Marruecos ha decidido que la batalla por el relato de lo ocurrido en Ceuta también se libra en Bruselas. Apenas unas horas antes de que el Parlamento Europeo debatiera la crisis migratoria de los días 30 y 31 de julio, la Misión de Marruecos ante la Unión Europea y la OTAN hizo llegar a varios eurodiputados españoles una carta destinada a fijar la versión de Rabat sobre la entrada masiva de decenas de miles de personas y, sobre todo, a combatir la sospecha de que las autoridades marroquíes pudieron utilizar la presión migratoria como instrumento político.
La iniciativa diplomática llega en un momento especialmente delicado para Marruecos. El Parlamento Europeo tiene previsto votar este jueves una resolución sobre Ceuta y el propio expediente parlamentario resulta poco confortable para Rabat: «Los recientes ataques híbridos y la instrumentalización de migrantes en Ceuta y la necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras exteriores de la UE» es la denominación oficial bajo la que se tramita el asunto.
No significa que la Eurocámara haya concluido que Marruecos organizó la entrada masiva. La resolución todavía debe votarse y los grupos mantienen posiciones diferentes sobre lo sucedido. Sí permite entender, sin embargo, por qué Rabat consideró conveniente hacer llegar su argumentario a los eurodiputados antes del debate.
La carta, fechada el 14 de septiembre, fue enviada de manera selectiva. Según la información conocida, la recibieron representantes de PSOE, PNV y ERC, mientras eurodiputados de PP, Vox, Sumar, Compromís, Podemos y BNG consultados no la habían recibido. Marruecos presenta el documento como información destinada a «aclarar la situación» y contribuir constructivamente al debate europeo.
Rabat construye su defensa ante la Eurocámara
La tesis marroquí descansa sobre una pregunta que atraviesa toda la misiva: qué ganaría Marruecos provocando deliberadamente una crisis de semejantes dimensiones con España y con la Unión Europea en un momento de estrecha cooperación política, económica y migratoria.
Rabat recuerda que la UE es su principal socio y que las relaciones con España atraviesan una etapa de fortalecimiento. Introduce además un elemento simbólico: las entradas se produjeron coincidiendo con la Fiesta del Trono, una de las principales celebraciones nacionales marroquíes. La representación diplomática pregunta a los eurodiputados qué sentido tendría que el propio Reino desencadenase una crisis internacional precisamente en esa fecha.
Es un argumento político, no una prueba sobre el origen de lo sucedido, pero permite entender la estrategia defensiva elegida por Marruecos. Rabat no se limita a negar una operación deliberada, sino que intenta presentar esa hipótesis como incompatible con sus propios intereses diplomáticos.
La versión marroquí sitúa las causas en otro lugar. Sus autoridades aseguran que investigan «las causas y los actores» que estuvieron detrás de las movilizaciones y apuntan al papel de la desinformación difundida en redes sociales y a la manipulación de personas vulnerables por redes dedicadas al tráfico y la trata de migrantes.
Ese elemento no surge únicamente de la explicación de Rabat. El servicio de estudios del Parlamento Europeo, en un informe publicado el 10 de septiembre, describe la entrada del 30 de julio como un cruce masivo sin precedentes de unas 80.000 personas producido en medio de una oleada de desinformación en internet. La dimensión exacta de las entradas varía según las fuentes: el Gobierno español habla oficialmente de más de 70.000 personas, mientras la documentación europea maneja una estimación próxima a las 80.000.
Marruecos incorpora además a su defensa las declaraciones del propio Gobierno español. Pedro Sánchez ha explicado que durante las primeras horas de la crisis las autoridades marroquíes alertaron también de las llegadas, aunque su actuación no tuvo inicialmente la intensidad necesaria para contener una movilización de semejantes dimensiones. Según el presidente, unas diez horas después se produjo una participación mucho más activa de Marruecos y Rabat se comprometió a aceptar el retorno de los migrantes.
Ese matiz resulta importante porque la información disponible no permite convertir las sospechas sobre la actuación marroquí en una certeza sobre una operación organizada por Rabat. Los documentos desclasificados por el Gobierno español muestran alertas, comunicaciones entre organismos de inteligencia y seguridad y un incremento previo de la presión migratoria, pero no acreditan por sí solos una orden del Gobierno marroquí para abrir la frontera. La discusión política, sin embargo, ha avanzado bastante más deprisa que las certezas disponibles.
Ceuta se convierte también en una batalla europea
El Partido Popular ha utilizado la crisis para endurecer su posición respecto a Marruecos y cuestionar la respuesta del Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo ha exigido públicamente conocer qué comunicaciones mantuvo España con Rabat y qué respuesta recibió, y ha sostenido que una crisis de esta magnitud no puede gestionarse desde «el silencio, la ambigüedad o la subordinación».
El enfrentamiento se ha trasladado a Estrasburgo. El Partido Popular Europeo reclama que Marruecos asuma sus responsabilidades como socio estratégico de la Unión y ha abierto incluso el debate sobre las consecuencias que una eventual instrumentalización de la inmigración debería tener para las relaciones entre Bruselas y Rabat. Los socialistas europeos han puesto el acento, en cambio, en la cooperación marroquí posterior y en la necesidad de diferenciar las responsabilidades políticas de la actuación de traficantes y redes criminales.
La carta enviada desde Rabat debe leerse precisamente dentro de esa disputa. Marruecos sabe que lo que está en juego no es únicamente la interpretación de dos jornadas extraordinarias en la frontera española, sino su condición de socio privilegiado de la Unión Europea en el control migratorio.
La relación tiene una dimensión material difícil de ignorar. Marruecos sostiene que su cooperación permite impedir cada año decenas de miles de entradas irregulares hacia España y cifra en 227.000 los intentos frustrados entre 2023 y 2025. Ese trabajo fronterizo forma parte de una relación mucho más amplia en la que confluyen comercio, seguridad, cooperación policial y gestión migratoria.
Precisamente por eso la pregunta sobre qué ocurrió durante aquellas horas resulta tan delicada. Si Marruecos carecía de capacidad para contener una movilización de semejante tamaño, queda expuesta la fragilidad de una frontera exterior de la Unión cuya estabilidad depende en buena medida de la cooperación de un tercer país. Si tuvo capacidad y decidió no utilizarla durante parte de la crisis, la pregunta política es todavía más incómoda.
Entre ambas posibilidades existe un territorio que las investigaciones y la documentación disponible todavía no permiten cerrar y Rabat intenta ocuparlo con su carta.
La representación marroquí insiste en que el uso de fuerza letal no podía constituir una respuesta aceptable ante decenas de miles de personas que trataban de cruzar en un periodo extremadamente breve, muchas de ellas arriesgando su vida en el Mediterráneo. El argumento introduce además la dimensión humana de una crisis que la batalla política ha ido desplazando ya que detrás de las cifras hubo personas que murieron intentando alcanzar territorio español y miles que quedaron atrapadas durante semanas en una situación extremadamente precaria.
El Gobierno español cifra en más del 90% la proporción de personas que regresaron inicialmente a Marruecos después de las entradas del 30 y 31 de julio. Posteriormente continuaron los retornos voluntarios y las expulsiones, mientras Ceuta tuvo que desplegar recursos extraordinarios para gestionar a quienes permanecieron en la ciudad.
Todo ello explica la intensidad con la que Marruecos intenta evitar que en las instituciones europeas se consolide una conclusión especialmente peligrosa para sus intereses, que la crisis de Ceuta pueda interpretarse como un episodio de instrumentalización migratoria comparable a otros utilizados por la Unión Europea para hablar de amenazas híbridas en sus fronteras exteriores.
La elección de los destinatarios de la carta tampoco resulta irrelevante. Que el argumentario marroquí llegase a representantes de PSOE, PNV y ERC y no, según las consultas realizadas hasta el momento, a PP o Vox revela al menos una selección política de interlocutores. Sin conocer los criterios utilizados por la misión diplomática, no puede determinarse qué buscaba exactamente Rabat con esa distribución, pero difícilmente puede considerarse una comunicación indiscriminada a la delegación española.
Marruecos entra así directamente en una discusión europea en la que también se juega su relación futura con Bruselas. Y lo hace utilizando un argumento que pretende trasladar la carga de la prueba hacia quienes sospechan de su actuación: si la cooperación con España y la UE beneficia estratégicamente al Reino, ¿por qué iba Rabat a ponerla deliberadamente en peligro?
La pregunta tiene lógica diplomática, pero no resuelve por sí sola qué ocurrió durante aquellas horas. Los Estados pueden tener intereses contradictorios, cometer errores de cálculo o gestionar de forma diferente una crisis sin necesidad de haberla diseñado previamente. Por eso conviene mantener separadas las tres cuestiones que el debate político tiende a mezclar, qué provocó la movilización, cuál fue la actuación concreta de las autoridades marroquíes durante las primeras horas y si existió una decisión política de utilizar la presión migratoria contra España.
Sobre la primera existen indicios relevantes acerca de las convocatorias y la desinformación difundidas por redes sociales. Sobre la segunda hay documentación española y declaraciones públicas que describen una respuesta marroquí inicialmente insuficiente y posteriormente mucho más activa. Sobre la tercera, con la información pública disponible, no existe una prueba concluyente que permita presentar como hecho acreditado una operación ordenada por Rabat.
Eso no ha impedido que Ceuta se convierta en una nueva prueba de resistencia para una relación extraordinariamente compleja. España necesita a Marruecos para controlar una de las fronteras migratorias más sensibles de Europa y Marruecos necesita a España y a la Unión Europea como socios económicos, políticos y estratégicos. Esa interdependencia explica tanto la cautela del Gobierno español como la contundencia con la que Rabat intenta impedir que la sospecha sobre su comportamiento encuentre acomodo institucional en Bruselas.
La carta enviada a los eurodiputados forma parte de ese esfuerzo. Marruecos no puede decidir qué conclusión alcanzará el Parlamento Europeo sobre Ceuta, pero ha procurado que, antes de votar, una parte de sus miembros tenga sobre la mesa la versión de Rabat.
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