Muchas veces las historias trascienden los hechos que las originan. Lo que ocurre en torno a Carlos Quinteiro no trata únicamente sobre unos carteles, una denuncia y una vista judicial. El caso abre una discusión mucho más amplia sobre cómo reacciona el poder cuando es cuestionado y sobre las explicaciones que siguen pendientes cuando quienes gestionan las instituciones se ven envueltos en polémicas de evidente interés público.
Mientras Quinteiro responde ante la Justicia por unos mensajes críticos cuya autoría niega, continúan sin disiparse las dudas sobre la actuación de quien dirigía el Urbanismo municipal mientras mantenía intereses empresariales en el sector de la construcción. Son dos procedimientos distintos, con naturalezas diferentes, pero cuya coincidencia resulta inevitablemente llamativa.
La fotografía política es difícil de ignorar: un vecino se sienta ante el juez mientras las explicaciones sobre la gestión de Urbanismo siguen sin completarse.
Una acusación apoyada en una identificación discutida
La causa contra Quinteiro se sustenta en un atestado de la Guardia Civil que recoge declaraciones de testigos y una diligencia de reconocimiento fotográfico. Una mujer identificó al presidente de Séptima Onda entre varias imágenes, aunque la defensa sostiene que existen contradicciones sobre las fechas, la descripción física de la persona observada y las circunstancias en las que se produjo esa identificación. La situación se ve además condicionada por un segundo elemento relevante. Otro de los testigos no reconoció a Quinteiro como la persona que colocaba los carteles, aunque manifestó conocerlo o relacionarlo con quien había visto en la zona.
La defensa sostiene que esos elementos no permiten atribuirle los hechos con la solidez necesaria para sostener una condena y ha solicitado el archivo de la causa. Será el juzgado quien determine la consistencia de los testimonios, el valor probatorio de las identificaciones y la suficiencia de los indicios existentes.
Pero hay una cuestión previa que no conviene perder de vista, y es que la acusación debe demostrar la participación del investigado en los hechos denunciados. La presunción de inocencia no obliga a un ciudadano a probar que no colocó unos carteles, obliga a quien acusa a acreditar que efectivamente lo hizo.
La defensa también señala que una de las testigos es madre de un concejal del Partido Popular. Ese parentesco no invalida automáticamente una declaración ni permite prejuzgar su contenido, pero sí constituye una circunstancia que podrá ser valorada en relación con su credibilidad y contexto.
El caso que sigue persiguiendo a Urbanismo
La situación de José Ángel Bahamonde discurre por una vía completamente distinta. El antiguo responsable de Urbanismo mantenía una participación del 50% en Encaixa Modular, empresa dedicada al sector de la construcción que desarrolló apartamentos turísticos en el municipio. La información salió a la luz después de que trascendiera públicamente la existencia de esa vinculación empresarial. Al día siguiente, Bahamonde comunicó formalmente la actividad al Ayuntamiento.
Más allá de cuál pueda ser el resultado judicial de la investigación, la cuestión política sigue abierta. Durante meses, quien ocupaba la máxima responsabilidad política en Urbanismo mantenía simultáneamente intereses empresariales en una constructora con actividad en el mismo municipio. Ese es el núcleo de una polémica que sigue sin recibir una explicación suficientemente convincente para la oposición municipal y para una gran parte de la ciudadanía. Un informe de la Secretaría municipal advirtió de una posible incompatibilidad entre el cargo público y la actividad privada. Posteriormente se abrieron diligencias judiciales para determinar si existió alguna actuación contraria a la legalidad.
Bahamonde, por su parte, ha defendido que nunca intervino en expedientes relacionados con su empresa y sostiene que los trámites fueron gestionados mediante una entidad certificadora externa, sin participación política en la concesión de licencias.
El alcalde retiró Urbanismo, pero mantuvo al edil
Cuando la actividad empresarial se hizo pública, el alcalde Jesús Vázquez Almuiña solicitó informes y acabó retirando a Bahamonde las competencias de Urbanismo, Patrimonio y Vivienda, además de la dedicación exclusiva, sin embargo, optó por mantenerlo dentro del gobierno local al frente de otras áreas. La decisión sigue planteando una contradicción política difícil de soslayar. Si la situación justificaba apartarlo de Urbanismo, ¿por qué no justificaba su salida del ejecutivo municipal?
La pregunta continúa vigente porque afecta directamente a la valoración política de lo ocurrido. El propio alcalde deberá explicar cuándo tuvo conocimiento de la actividad empresarial de su concejal, qué controles existían para detectar posibles incompatibilidades y qué medidas se adoptaron mientras ambas responsabilidades coexistieron.
El PP cerró la puerta a una comisión de investigación
La oposición municipal intentó arrojar luz sobre estas cuestiones promoviendo un pleno extraordinario para crear una comisión de investigación. PSOE y BNG defendieron la necesidad de aclarar desde el propio Ayuntamiento todo lo relacionado con la actividad empresarial del entonces responsable de Urbanismo. La iniciativa fue rechazada por la mayoría absoluta del Partido Popular.
El gobierno municipal argumentó que ya se habían adoptado medidas preventivas, que los informes técnicos estaban a disposición de la oposición y que debía respetarse la presunción de inocencia. Son argumentos legítimos dentro del debate político. Lo que no resuelven, sin embargo, es la pregunta de fondo. La comisión no estaba llamada a condenar a nadie. Estaba concebida para investigar y esclarecer. Y el PP decidió impedir su creación, esa decisión no demuestra por sí misma irregularidad alguna, pero sí constituye un hecho político relevante que forma parte inseparable de esta historia.
La Justicia no sustituye la responsabilidad política
El portavoz socialista, Carlos Gómez, ha insistido en varias ocasiones en que la responsabilidad judicial y la responsabilidad política no son conceptos equivalentes. El BNG ha mantenido una posición similar, reclamando explicaciones sobre la gestión de las incompatibilidades y sobre el conocimiento que tenía el gobierno local de la actividad empresarial de Bahamonde, se trata de una cuestión básica en cualquier sistema democrático.
Los jueces determinan si existen delitos y la responsabilidad política responde a otra lógica. Tiene que ver con las decisiones adoptadas, los controles establecidos y la transparencia ofrecida a los ciudadanos y por ese motivo, el cierre de una investigación judicial o incluso una eventual ausencia de condena no resolverían automáticamente todos los interrogantes políticos planteados por este asunto.
La crítica al poder también merece protección
Los carteles que dieron origen a la denuncia contenían mensajes contra la especulación inmobiliaria y expresiones críticas dirigidas a responsables del PP. Entre ellas aparecía la fórmula «Estafa popular», una expresión cuyo encaje jurídico debe analizarse en el contexto del debate político en el que fue utilizada.
La jurisprudencia europea viene sosteniendo desde hace décadas que los cargos públicos están expuestos a un mayor nivel de crítica que los ciudadanos particulares. La libertad de expresión ampara opiniones incómodas, molestas e incluso especialmente severas cuando forman parte del debate público, aunque no protege acusaciones falsas ni ataques personales desvinculados del interés general. Un concejal y un alcalde tienen derecho a defender su honor, lo que no pueden pretender es quedar al margen de la crítica política por el simple hecho de que esta resulte incómoda. Y pocas cuestiones afectan más directamente al interés general que la gestión urbanística, las posibles incompatibilidades y el uso del poder público.
Mucho más que un conflicto local
La trayectoria de Quinteiro al frente de Séptima Onda o las polémicas previas con el Ayuntamiento no demuestran su inocencia ni su culpabilidad en esta causa. Del mismo modo, la investigación judicial sobre Bahamonde no equivale a una condena y precisamente por eso resulta imprescindible mantener separados los hechos probados de las sospechas, las responsabilidades penales de las políticas y las decisiones judiciales de las valoraciones públicas.
Lo que sí parece indiscutible es que las explicaciones pendientes siguen ahí.
El PP continúa teniendo que aclarar por qué la actividad empresarial de Bahamonde afloró públicamente de la forma en que lo hizo, qué mecanismos funcionaron para controlar posibles incompatibilidades y por qué se rechazó una comisión destinada a examinar lo ocurrido. Los tribunales decidirán sobre los hechos que tienen ante sí. Pero las preguntas sobre el ejercicio del poder no se responden en un juzgado.
Un vecino se sienta hoy ante el juez. Las explicaciones sobre Urbanismo, mientras tanto, siguen pendientes.
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