Cuando Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), advierte de que un modelo de financiación “singular” no basta para negociar los presupuestos catalanes y estatales, no está elevando el listón por capricho. Está delimitando, con precisión estratégica, el terreno en el que se juega hoy la relación entre Cataluña y el Estado: el control efectivo de los ingresos, no solo su redistribución.
El mensaje es claro. Sin avances tangibles en la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat, ERC no se sentará a hablar de presupuestos ni con el Gobierno de Pedro Sánchez ni con el ejecutivo catalán de Salvador Illa. La financiación es necesaria, pero insuficiente. Lo decisivo es quién cobra, quién gestiona y, en última instancia, quién ejerce poder fiscal.
Más que un modelo “singular”
Las negociaciones sobre un nuevo sistema de financiación autonómica llevan años atrapadas en un bucle político. Cataluña, como otras comunidades, denuncia un sistema que considera injusto; el Estado promete reformas que rara vez llegan. La novedad ahora es el enfoque de ERC: el partido no se conforma con una mejora técnica del modelo, sino que exige un salto cualitativo.
Junqueras reconoce, en una entrevista concedida a la Agencia EFE, “avances” en la negociación, pero insiste en que el acuerdo solo será creíble si incluye la recaudación del IRPF, una pieza central del pacto de investidura con los socialistas. En términos prácticos, se trata de habilitar a la Agencia Tributaria de Cataluña para recaudar uno de los principales impuestos del sistema, una reivindicación que acerca a Cataluña —sin decirlo explícitamente— a un esquema cuasi confederal.
El calendario como arma política
Enero aparece como el mes clave. ERC y el gobierno de Illa coinciden en que ese es el plazo razonable para cerrar un acuerdo que debería formalizarse en un Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsiblemente a comienzos de 2026. Junqueras evita hablar de recta final, pero lanza una advertencia poco habitual en la retórica negociadora: prolongar indefinidamente el proceso sería “poco responsable”.
El mensaje va dirigido tanto a Madrid como a Barcelona. Para ERC, el coste político de la dilación no lo paga el partido, sino la “sociedad catalana”. En ese marco, la financiación debe respetar el principio de ordinalidad —que Cataluña no pierda posiciones relativas tras la redistribución—, una vieja exigencia que sigue sin resolverse.
El IRPF como línea roja
La advertencia más explícita llega cuando Junqueras vincula directamente la recaudación del IRPF con los presupuestos: si el IRPF se retrasa, los presupuestos también. Es una fórmula de presión clásica, pero aplicada a un contexto delicado. El PSOE, según Junqueras, prefiere negociar primero el modelo y dejar para después la recaudación. ERC desconfía de ese orden: teme que, una vez aprobados los presupuestos, el incentivo para cumplir el resto de compromisos se diluya.
No es casual que ERC registrara en septiembre una proposición de ley para reformar la LOFCA, la ley de financiación autonómica y la de cesión de tributos, con el fin de habilitar la recaudación del IRPF por parte de Cataluña. Tampoco lo es que haya aplazado su tramitación hasta 2026 para no “distorsionar” las negociaciones. El gesto sugiere voluntad de acuerdo, pero también una amenaza latente.
Confianza erosionada
El trasfondo del discurso de Junqueras es una crisis de confianza con el PSOE. El líder republicano recuerda los cambios de posición de los socialistas (promesas cumplidas, incumplidas y reinterpretadas) y deja claro que ERC no piensa ceder sin garantías. “Quien tiene que demostrar que quiere presupuestos es el Partido Socialista”, insiste.
La afirmación encierra una inversión del relato habitual. No es ERC quien bloquea, sino el PSOE quien debe probar su compromiso cumpliendo lo pactado. En esa lógica, la persistencia republicana se presenta no como obstinación, sino como una estrategia a largo plazo para arrancar al Estado concesiones estructurales.
El trasfondo estratégico
Más allá de la coyuntura presupuestaria, el pulso sobre el IRPF revela una ambición más profunda. Para ERC, el debate no es solo financiero, sino político-institucional: avanzar hacia un mayor grado de soberanía fiscal sin reabrir formalmente el conflicto independentista. Para el PSOE, el riesgo es doble: ceder demasiado puede provocar resistencias territoriales; ceder poco puede dejarlo sin socios parlamentarios.
Como suele ocurrir en la política española, el acuerdo, si llega, probablemente será ambiguo y gradual. Pero la advertencia de Junqueras marca un punto de inflexión. En Cataluña, los presupuestos ya no se compran con promesas de reforma futura. Se pagan con poder fiscal real.