El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado presentar su dimisión por las actuaciones policiales registradas durante la huelga general del 11 de noviembre, aunque ha reconocido que algunas de las intervenciones de los agentes plantean serias dudas sobre el respeto al principio de proporcionalidad. Por este motivo, ha ordenado una investigación específica para determinar qué ocurrió y si las actuaciones estuvieron justificadas.
Marlaska ha abordado la polémica durante el acto de apertura de la campaña electoral del 29N, donde ha reconocido que determinadas imágenes de las cargas policiales resultan difíciles de conciliar con los criterios que deben regir el uso de la fuerza.
"Ayer hubo alguna de las actuaciones que a primera vista no gustan y no se concilian muy bien con los principios de proporcionalidad", ha afirmado el ministro, que ha confirmado la apertura inmediata de una investigación.
La decisión llega después de una jornada de movilizaciones que, según el balance facilitado por el Ministerio del Interior, dejó 1.144 incidencias y 47 detenciones practicadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El derecho a manifestarse exige garantías
El responsable de Interior ha defendido la profesionalidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ha insistido en que ninguna intervención policial puede quedar al margen de los principios de necesidad y proporcionalidad.
La cuestión no es menor. El derecho de huelga y la libertad de manifestación constituyen pilares fundamentales de cualquier democracia, y su ejercicio debe estar protegido incluso en situaciones de elevada tensión social.
La utilización de la fuerza por parte de los agentes está sometida a límites legales precisos. Su intervención debe responder a circunstancias concretas y justificadas, sin que el mantenimiento del orden público pueda convertirse en una excusa para restringir injustificadamente derechos fundamentales.
Marlaska ha asegurado que de la investigación se extraerán conclusiones y, en su caso, se adoptarán las decisiones correspondientes. Su compromiso abre la puerta a esclarecer posibles excesos, aunque será el resultado de las pesquisas el que permita determinar si existieron actuaciones contrarias a la normativa.
El ministro ha querido distinguir entre el respaldo institucional a los cuerpos policiales y la obligación de fiscalizar sus intervenciones. Ha reivindicado la trayectoria de la Policía Nacional y la Guardia Civil en grandes acontecimientos internacionales, pero ha dejado claro que defender a los agentes no significa justificar cualquier actuación.
Marlaska rechaza asumir responsabilidades políticas por las cargas
Preguntado directamente por una posible dimisión, el titular de Interior ha descartado abandonar el Gobierno. "No tengo ninguna razón para una dimisión", ha respondido, antes de explicar que su responsabilidad consiste en garantizar tanto el trabajo de las fuerzas de seguridad como el ejercicio efectivo de los derechos ciudadanos.
Su posición sitúa el debate en la necesidad de investigar los hechos antes de establecer responsabilidades. Sin embargo, la credibilidad de la respuesta institucional dependerá de que las investigaciones sean rigurosas y tengan consecuencias si se confirman actuaciones desproporcionadas.
La defensa del orden público y la protección de las libertades no deberían entenderse como objetivos enfrentados. Precisamente, la legitimidad de las instituciones democráticas descansa en su capacidad para garantizar ambos principios.
El CIS refuerza las expectativas electorales del PSOE
Durante su comparecencia, Marlaska también se ha pronunciado sobre la macroencuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas para las elecciones del 29 de noviembre.
El sondeo concede al PSOE un 33,3% de los votos y una estimación de entre 134 y 143 escaños, con una suma de PP y Vox que quedaría lejos de alcanzar la mayoría absoluta.
El ministro ha asegurado que estos resultados no le sorprenden y los ha relacionado con las transformaciones económicas y sociales impulsadas desde la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en junio de 2018. Entre los avances destacados ha mencionado el incremento del salario mínimo interprofesional, la equiparación de los permisos de maternidad y paternidad y el crecimiento de la economía española respecto a la media europea.
Para Marlaska, estos indicadores ayudan a explicar el respaldo electoral que recoge la encuesta. Una interpretación que refleja la confianza del PSOE en que las políticas sociales y económicas desarrolladas durante estos años continúen teniendo reconocimiento entre los ciudadanos.
La polémica por las cargas policiales introduce, no obstante, una cuestión que trasciende cualquier cálculo electoral. Investigar los posibles abusos y garantizar el derecho a la protesta es una exigencia democrática, con independencia del partido que ocupe el Gobierno.
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