Hay nombres que regresan no por casualidad, sino porque el tiempo, que todo lo coloca, termina por reunir en una misma escena decisiones que parecían inconexas. Lourdes Platero, la magistrada que en su día frenó la exhumación de Timoteo Mendieta, se sienta ahora ante otro caso de alta exposición pública, el del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, y en ese cruce de historias la pregunta ya no es solo jurídica, sino también moral.
En 2014, cuando la familia de Timoteo Mendieta pedía algo tan elemental como recuperar los restos de un padre fusilado y arrojado a una fosa común, el juzgado decidió que no era posible.
No porque no existiera la fosa, no porque faltara voluntad familiar, sino porque se consideró que no había certeza suficiente, que la localización era dudosa, que los datos no eran concluyentes, una acumulación de reservas que, en lugar de abrir una vía de investigación, sirvió para cerrarla. La resolución, redactada con ese tono administrativo que parece querer protegerse de cualquier emoción, dejaba sin efecto la exhumación al no poder determinar con exactitud dónde se encontraba el cuerpo, como si la precisión absoluta fuera una condición imprescindible para empezar a buscar, y ahí terminó la intervención judicial, pero no la historia.
Porque donde la justicia decidió detenerse, apareció la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que hizo lo que tantas veces ha tenido que hacer: ocupar el espacio que las instituciones dejaban vacío. Sin grandes recursos, sin el respaldo de quienes tenían la responsabilidad de actuar, pero con una determinación que no dependía de interpretaciones restrictivas, la ARMH excavó, buscó y encontró. Primero una fosa con 22 republicanos asesinados por el franquismo, después, en 2017, los restos de Timoteo Mendieta. Estaban allí, siempre lo estuvieron.
Y esa evidencia, tan simple y tan rotunda, convierte aquella decisión judicial en algo más que un error de cálculo, la convierte en un símbolo de una forma de actuar que ha marcado durante años la relación entre la justicia española y la memoria democrática, una relación hecha de distancias, de cautelas excesivas y, en demasiadas ocasiones, de una resistencia evidente a intervenir.
Lo que estaba en juego no era solo un cuerpo. Era una forma de entender la justicia.
Porque cuando una institución llamada a garantizar derechos básicos se ampara en la duda para no actuar, lo que está haciendo, en la práctica, es desplazar la carga hacia quienes menos pueden sostenerla, obligando a las familias y a asociaciones como la ARMH a asumir una tarea que debería ser pública.
Y ahora, años después, el nombre de Lourdes Platero vuelve a situarse en el centro, esta vez en un contexto muy distinto, pero igualmente cargado de implicaciones. Será ella quien juzgue a Alberto González Amador por un presunto delito de fraude fiscal, un caso que, por su proximidad al poder político madrileño, se mueve bajo una atención mediática y social constante.
El contraste es inevitable. Entonces, una fosa. Hoy, un procedimiento por fraude.
Entonces, la duda como argumento.Ahora, la mirada puesta en cómo se aplicará la ley en un caso que afecta al entorno más cercano de una de las figuras políticas más relevantes del país.
No se trata de establecer paralelismos forzados, pero sí de reconocer que las trayectorias pesan, que las decisiones dejan huella y que, en determinados momentos, esa huella reaparece para recordar que la justicia no es un ejercicio abstracto, sino una práctica concreta que se materializa en resoluciones que afectan a vidas muy distintas. La memoria, en este caso, funciona como un espejo molesto.
Porque frente a la precisión que se exige en algunos procesos, cabe preguntarse por la flexibilidad que se aplicó en otros, por esa facilidad con la que se consideró imposible lo que después resultó evidente, por esa prudencia que, lejos de proteger derechos, terminó retrasándolos durante años.
Mientras tanto, la ARMH sigue haciendo su trabajo, ese trabajo silencioso y obstinado de devolver nombres a quienes fueron borrados, de abrir la tierra donde otros no quisieron mirar, de sostener una memoria que, sin ese esfuerzo, seguiría enterrada bajo capas de indiferencia institucional.
Y en medio de todo esto, la figura de la jueza aparece atravesada por dos momentos que no pueden leerse de forma aislada, porque en ambos casos lo que está en juego es, en última instancia, la misma cuestión: hasta qué punto la justicia está dispuesta a actuar cuando hacerlo implica incomodar, remover o enfrentarse a lo que algunos preferirían no ver.
El tiempo dirá cómo se resuelve el nuevo caso, pero el pasado ya ha dejado su respuesta.