Las palabras de Alfonso Fernández Mañueco en Zamora, presentando al PSOE y Vox como dos fuerzas que actúan coordinadas contra él, no describen la realidad parlamentaria. Funcionan como maniobra: desplazar la atención desde el deterioro de su propio espacio político hacia un enemigo externo y simultáneo. Lo llamativo no es la acusación, sino que provenga de quien pactó, gobernó y legisló con Vox hasta que la ruptura le resultó políticamente ventajosa.
Un pacto que no fue una anomalía, sino una decisión estratégica
Conviene recordar cómo empezó todo. La convocatoria anticipada de elecciones en Castilla y León no respondió a ninguna necesidad institucional urgente; fue un movimiento calculado para reforzar posiciones internas dentro del PP y competir por la centralidad del relato conservador en un momento en que el liderazgo estatal del partido aún se estaba recomponiendo. El resultado electoral no dio a Mañueco lo que buscaba y, para sostenerse, eligió la vía más directa y menos disimulada: firmó con Vox.
A cambio de la investidura, Vox obtuvo la vicepresidencia, varias consejerías de peso y la presidencia de las Cortes. No fue una adhesión simbólica ni decorativa: se tradujo en decisiones administrativas que afectaron a educación, cultura, sanidad y políticas de igualdad, donde la orientación ideológica fue explícita y sin matices. Ese pacto, presentado entonces por la dirección nacional del PP como ejercicio de “normalidad institucional”, sentó precedente para gobiernos posteriores y abrió definitivamente la puerta a la entrada estable de la extrema derecha en estructuras de poder territorial.
Feijóo no solo avaló aquel acuerdo, sino que lo defendió en público como prueba de que el PP podía “ensamblar mayorías” allí donde el “bloque de izquierdas” era insuficiente. La narrativa era simple: gobernar era lo importante; con quién, una cuestión menor.
La ruptura no borró lo que ya había sido desplazado
El final del pacto tampoco fue un episodio de dignidad institucional o recuperación de límites democráticos. Cuando Vox decidió romper en 2024, lo hizo para consolidar su propio perfil nacional mediante la confrontación en torno a la acogida de menores migrantes. La decisión no nació de un desacuerdo de fondo en políticas estructurales, sino del cálculo sobre qué conflicto movilizaba mejor a sus bases. El PP, por su parte, optó por presentarse como víctima de una ruptura caprichosa, como si no hubiera participado de la construcción del marco que permitió a Vox actuar de ese modo.
Desde entonces, Mañueco intenta reescribir el relato: presentar a Vox y al PSOE como polos equivalentes en su contra, situarse él mismo como garante de la gestión responsable y reducir su pacto anterior a un episodio ya superado. Pero lo que se normaliza durante el ejercicio de gobierno no se deshace después: el desplazamiento del debate público hacia la identidad, la securitización de la política social y la marginación de las políticas de igualdad no desaparecen con una rueda de prensa.