El Gobierno intenta contener el desgaste político alrededor del caso Plus Ultra antes de que la investigación judicial siga ampliando su impacto. Moncloa negó de forma tajante que Julián Mateos, actual director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, tuviera relación alguna con la concesión del préstamo público a la aerolínea Plus Ultra aprobado en marzo de 2021.
La precisión temporal resulta clave para el Ejecutivo.
Según trasladan fuentes gubernamentales, el cargo que actualmente ocupa Mateos ni siquiera existía cuando se aprobó el rescate, ya que fue creado meses después, en agosto de 2021. Además, subrayan que el actual responsable del fondo no trabajaba previamente en la SEPI, por lo que “no tuvo ninguna intervención” en la operación.
El desmentido llega después de que trascendiera un informe de la UDEF remitido al juez José Luis Calama en el marco de la investigación sobre Plus Ultra y la supuesta trama de influencias vinculada al caso. El mensaje de los “10.000 euros”
El informe policial analiza una conversación entre directivos de la aerolínea y personas próximas al entorno investigado. En concreto, los agentes recogen un intercambio de mensajes posterior al nombramiento de Julián Mateos al frente del fondo público. Tras reenviarse una noticia sobre ese nombramiento, uno de los interlocutores pregunta si lo conocen y, pocos minutos después, aparece un mensaje con la frase: “10k done”.
La UDEF interpreta esa expresión como la posible confirmación de un pago de 10.000 euros.
Sin embargo, el Gobierno intenta marcar distancia entre esa conversación y cualquier relación efectiva con la concesión inicial del rescate, recordando que la ayuda pública ya había sido aprobada varios meses antes. Ahí se sitúa ahora buena parte de la batalla política y judicial alrededor del caso.
Porque mientras la investigación sigue avanzando y el juez trata de determinar si existió una estructura de influencias para favorecer a Plus Ultra, el Ejecutivo insiste en separar los indicios, conversaciones y relaciones personales de la existencia de pruebas concluyentes sobre actuaciones ilegales. Y esa diferencia empieza a convertirse en uno de los ejes centrales del debate político alrededor de la investigación.