El acta notarial que recoge los mensajes de WhatsApp enviados por Carlos Mazón a Alberto Núñez Feijóo durante la noche del 29 de octubre de 2024, publicados por elDiario.es, ha introducido un elemento disruptivo en la investigación política y judicial sobre la dana que asoló la Comunitat Valenciana y causó 230 víctimas mortales. No se trata de una filtración interesada ni de una interpretación periodística: es una prueba documentada que cuestiona de forma directa la veracidad del testimonio del entonces president de la Generalitat en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.
Mazón sostuvo ante los diputados que no tuvo conocimiento de fallecidos por ahogamiento “hasta las cinco de la mañana del día siguiente”. Sin embargo, los mensajes certificados ante notario revelan que a las 23.25 horas ya informaba al líder del Partido Popular de que “ya están apareciendo muertos en Utiel y van a aparecer bastantes más”. Un minuto después, añadía una previsión que hoy resuena con especial crudeza: “Van a ser decenas seguro”. El tono del mensaje —“Un puto desastre va a ser esto, presi”— no deja margen para la ambigüedad ni para una interpretación exculpatoria.
La contradicción es frontal. Si Mazón conocía la existencia de víctimas mortales antes de la medianoche, su declaración parlamentaria resulta, como mínimo, inexacta. Y en el peor de los escenarios, deliberadamente falsa. El Código Penal es claro al respecto: mentir ante una comisión parlamentaria de investigación puede conllevar penas de prisión o multa. Compromís ya advirtió de esta posibilidad tras la comparecencia del expresident, y la aparición del acta notarial refuerza el fundamento jurídico de esa advertencia.
El contexto en el que se produjeron esos mensajes añade una dimensión política aún más delicada. Mazón trató de desligar el conocimiento de las muertes de su tardía incorporación a la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), retraso motivado por la ya célebre comida y sobremesa en el restaurante El Ventorro. Sin embargo, según declaró el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, incluso antes de la llegada del president, los bomberos ya habían localizado un cadáver en Utiel. Es decir, la información crítica circulaba mientras la dirección política no asumía plenamente el mando.
El propio Mazón reconoció públicamente pasada la medianoche que podía confirmar la existencia de “cuerpos sin vida”, aunque alegó que no se ofrecieron más detalles por la imposibilidad de notificar oficialmente a las familias y por el caos informativo que imperaba sobre el terreno. Esa explicación, aunque comprensible desde el punto de vista operativo, no encaja con la afirmación posterior de que desconocía los fallecimientos hasta el amanecer.
La figura de Alberto Núñez Feijóo tampoco sale indemne de esta revelación. Fue el propio líder del PP quien remitió a la jueza instructora los mensajes pocas horas antes de Nochebuena, un gesto que ha sido interpretado de forma ambivalente: como un intento de colaboración tardía con la justicia o como una maniobra defensiva ante la inminencia de que esos mensajes salieran a la luz por otras vías. Para las víctimas, la lectura es mucho más severa.
Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales dana 29O, sostiene que Feijóo “mintió” y contribuyó a construir un “relato falso” destinado a proporcionar una coartada política a Mazón y al Consell. Según esta acusación, la jueza ha ido desmontando ese relato pieza a pieza a medida que avanza la instrucción. No es un reproche menor: implica señalar al principal líder de la oposición como partícipe de una estrategia de encubrimiento político en una de las mayores tragedias recientes.
A esta desconfianza se suma un detalle significativo: el acta notarial solo incluye los mensajes enviados por Mazón, pero no las respuestas de Feijóo. La ausencia de esos mensajes alimenta las sospechas de las asociaciones de víctimas, que reclaman conocer el contenido íntegro de la conversación para esclarecer qué sabía el líder del PP, cuándo lo supo y cómo actuó en consecuencia. La solicitud de que Feijóo declare como testigo ante la jueza de la dana se enmarca en esa exigencia de transparencia.
El caso de la dana ya no es únicamente una investigación sobre la gestión de una emergencia climática extrema. Se ha convertido en un examen profundo de la responsabilidad política, de la relación entre verdad y poder y de los límites éticos del relato partidista cuando están en juego cientos de vidas humanas. Los mensajes de WhatsApp, fríos y directos, han roto el dique del discurso oficial. Y una vez que la verdad queda certificada ante notario, el margen para la ambigüedad política se estrecha hasta casi desaparecer.