andaluz de Salud para que indemnice a una de las afectadas. No es un movimiento aislado. Es el primero de una serie que, según el propio abogado, irá llegando en cadena. Decenas de reclamaciones ya presentadas, otras tantas en preparación, nuevas cada día.
La acumulación de casos indica un problema extendido, no un error puntual.
Nadie responde
La vía judicial no era la primera opción. Lo dice el propio letrado. Más de cincuenta intentos de contacto con la administración. Llamadas, correos, requerimientos. Sin respuesta. El silencio no es una interpretación política. Es un hecho reiterado.
Esa ausencia de interlocución tiene consecuencias. Obliga a las afectadas a iniciar procesos largos, costosos y emocionalmente exigentes. Mujeres que ya han atravesado una situación sanitaria compleja y que ahora se ven empujadas a otro recorrido. El sistema no repara, deriva.
El caso de Anabel concentra esa dinámica. Fue el primero en presentarse. El más antiguo. También el único que no ha recibido ningún tipo de requerimiento por parte de la Junta. Ni solicitud de documentación, ni propuesta de solución, ni un gesto de respuesta administrativa.
El Gobierno andaluz ha optado por no intervenir de forma visible en este proceso. Esa decisión tiene un efecto inmediato. Desplaza el conflicto al ámbito judicial y evita asumirlo en el terreno político. Pero esa estrategia no neutraliza el problema. Lo amplifica. Cada nueva reclamación que llega refuerza la percepción de que no se trata de un caso aislado, sino de una gestión deficiente prolongada en el tiempo.
La figura de Amama introduce un elemento que la administración no ha logrado contrarrestar. Acompañamiento, visibilidad, presión sostenida. Donde la Junta no responde, la asociación articula. El núcleo del conflicto es sencillo. Reconocimiento, disculpa, indemnización. Tres elementos que no han llegado. Y que, en ausencia de respuesta, pasan a reclamarse en los tribunales.
Mientras tanto, el tiempo sigue corriendo. Para la administración es un expediente más. Para las afectadas, no. Cada demora añade incertidumbre y desgaste.
La decisión de judicializar no cierra el caso. Lo abre en otro escenario. Más lento, más formal, más costoso. El que se activa cuando la vía administrativa deja de existir en la práctica.
La gestión de una crisis sanitaria no termina con el fallo. Continúa en la forma de responder a sus consecuencias. Ahí es donde el Gobierno andaluz ha decidido no estar.