Las mentiras, manipulaciones y verdades del debate Sánchez - Feijóo

Ambos candidatos recurrieron a datos reconocibles, pero también a comparaciones incompletas, promesas presentadas como resultados y cifras cuya interpretación exige cautela

José A. Gómez / Agustín Millán
20 de Noviembre de 2026
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Debate Feijoo Sanchez 07

El debate entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez dejó una constante que atraviesa buena parte de la política española. Los dos candidatos intentaron convertir los indicadores económicos y sociales en argumentos a favor de sus respectivos proyectos. Pero las cifras, sometidas a examen, no siempre significan lo que sus protagonistas sugirieron. En ocasiones, el dato de partida es correcto. Lo discutible es el salto que se da desde ese número hasta una conclusión política.

La revisión de las afirmaciones muestra que la distancia entre un anuncio, una partida presupuestaria y un resultado ejecutado fue uno de los principales puntos débiles del intercambio. También evidencia que una estadística sobre anuncios inmobiliarios no equivale al inventario de viviendas disponibles. Que una previsión económica no es un resultado definitivo. Y que una investigación judicial no constituye una condena.

El problema de fondo no es menor. En un país que afronta un déficit de vivienda, dificultades de acceso a servicios públicos y una fuerte preocupación por el coste de la vida, la precisión de los datos resulta tan importante como las propuestas que los partidos ponen sobre la mesa.

La vivienda, el terreno donde más se confunden anuncios y resultados

La crisis residencial fue uno de los principales escenarios de confrontación. Feijóo sostuvo que habían desaparecido 400.000 viviendas del mercado del alquiler. La cifra tiene una base identificable. Los anuncios de alquiler residencial de larga duración publicados en Idealista pasaron de 902.664 en 2018 a 510.091 en 2025. Una reducción de 392.573 anuncios. Pero menos anuncios publicados no significa que hayan desaparecido exactamente 400.000 viviendas del parque arrendado. La estadística mide oferta publicitada, no el número neto de hogares que mantienen contratos de alquiler.

Sánchez, por su parte, afirmó que durante los últimos ocho años se había construido un millón de viviendas y que el 13% eran protegidas. La serie oficial disponible para enero de 2018-junio de 2026 registra 749.987 viviendas terminadas. De las que unas 90.005 eran protegidas, alrededor del 12% . Además, ese periodo incluye obras anteriores a su investidura y promociones de administraciones y promotores privados. No puede atribuirse toda esa construcción al Gobierno central.

El diagnóstico de escasez, sin embargo, sí tiene respaldo. El Banco de España estima un déficit acumulado cercano a las 750.000 viviendas entre 2021 y 2025. La magnitud ayuda a explicar la presión sobre los precios y el acceso residencial. Aunque no debe confundirse con una resta automática entre hogares creados y viviendas terminadas. También intervienen viviendas vacías, cambios de uso y transformaciones en la composición de los hogares.

El debate dejó así una conclusión incómoda para ambos. La emergencia de vivienda está documentada. Pero ni los anuncios de nuevas promociones ni las cifras de oferta publicada demuestran por sí solos que el problema esté resuelto. Ni que una política concreta haya fracasado en exclusiva.

Economía y empleo: los indicadores favorables no describen por sí solos la vida de los hogares

En el terreno económico, Sánchez pudo apoyarse en cifras recientes de actividad y empleo. La Comisión Europea situó en el 2,6% su previsión de crecimiento para España en 2026. Es un pronóstico, no el balance definitivo del ejercicio. Pero coloca a la economía española por encima de la media prevista para la Unión Europea, del 1,4% . La propia Comisión advierte, no obstante, de que la inflación más persistente y el encarecimiento de la financiación siguen condicionando la renta disponible y el consumo de las familias.

También está confirmado que la Seguridad Social superó los 22,6 millones de afiliados en octubre. Con 22.624.165 ocupados en la serie original. El registro refleja un mercado laboral en expansión y más de 784.000 afiliados adicionales en un año. Pero la afiliación no equivale exactamente al número de personas con empleo estable. Ni permite concluir que todos los trabajadores hayan mejorado sus salarios reales o su capacidad de compra.

Ahí se encuentra una de las diferencias esenciales entre los argumentos de ambos candidatos. Sánchez enfatizó el crecimiento, la creación de empleo y el aumento del salario mínimo. Feijóo puso el acento en el coste de la vida y en la pérdida de poder adquisitivo. La verificación respalda una parte importante de ambos diagnósticos. Pero obliga a precisar los periodos de comparación. El incremento del salario mínimo del 75% solo se obtiene al comparar los 735 euros mensuales de 2018 con los 1.286 euros aprobados para 2027. Si el corte se realiza en 2026, la subida acumulada es menor.

La cesta de la compra ofrece otro ejemplo. El encarecimiento aproximado del 42,9% de los alimentos entre junio de 2018 y octubre de 2026 resulta compatible con la evolución del índice de precios utilizado en la revisión. Sin embargo..., no acredita automáticamente las subidas concretas de leche, huevos, patatas o legumbres que Feijóo atribuyó a productos individuales. Una media estadística puede describir una tendencia general. Pero no sustituye la comprobación de cada producto ni representa necesariamente la compra de todos los hogares.

Impuestos, deuda y pensiones: las comparaciones que necesitan contexto

La discusión fiscal también mostró cómo una cifra verdadera puede conducir a una conclusión equivocada si se omite su denominador. La presión fiscal española alcanzó el 38,1% del PIB en 2025. Por encima del nivel aproximado de 2018. Pero eso no convierte a España en el país con los impuestos más altos de Europa. Tampoco el incremento de la recaudación nominal demuestra que toda la subida proceda de aumentos de tipos. Influyen el empleo, los salarios, los beneficios empresariales, el consumo y la inflación.

La comparación entre los 208.685 millones recaudados por la Agencia Tributaria en 2018 y los 325.356 millones de 2025 arroja un aumento de 116.671 millones. Por tanto, la cifra de 220.000 millones adicionales al año utilizada por Feijóo no coincide con esa serie concreta. La recaudación nominal, además, no es lo mismo que la presión fiscal ni que la carga soportada por cada contribuyente.

En materia de deuda, Sánchez acertó al señalar que el porcentaje sobre el PIB había retrocedido unos 25 puntos desde el máximo pandémico de 2021. Pero el dato de septiembre de 2026, situado en el 100,3% , seguía por encima del 97,5% de 2018. Feijóo, por su parte, puede señalar que el volumen nominal de deuda ha aumentado. Aunque ese crecimiento tampoco identifica por sí solo una causa única.

Las pensiones aportaron otro ejemplo de controversia sobre medidas ya vigentes. La revalorización de las pensiones contributivas conforme al IPC está establecida por ley desde 2021. Presentarla como una garantía que todavía debe crearse omite ese antecedente. A la vez, atribuir a cada pensionista una ganancia anual uniforme de 6.000 euros no está respaldado. Las cuantías dependen de la prestación individual, la carrera de cotización y las revalorizaciones aplicadas.

La pobreza infantil introduce un contrapunto a los indicadores macroeconómicos. El informe de EAPN sitúa en el 28,4% el riesgo de pobreza monetaria entre niños y adolescentes en 2025. Y en el 33,8% la tasa AROPE. Son indicadores distintos. Pero ambos reflejan una vulnerabilidad persistente. El crecimiento económico y la mejora del empleo pueden convivir con hogares que siguen sin disponer de recursos suficientes.

Ferrocarril y responsabilidades: una tragedia no se resuelve con una acusación

La confrontación sobre los accidentes ferroviarios elevó el tono del debate y obligó a separar cifras confirmadas de responsabilidades todavía no demostradas. El balance aportado sitúa en 115 las víctimas mortales de los siniestros de Adamuz y Urda. 46 en el primero. Y 69 en el segundo. La suma es correcta. Pero no demuestra que ambos accidentes compartieran causa ni permite atribuir negligencia penal a una persona concreta.

También se comunicaron 170 incidencias relacionadas con el sistema LZB. De las cuales 64 afectaron a la circulación y 13 se registraron en el tramo vinculado al accidente de Urda. La existencia de incidencias merece escrutinio. Pero no acredita que todas fueran equivalentes. Que todas se hubieran desatendido. O que constituyeran avisos de un riesgo idéntico. Para establecer responsabilidades es necesario reconstruir qué se comunicó, cuándo, a quién y qué respuesta se dio.

La cifra del 70% de fallecidos mundiales en accidentes de alta velocidad atribuida a España tampoco puede presentarse sin explicar el periodo elegido y la clasificación de las líneas. Según la revisión aportada, al ampliar la serie histórica desde 1964 la proporción se situaría aproximadamente en el 47,6% . Y ni siquiera ese porcentaje mide por sí solo la seguridad comparada. Para ello habría que considerar la exposición al riesgo. Como los viajeros y kilómetros recorridos.

Sánchez anunció un compromiso de 19.000 millones para mantenimiento y seguridad ferroviaria durante seis años. La cifra debe distinguirse de la inversión ya ejecutada y del calendario presupuestario concreto. Del mismo modo, las informaciones sobre diligencias relacionadas con contratos de Defensa e Indra no permiten hablar de dinero defraudado ni de culpabilidad acreditada. Una investigación exige transparencia. Pero no sustituye a una sentencia.

Corrupción e inmigración: acusaciones que no deben convertirse en hechos probados

La corrupción ocupó otro espacio central en el choque entre los dirigentes. Feijóo utilizó recuentos de investigados, causas y condenas para cuestionar al PSOE. Sánchez respondió con referencias a procedimientos relacionados con el PP y a la financiación irregular de su sede. La verificación advierte que varios de esos inventarios no cuentan con una metodología pública homogénea que permita reproducirlos íntegramente.

Hay, sin embargo, hechos concretos que deben distinguirse de las acusaciones generales. La financiación en B de parte de las obras de la sede del PP fue acreditada judicialmente. En el caso de David Sánchez, la resolución citada impuso nueve años de inhabilitación, no nueve años de prisión. Las actuaciones del Tribunal de Cuentas sobre sus retribuciones tampoco equivalen a una orden definitiva de devolución.

La ley del «solo sí es sí» ofrece una corrección igualmente relevante. El balance judicial citado contabilizó 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones. No es correcto convertir las rebajas de penas en 1.400 excarcelaciones. La distinción no elimina el impacto de las revisiones judiciales. Pero evita describirlo con una cifra y una categoría equivocadas.

En inmigración, Feijóo acertó al señalar el aumento del 39,4% de las entradas irregulares en España en la comparación temporal recogida por la revisión. También se aproxima al dato europeo de descenso del 29% comunicado para los cruces irregulares. Sánchez, en cambio, no ajustó su afirmación de una caída del 21% desde 2018 a la comparación homogénea examinada. Que la sitúa alrededor del 11,5% .

La revisión también desmonta la afirmación de que Frontex no opera en España. La agencia europea mantiene presencia y operaciones en territorio español. Sobre Ceuta, las cifras de entradas difieren según la autoridad y la fecha de corte. Y el informe del CNI citado no encontró pruebas concluyentes de que Marruecos hubiera organizado los cruces. Eso no resuelve todas las preguntas sobre el episodio. Pero impide presentar como demostrada una operación estatal marroquí.

Tampoco los datos agregados de criminalidad permiten establecer una relación causal entre inmigración y delito. Las estadísticas registran variaciones en determinadas categorías. Pero para sostener una conexión de ese tipo harían falta datos comparables, variables de contexto y una metodología que no se obtiene de yuxtaponer cifras de llegadas y delitos.

La política frente a la obligación de precisar

El examen de las afirmaciones de Feijóo y Sánchez deja un resultado menos sencillo que el de una competición de aciertos y errores. El líder popular recurrió en ocasiones a datos reales de anuncios inmobiliarios, recaudación o criminalidad. Pero los extendió a conclusiones que esas series no prueban. El presidente socialista presentó indicadores favorables de empleo, crecimiento y políticas sociales. Aunque algunas de sus cifras mezclaron previsiones con resultados, financiación con gasto ejecutado y compromisos con viviendas efectivamente terminadas.

Ambos reconocieron, de una u otra manera, problemas que exigen respuestas. Falta vivienda. Persiste la presión sobre los precios. La pobreza infantil continúa siendo elevada. Y las infraestructuras necesitan mantenimiento y supervisión. Sus diferencias aparecen en las soluciones. Más construcción y cambios normativos y fiscales en la propuesta popular. Regulación, inversión pública y continuidad de las políticas del Ejecutivo en la socialista.

La principal conclusión del examen no es que todas las afirmaciones de un candidato sean falsas ni que las del otro queden confirmadas. Es que las cifras necesitan contexto, periodos comparables y categorías precisas. Una vivienda anunciada no es una vivienda construida. Una inversión prometida no es dinero ejecutado. Una rebaja de condena no es una excarcelación. Una investigación no es una condena.

En un debate electoral, la contundencia puede ser rentable durante unos segundos. Pero cuando se examinan los datos, la realidad suele ser más compleja que el eslogan. Y esa complejidad importa. Porque detrás de cada porcentaje hay hogares que buscan alquiler. Trabajadores que intentan llegar a fin de mes. Pensionistas que dependen de sus ingresos. Y ciudadanos que esperan que las instituciones respondan con eficacia y transparencia.

El verdadero contraste entre Feijóo y Sánchez no se mide, por tanto, contando únicamente cuántas cifras pronunció cada uno. Se mide observando qué parte de sus diagnósticos resiste el examen. Y qué distancia existe entre sus promesas y los resultados verificables. La política puede discutir las prioridades. Los datos obligan, al menos, a discutirlas sin confundir lo anunciado con lo conseguido.

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